Desde el inicio de la pandemia por Covid-19, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) empezó a restringir silenciosamente la concesión de subsidios por enfermedad o incapacidad temporal. La medida, que inicialmente se justificó como una respuesta de emergencia ante la saturación del sistema, se mantuvo como una política permanente de contención del gasto en los últimos cinco años.
De acuerdo con un análisis de los anuarios estadísticos oficiales del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), entre 2019 y 2023 se registró una reducción sostenida en los subsidios por enfermedad o incapacidad temporal. El número de asegurados beneficiarios pasó de 218 981 en 2019, a 203 457 en 2023, una disminución del 7.1%.
En el mismo período, los días subsidiados cayeron de 4 millones a 3.2 millones, una reducción del 20%. Esta tendencia también afectó el promedio de días subsidiados por persona, que bajó de 18.3 en 2019 a 15.7 en 2023, reflejando una contracción de 2.6 días menos por asegurado.
Las cifras oficiales indican que, en 2019, esta institución destinó 918.4 millones de córdobas para cubrir los subsidios por enfermedad e incapacidad. A partir de entonces, el gasto fue disminuyendo cada año, hasta llegar a su punto más bajo en 2022, con 723.6 millones de córdobas.
En 2023 se registró un ligero aumento, con 906 millones asignados, pero aún por debajo del monto de 2019. En total, eso representa una reducción de 12.4 millones de córdobas en comparación con el inicio del período analizado.
Hasta noviembre de 2025, el INSS no ha publicado el anuario estadístico correspondiente a 2024, pese a que solía divulgar estos informes el primer trimestre de cada año. Esta omisión, que es parte de una política de opacidad del régimen, limita el acceso a información actualizada sobre la evolución más reciente de los subsidios por enfermedad o incapacidad temporal, así como otros indicadores clave del sistema de seguridad social.
Menos subsidios y atención médica: la orden del INSS tras pandemia
Gonzalo, un médico que labora en el Hospital Escuela Carlos Roberto Huembes de la Policía, consultado por DIVERGENTES bajo anonimato, afirma que esta disminución sostenida refleja una política de recorte que comenzó durante la pandemia, y que el INSS ha mantenido durante los últimos cinco años.
El especialista relata que desde 2020 recibieron instrucciones precisas para restringir los subsidios únicamente a casos “estrictamente necesarios”. La orden, transmitida mediante una circular interna, también prohibía entregar al paciente la hoja física del subsidio. En su lugar, la clínica debía enviarla directamente al empleador, muchas veces registrando un diagnóstico distinto al de Covid-19, incluso cuando ese era el verdadero motivo de la incapacidad.
“Nos indicaron que no podíamos registrar el Covid como diagnóstico en las incapacidades, aunque el paciente tuviera confirmación clínica o prueba positiva. La instrucción era usar otro código, como infección respiratoria o neumonía, y enviar el subsidio directamente al empleador. El objetivo era evitar que se acumularan demasiados días de subsidio y, al mismo tiempo, no aumentar las cifras oficiales de contagios, porque el Gobierno no quería que esos casos se reportaran”, detalló Gonzalo.
Subsidios se convirtieron en sinónimos de problemas
El doctor asegura que, desde entonces, otorgar subsidios se convirtió en un motivo de advertencias internas y control estricto. “Por ejemplo, si en un día doy más de cinco subsidios que superan los diez días cada uno, me llaman la atención. Aún cuando los casos están justificados clínicamente. Lo ideal es un sólo un subsidio por día o ninguno”, asegura.
El médico explica que la restricción en la entrega de subsidios forma parte de una política más amplia que afecta directamente la atención de los asegurados y sobrecarga al personal de salud. De acuerdo con su testimonio, las órdenes administrativas no sólo limitan los derechos laborales de los pacientes, sino que también condicionan las prácticas médicas cotidianas bajo criterios de austeridad.
“En mi caso y el de muchos colegas, debo atender a 25 pacientes en mi turno de cinco horas. Eso me deja unos 12 minutos por persona, tiempo insuficiente para hacer una revisión completa. Además, nos exigen recetar la menor cantidad posible de medicinas y no sugerir alternativas de mayor calidad, aunque el paciente pudiera comprarlas por su cuenta. La idea es que la gente se limite a lo que haya en el seguro social”, afirma.
Este control no solo se refleja en las restricciones médicas, sino también en cómo los trabajadores viven su subsidio en la práctica. Laura, una trabajadora de una institución pública, consultada por DIVERGENTES bajo condición de anonimato, relata que ni siquiera durante su período de maternidad pudo ejercer plenamente su derecho al subsidio.
Aunque contaba con incapacidad médica otorgada por el INSS, su jefa directa le pedía que atendiera gestiones laborales desde su casa. “El mismo día que di a luz me escribieron para pedirme que resolviera un asunto pendiente. Y durante las seis semanas posteriores seguí respondiendo mensajes, haciendo llamadas y coordinando tareas, como si estuviera en jornada laboral. Técnicamente estaba de reposo, pero en la práctica nunca dejé de trabajar”, denunció.
INSS reduce consultas médicas, pese a registrar más asegurados
Aunque la atención y los subsidios han disminuido, el número de asegurados activos no ha seguido esa misma tendencia. Entre 2019 y 2023, la cantidad de personas afiliadas activamente al INSS se mantuvo relativamente estable, con ligeros incrementos en algunos años. En 2019, el sistema contaba con 961 365 asegurados activos. Para 2023, la cifra alcanzó los 988 767, lo que representa un aumento del 2.8% en cinco años.
Además de la reducción en los subsidios por enfermedad o incapacidad temporal, el número de consultas médicas atendidas por el INSS también muestra una tendencia a la baja en los últimos cinco años. Según los anuarios estadísticos oficiales, en 2019 se realizaron 3.4 millones de consultas médicas generales y especializadas en las unidades del INSS. Para 2023, esta cifra había descendido a 2.7 millones, lo que representa una disminución del 20.2% en el volumen de atención brindada.
!function(e,n,i,s){var d=”InfogramEmbeds”;var o=e.getElementsByTagName(n)[0];if(window[d]&&window[d].initialized)window[d].process&&window[d].process();else if(!e.getElementById(i)){var r=e.createElement(n);r.async=1,r.id=i,r.src=s,o.parentNode.insertBefore(r,o)}}(document,”script”,”infogram-async”,”https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js”);El retroceso es constante y coincide con la implementación de políticas internas de contención del gasto. En 2020, durante el inicio de la pandemia, el número de consultas bajó a 2.9 millones. En 2021 y 2022 se mantuvo entre los 2.7 y 2.8 millones. Esta contracción de la cobertura ha ocurrido a pesar de que la cantidad de asegurados activos se ha mantenido relativamente estable.
El descenso en las atenciones también se refleja en las consultas odontológicas y de medicina preventiva. Por ejemplo, las consultas odontológicas pasaron de 280 155 en 2019 a 211 343 en 2023, una reducción del 24.6%. Las consultas de medicina preventiva, que incluyen tamizajes, chequeos y seguimiento de enfermedades crónicas, bajaron de 385 000 a 319 000 en ese mismo período.
Estas cifras muestran que la reducción del gasto no sólo ha impactado los subsidios por enfermedad, sino también el acceso a la atención médica oportuna. Las unidades del INSS están atendiendo a menos personas, lo que puede deberse tanto a una menor capacidad operativa como a las barreras administrativas impuestas desde el año 2020. En ambos casos, el efecto es menos cobertura para los asegurados y mayor carga para el personal de salud.
INSS en deterioro financiero y presión sobre trabajadores públicos
Para el economista Marco Aurelio Peña, la sostenibilidad financiera del INSS está cada vez más comprometida, y estas medidas restrictivas son apenas una muestra de su deterioro. “Mi hipótesis es que si tuviéramos acceso a encuestas de percepción sobre la calidad del servicio, veríamos con claridad que hay menos medicamentos por paciente, más tiempo de espera y una sustitución de fármacos de marca por genéricos más baratos. Las condiciones financieras del INSS ya no son las mismas”, advierte.
Peña sostiene que lo que antes requería una reforma legal y reglamentaria para sanear el sistema, hoy se resuelve mediante resoluciones administrativas que afectan directamente a los asegurados. “Lo que les importa es la sobrevivencia política del régimen, no la salud financiera ni social del sistema”, señala.
La política de control ha traspasado los límites del sistema de salud y alcanzado a los docentes públicos. En agosto de 2025, el Ministerio de Educación (MINED) informó a sus trabajadores que, en caso de incapacidad por enfermedad, serían ellos quienes deberían pagar a su reemplazo. Desde entonces, muchos maestros han optado por evitar consultas médicas, incluso en condiciones de salud precarias.
“Desde que dieron esa orientación, varios colegas prefieren ir a trabajar enfermos. Yo misma he dado clases con fiebre o sinusitis, porque no puedo asumir el costo de pagarle a una suplente”, dijo en condición de anonimato una docente de secundaria consultada por DIVERGENTES.
Recortes del INSS contradicen Ley de Seguridad Social
La Ley de Seguridad Social de Nicaragua establece que todo asegurado tiene derecho a subsidio económico en caso de incapacidad temporal por enfermedad o accidente común. El artículo 56 del Reglamento General de la Ley señala que el subsidio debe cubrir hasta el 60% del salario diario del asegurado, desde el cuarto día de incapacidad y por un período máximo de hasta 52 semanas, siempre que se presente la documentación médica correspondiente y el caso sea evaluado por los servicios de salud del INSS.
Sin embargo, el testimonio del médico citado en este reportaje refleja una práctica que contradice este marco legal. “El subsidio ya no responde a la condición real del paciente, sino a presiones internas por no generar costos al sistema. Aunque el paciente esté clínicamente incapacitado, si se considera que ‘no amerita’ muchos días, solo le autorizan tres o cinco”, explica el galeno. Esta política, advierte, va en contra del espíritu de la ley, que reconoce el derecho a una recuperación adecuada y sin presiones económicas para el trabajador asegurado.
Para el médico consultado por DIVERGENTES, lo más preocupante no es sólo la reducción de subsidios o consultas, sino cómo estas decisiones han alterado el sentido mismo de la atención médica. “Ya no se trata de curar, sino de gastar lo menos posible”, afirma. Su testimonio ilustra cómo el INSS ha sido transformado en una institución que antepone el control administrativo al bienestar de los pacientes.