El presidente del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua, Jan-Michael Simon, sostiene que uno de los hallazgos más reveladores del nuevo informe que presentaron este 10 de marzo en Ginebra no es solo que el régimen copresidencial financió la represión con fondos públicos, sino que Rosario Murillo intentó encubrir ese financiamiento mediante mecanismos contables dentro del propio Estado, en especial en las municipalidades.
“Cuando se encubre el financiamiento, tenés un indicador muy fuerte de que las operaciones también son encubiertas”, explica en esta entrevista con DIVERGENTES, al referirse al sistema creado por el aparato sandinista, en específico por Murillo, para ocultar el uso de recursos públicos en operaciones represivas que Naciones Unidas investiga.
La actualización del Informe del Grupo de Expertos documenta al menos 13 proyectos ficticios utilizados para desviar partidas públicas, un esquema que permitió financiar la llamada “Operación Limpieza” con alrededor de cinco millones de dólares en 2018.
Según Simon, el análisis de evidencia documental y presupuestos municipales permitió rastrear cómo esos fondos, que oficialmente figuraban como programas sociales, terminaron pagando la logística, el transporte y la alimentación de los grupos paramilitares desplegados para aplastar las protestas que pusieron en jaque en 2018 a un régimen señalado de perpetrar crímenes de lesa humanidad.
El informe documenta que fondos públicos asignados a asistencia social, proyectos municipales y gastos operativos fueron desviados para financiar operaciones represivas. ¿Cómo pudieron rastrear ustedes ese flujo de dinero y qué instituciones del Estado aparecen más involucradas en ese esquema?
Nosotros hemos tenido acceso a información digitalizada que proviene de adentro del sistema. Es una cantidad muy grande de prueba documental con fines de poder generar evidencia sobre la base de operaciones de contabilidad contextualizados por presupuestos e incluso los presupuestos municipales que nos han dado la pista. ¿Qué tipo de financiamiento ha sido desviado? ¿Por qué medios? Encontramos 13 casos muy concretos por medio de qué tipo de proveedores. Y lo que resalta acá es que en un caso, incluso, pudimos rastrear la información que indica que los proveedores e involucrados vienen del entorno familiar de la señora Murillo.
Sí, entiendo que es una empresa que proporcionaba alimentos a los paramilitares…
Así es.
Según el informe, la orden de desviar recursos públicos para financiar la represión en 2018 provino directamente de Rosario Murillo, entonces vicepresidenta. ¿Qué tipo de evidencia permitió al Grupo de Expertos establecer su papel en esa decisión?
Tenemos evidencia documental; incluso evidencia comunicacional que indica que la orden vino de la cúpula.
Y esa cúpula, según el informe, se entiende como Rosario Murillo, tomando en cuenta que el principal operador del esquema de desvíos de fondos es Fidel Moreno, mano fundamental de la copresidenta.
Sí, definitivamente ella manejando la estructura partidaria del Frente Sandinista y teniendo como encargado a Fidel Moreno. Y él utilizando la red de secretarios políticos a nivel de las municipalidades.
El informe describe la creación de una estructura paralela dentro del Frente Sandinista para canalizar fondos hacia operaciones represivas. ¿Cómo operaba esa red dirigida por operadores políticos como Fidel Moreno y qué papel sigue desempeñando hoy?
Obviamente no tenemos la información al día de hoy que te doy esta entrevista, sino más bien más bien al pasado reciente, porque todo indica que este está operando hasta el día de hoy, al menos en cuanto al financiamiento por medio de pagos que son obligados funcionarios públicos a aportar a los fondos del Frente Sandinista. La otra información que manejamos, sobre todo en el contexto de la Operación Limpieza, de cómo de una manera casi ad hoc se generó un sistema paralelo de financiamiento en donde se utilizaban rubros presupuestales, como de bonos de limpieza, incluso costos operacionales, como gasolina, etcétera para encubrir el desvío de los fondos para otros fines. Y esto es el financiamiento de las operaciones, en particular de la “Operación Limpieza”.
Casi cinco millones de dólares en ese caso particular, menciona el informe.
Justamente esa cifra. Cinco millones de dólares dedicados para la Operación Limpieza en los municipios. Es bastante cínico que este tipo de financiamiento social se utilice para estas operaciones represivas.
Ustedes mencionan un esquema de 13 proyectos municipales ficticios. Es un señalamiento bastante llamativo porque lo que el informe está diciendo es que, de alguna manera, se intentó encubrir la financiación de la represión a través de esta operación de desvío de dinero
Eso es lo llamativo de este informe. Es decir, nosotros sí estamos acostumbrados a que se utilicen fondos públicos con fines represivos cuando se trata del aparato estatal. Pero a la hora que van encubriendo el financiamiento, tenés un indicador muy fuerte de que las operaciones también son operaciones encubiertas. Eso es justo lo que detallamos en nuestros informes anteriores y converge ahora con la información del encubrimiento de financiamiento… Que en el fondo se trata, legalmente hablando, de malversación de fondos públicos que en varios países como España, por ejemplo, son penalizados. Y lo más importante es, por más que haya proveedores de por medio del entorno familiar de la señora Murillo, el objetivo no es principalmente enriquecimiento propio, sino más bien el objetivo es encubrir el financiamiento de operaciones violentas.
Esto es bastante llamativo porque se conecta con algo que ustedes ya habían denunciado: el brazo extraterritorial de la represión. Ahora el informe describe una arquitectura transnacional de vigilancia que involucra al Ejército, la Policía, Telcor, el servicio diplomático y operadores del sandinismo, una estructura que también requiere financiamiento y que, según ustedes, se sostiene en este esquema. ¿Podría explicar un poco cómo funciona?
Tenemos es es mucha información a esta altura de cómo el brazo político, el brazo operacional del sistema de vigilancia y represión transnacional, funciona. Por un lado tenemos lo que describimos en el informe de septiembre del año pasado, que no es un informe dedicado a ese tema. Por eso ahora lo tenemos en este informe que te demuestra cómo funciona el brazo y el elemento militar en la represión. Lo que nos faltaba, y hemos podido llenar esas lagunas de información en el transcurso de los meses pasados, es ver cómo se instrumentaliza todos los entes del Estado para la represión. Igualmente el servicio exterior y diplomático se instrumentaliza y se da unas funciones que no son diplomáticas sino más bien tienen una función de inteligencia política para poder monitorear el exilio. Después identificar objetivos de represión y luego después el brazo operativo se dedica a implementar.
Ustedes señalan al actual canciller Valdrack Jaentschke como uno de los responsables de esa vigilancia. Ese periodo coincide con hechos graves en Costa Rica, como intentos de asesinato y el asesinato mismo del mayor en retiro Roberto Samcam. ¿Qué indicios han encontrado de que esas operaciones estén vinculadas a estructuras del régimen Ortega-Murillo?
Tenemos la información que hemos publicado en el informe pasado que indica elementos contextuales del aparato estatal. Si la hipótesis se concretiza —y eso es trabajo de la Fiscalía en Costa Rica— de que haya personas implicadas, directa o indirectamente, del entorno estructural de las instituciones, ya sea del Ejército a nivel operativo o diplomático, que esta operación haya sido una en la cual la cadena de mando que hemos identificado está implicada, es decir, es información y evidencia indirecta que se estaría manejando. Porque evidencia directa no hay en términos de responsabilidad individual, pero la información que hemos levantado sería lo suficiente para tener evidencia indirecta.
Ustedes también señalan que el régimen ha utilizado mecanismos internacionales, como las alertas de Interpol o acusaciones falsas de terrorismo, para perseguir opositores en el extranjero. ¿Qué riesgos implica la instrumentalización de estos mecanismos por parte del régimen?
El riesgo que eso implica es que los mecanismos de cooperación en materia judicial internacional se basan principalmente en la confianza que tenés entre los actores internacionales que intercambian información. En el momento que se empieza a instrumentalizar estos mecanismos, se empieza a sabotear la confianza en general que uno podría tener. Obviamente en estos sistemas, y muy en particular en cuanto a lo que trata de notificaciones de Nicaragua, se pierde completamente la confianza en la idoneidad de esas notificaciones.
Quisiera también aprovechar acá tu pregunta para ampliarlo un poco a mecanismos de control de lavado de activos. Como ustedes han notado, las últimas sanciones internacionales que se han emitido en el transcurso de las semanas pasadas han implicado al jefe, al director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y eso tiene una implicación muy seria en cuanto a la confianza que uno puede tener en materia de cooperación, en control de lavado de activos, al nodo principal en este sistema, que es la Unidad de Inteligencia Financiera entre los sistemas que son parte del GAFI. Y con esto en el fondo se va a perder no solamente la confianza en la idoneidad de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino el mercado financiero de Nicaragua, que tiene implicaciones mayores.
Frente a un régimen que ya no coopera con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, ¿qué opciones reales existen hoy para exigir rendición de cuentas por estos crímenes de lesa humanidad, incluso en los más altos niveles del poder de Ortega y Murillo?
En este momento los sistemas de rendición de cuentas llegan a las limitaciones territoriales de Nicaragua y, si queremos basar nuestras acciones de rendición de cuentas en el Estado de Derecho y el Derecho Internacional, es ahí que se encuentran sus límites. Pero el planteamiento con base en evidencia amplia de el Estado y sus estructuras involucradas y las personas implicadas en las violaciones de derechos humanos son como una especie de espada de Damocles sobre cualquier persona que esté implicada.
Y si bien los dos principales actores tienen una cierta edad, Ortega y Murillo, y posiblemente no serán puestos a la orden de la justicia por simplemente no sobrevivirlo debido a su edad biológica o una enfermedad que tengan, hay otras personas que son más jóvenes que sí pueden esperar que llegará el momento que se va a responsabilizar a ellos individualmente. Y hemos señalado 54 personas en nuestro listado. Pero obviamente en esta cadena de mando, ya llegando al nivel operativo, hay muchas más personas involucradas que por el simple hecho de estar en esa cadena de mando, de estar involucrados en los patrones de violencia que nosotros identificamos o van a ser llamados por la justicia en algún momento.La pregunta es: ¿van a querer continuar con sus actividades o van a mostrar voluntades de parar con esto?
El aporte del Grupo de Expertos ha sido clave para documentar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y para exponer a actores que no estaban en el radar, incluidas las 54 personas a las que ustedes han delimitado responsabilidades, así como el papel de instituciones como el Ejército. Pero al seguir sus informes también se percibe la preponderancia de Rosario Murillo al frente de esta represión. ¿Cómo describiría usted su papel desde 2018 hasta hoy en las violaciones que han documentado?
Bueno, su papel es de responsabilidad compartida en la más alta esfera del Estado. Tomando eso sí —y es muy importante decirlo—, un rol muy activo, y lo mencionamos al principio de nuestra entrevista: como brazo operativo de la estructura partidaria, en un sistema en donde el Estado es el partido, el partido del Estado es la familia y la familia es encabezada por la señora Murillo y el señor Ortega. Cuando ella tiene el control sobre la estructura partidaria, es lo mismo que su copresidente. Y cuando podemos identificar que la línea de mando proviene directamente de la estructura partidaria, ella tiene una responsabilidad preponderante. Depende un poco de qué tipo de violaciones, de qué fenómeno y en qué momento después de 2018 estamos enfocando.
Es lo que ustedes dicen en este último informe de la copresidenta. Básicamente, lo que uno intuye es que ella dio la orden de este sistema para financiar la represión y la vigilancia de exiliados de manera encubierta.
Así es. La orden la dio Rosario Murillo. Como ella maneja el aparato y maneja al principal operador del Frente Sandinista, que es Fidel Moreno a través de su relación, tiene para este tipo de violaciones y su financiamiento la responsabilidad predominante. No para todas, obviamente.