El Grupo de Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (ONU) sobre Nicaragua ha ahondado aún más en la arquitectura represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En una nueva actualización de su informe presentada este 10 de marzo, revela “el financiamiento corrupto de la represión y una red de espionaje contra exiliados”, ampliando las alertas que ya había lanzado en septiembre de 2025 sobre el “brazo largo” del régimen.
Durante una presentación del informe en Ginebra, Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos subrayó que “la represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua bajo el control de la familia Ortega-Murillo”. “La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie, absolutamente nadie, se interponga en el camino del régimen”.
Con base en decenas de entrevistas y una amplia evidencia documental, el los expertos documentaron cómo, desde 2018, fondos públicos han sido desviados para financiar la represión a través de la creación de una estructura paralela dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) bajo las órdenes de Rosario Murillo, diseñada para canalizar el financiamiento para operaciones de seguridad, grupos armados progubernamentales y actividades partidarias.
Algunos de los fondos gubernamentales destinados para asistencia social, proyectos de limpieza y gastos operativos fueron redirigidos para financiar operaciones de seguridad violentas, incluido el operativo represivo contra las protestas de 2018, conocido como la ‘Operación Limpieza’.
Por ejemplo, revela el informe, para sostener la ‘Operación Limpieza’ en junio de 2018, cuyo costo inicial calculan en 5 millones de dólares, el régimen instruyó a ministerios y alcaldías a saquear partidas públicas, como las de ‘asistencia social’. En departamentos como Managua, Masaya y Matagalpa se inventaron al menos 13 proyectos ficticios de “limpieza” o “ayuda humanitaria”.
Testigos confirmaron al Grupo de Expertos que ninguna de estas obras se realizó. En su lugar, el dinero, junto con los gastos operativos de combustible y viáticos, se usó para pagar la logística, el transporte y la comida de los grupos paramilitares.
Otro dato llamativo es que, incluso, en esa operación de desvío de fondos ha existido nepotismo y corrupción. El informe señala a una empresa ligada a un familiar de la Copresidenta Murillo como el principal proveedor de alimentos para suplir a la legión de paramilitares que, en la actualidad son más de 76 mil miembros.
Moreno, el principal operador
El principal operador de esta estructura paralela de desvío de fondos para la represión ha sido Fidel Moreno, mano derecha de la Copresidenta Rosario Murillo. Después de ordenar el “Vamos con todo” en 2018, el estado policial impuesto se ha fortalecido y en los últimos años el régimen ha centrado sus esfuerzos en acallar a los exiliados, especialmente en Costa Rica, donde en junio de 2025 fue asesinado el mayor en retiro Roberto Samcam.
El informe detalla que en la actualidad, Fidel Moreno coordina el encubrimiento del desvío de fondos junto a un equipo de extrema confianza integrado por expertos en auditoría y finanzas, miembros de alto nivel del Frente Sandinista y personal de la Alcaldía de Managua. Su función principal consiste en transmitir y supervisar el cumplimiento de las instrucciones dictadas por Murillo, para lo cual han establecido mecanismos contables diseñados específicamente “para ocultar la financiación de las actividades represivas”.
De acuerdo a los Expertos de la ONU, logran este encubrimiento integrando y maquillando estos gastos ilícitos dentro de los procesos oficiales de contabilidad y rendición de cuentas del Estado, operando bajo la responsabilidad de la secretaría de finanzas del partido. Paralelamente a este fraude financiero, “Moreno funge hoy como uno de los principales tomadores de decisiones en la red de vigilancia e inteligencia transnacional, siendo el encargado de definir los objetivos y las medidas de persecución contra los nicaragüenses en el extranjero, enviando órdenes directas a instituciones estatales, embajadas y estructuras del partido de gobierno para que ejecuten el acoso y la represión”.
El esquema también se financia con las “contribuciones obligatorias” (cuotas) impuestas a los empleados públicos, incluyendo a miembros del poder judicial. “Quienes se niegan, sufren represalias”, resalta el informe.
Las instituciones involucradas
El engranaje del desvío de fondos ha sido orquestado desde la más alta cúpula del poder y opera, según Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos, bajo la premisa de que “la represión en Nicaragua no es improvisada: está estructurada y financiada bajo un esquema de corrupción”.
Bajo la tutela de la Alcaldía de Managua de Moreno, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) funcionó como la correa de transmisión de las órdenes represivas hacia los gobiernos locales. La entonces Presidenta Ejecutiva de esa cartera, Guiomar Aminta Irías Torres, fue la encargada de transmitir la directriz de Moreno a las autoridades municipales, supervisando que el desvío de fondos se aplicara estrictamente en los municipios que estaban bajo el control del partido de gobierno.
La ejecución de los desvíos para financiar a los grupos armados y la ‘Operación Limpieza’, por ejemplo, se materializó a través de los presupuestos del Gobierno central asignados a municipios específicos en los departamentos de Carazo, Granada, Managua, Masaya y Matagalpa. Si bien el Grupo de Expertos menciona a otras seis instituciones, no las especifica para proteger a sus fuentes de información.
La red de inteligencia transnacional
El informe también detalla una extensa arquitectura transnacional de vigilancia e inteligencia utilizada para monitorear, intimidar y atacar a los cientos de miles de nicaragüenses que viven en el extranjero, advierte el Grupo de Expertos.
“El Gobierno ha privado arbitrariamente de su nacionalidad a 452 nicaragüenses, ha dejado a miles más de exiliados en situación de apatridia de facto al negarse a renovar o proporcionar documentos, y ha impedido a muchos regresar a Nicaragua”, reseñan. “Otras personas han enfrentado vigilancia, hostigamiento, campañas de difamación, uso indebido de mecanismos de INTERPOL, confiscación de propiedades y castigos por asociación contra familiares que se encuentran en el país”.
El informe documenta una estructura de inteligencia de múltiples niveles integrada por el Ejército de Nicaragua, la policía, autoridades migratorias, la entidad reguladora de las telecomunicaciones TELCOR, misiones diplomáticas y operadores del partido sandinista. “La vigilancia y el acoso digital, el hackeo y la divulgación de datos personales (doxing) han sido utilizados para silenciar a personas críticas”, resaltan.
El grupo señaló que el actual Coministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, mientras ocupaba importantes cargos diplomáticos en el exterior entre 2021 y 2023, formó parte de un grupo de alto nivel encargado de dirigir y coordinar acciones de represión transnacional en varios países. “Las estructuras diplomáticas y consulares han sido instrumentalizadas para rastrear, monitorear e intimidar a nicaragüenses en el exilio”, insistió por su parte Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos. “Se trata de una política deliberada para eliminar la disidencia dondequiera que se encuentre”.