Alexa ya no ve su futuro en Nicaragua. Tiene 18 años y con esfuerzo, logró ingresar a la carrera de Administración Turística y Hotelera en la Universidad Nacional Politécnica (UNP), antes conocida como UPOLI, uno de los centros de estudios superiores confiscados por el régimen tras convertirse en bastión de las protestas cívicas de 2018. Tan sólo dos meses después de iniciar sus clases, decidió abandonar la carrera y preparar su salida para estudiar en el exterior.
“La enseñanza era muy mala. Muchos maestros se fueron, otros fueron despedidos, y llegábamos a clases a simplemente esperar. En el aula había una bandera del partido sandinista. Y es duro estar en un lugar donde no podés expresarte con libertad”, cuenta Alexa. La frustración, acumulada día tras día, se transformó en una decisión definitiva: migrar en busca de una mejor oportunidad educativa.
Con recursos limitados, inició el trámite para apostillar su título de bachillerato y continuar su formación en Costa Rica. “Quiero estudiar en un sistema donde la educación tenga calidad, donde no se mezcle la política con el aprendizaje. Aquí (en Nicaragua) no me están dando las condiciones para crecer”, afirma.
Apostillar es un trámite oficial que certifica la autenticidad de un documento público para que tenga validez legal en el extranjero. Es el camino que siguen miles de jóvenes universitarios y recién graduados que ven en la apostilla no solo un sello oficial, sino una salida para huir de un país, en el cual el conocimiento ha sido desplazado por el adoctrinamiento ideológico del régimen sandinista, y en el que los títulos académicos han perdido valor porque el sistema educativo de Nicaragua ya no premia el mérito, sino la lealtad política.
Una generación obligada a irse
Aunque actualmente no se dispone de cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua sobre el número exacto de solicitudes de apostillas—como parte de la falta de transparencia e información oficial establecida en el país por el régimen sandinista— el aparente auge en estas gestiones consulares va más allá de un simple aumento en la demanda administrativa.
Para el académico nicaragüense y exrector universitario, Ernesto Medina, este fenómeno representa una señal preocupante, ya que el país está dejando ir a quienes deberían construir su futuro. A su juicio, esta nación no solo pierde talento joven, sino que expulsa al exilio a toda una generación de estudiantes y profesionales en formación.
“Es muy probable que este aumento en la solicitud de apostillas refleje la intención de muchos jóvenes de continuar su formación fuera de Nicaragua. Esto responde, sin duda, a lo que ha venido ocurriendo en el sistema universitario del país, especialmente desde 2018. El cierre arbitrario de universidades, bajo argumentos que la mayoría sabe que son falsos y motivados políticamente, tuvo como objetivo demostrar poder y controlar completamente la educación superior”, comenta el académico.
También afirma que el régimen sandinista desmanteló la autonomía universitaria a través de una estrategia de control político y financiero. La imposición de autoridades leales al poder y el uso del presupuesto como mecanismo de presión han vaciado las universidades de su misión esencial. “No se trata solo de un cambio de nombre en las instituciones, sino de un vaciamiento profundo de su misión”, advierte Medina.
Según explica, la calidad educativa, ya en retroceso desde hace años, se ha deteriorado aún más en los últimos cinco años. En este nuevo panorama, la universidad dejó de ser un espacio para pensar, cuestionar y construir conocimiento. A eso se suma la pérdida de profesores con formación internacional, investigadores con doctorados y visión crítica desplazados del sistema.
“Esa generación de profesionales formados en los años noventa y en las dos primeras décadas del siglo XXI prácticamente ha desaparecido del ámbito académico nacional. El daño causado es incalculable. Nicaragua está quedando fuera del radar científico global”, sentencia.
Educación superior en ruinas
El informe “El comprometido futuro de Nicaragua: Desafíos en la educación de las juventudes”, publicado en enero de 2025 por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), traza un panorama devastador del sistema educativo bajo el régimen de Ortega.
Desde 2021, 37 universidades y centros de educación superior han sido confiscados, una arremetida que ha afectado directamente a unos 40 000 estudiantes. Muchas de estas instituciones, antes reconocidas por su autonomía y calidad académica, fueron desmanteladas y convertidas en espacios de adoctrinamiento, profundizando la desconfianza e incertidumbre entre la juventud que busca formarse en el país.
El estudio también destaca la pérdida significativa de personal docente en el país. Entre 2020 y 2023, el sistema educativo nicaragüense perdió 2428 docentes, una reducción atribuida a factores como bajos salarios, condiciones laborales precarias y hostigamiento político dentro de los centros educativos. Esta disminución en el cuerpo docente ha impactado negativamente la calidad de la educación y ha limitado las oportunidades de formación para la juventud de esta nación.
Además, el CETCAM señala que el acceso a la educación superior pública se ha politizado, obligando a los estudiantes a enviar cartas oficiales a Daniel Ortega para solicitar becas, lo que evidencia un control estatal sobre el sistema educativo.
Estrategia para borrar filas
El diagnóstico de este organismo se refleja con claridad en la creciente demanda de apostillas académicas. Hasta mediados de abril de 2025, las afueras de la Cancillería eran un reflejo del éxodo. Se observaban filas interminables de jóvenes esperando para autenticar sus títulos, certificados y notas académicas.
Las imágenes circularon en redes sociales, pero el régimen reaccionó con rapidez al sustituir la atención presencial por una plataforma digital de citas diseñada para eliminar las aglomeraciones visibles y controlar el flujo de solicitantes. Una estrategia que ya había aplicado anteriormente en los trámites de Migración y Extranjería para ocultar la ola migratoria.
El nuevo sitio web disponible a partir del 16 de abril, permite registrarse, recibir un código de verificación y reservar una cita en Cancillería. Pero los usuarios denuncian demoras, fallos constantes en el sistema y requisitos cambiantes. Alexa lo vivió en carne propia.
“Conseguir una cita es una odisea. Estás todo el día metida en la página, y cuando por fin te dan una, es para dentro de semanas. Luego te piden nuevos papeles, certificados del MINED… todo parece diseñado para atrasarte”.
El sociólogo Juan Carlos Gutiérrez explica que la motivación de fondo para autenticar títulos académicos no es solo el deseo de estudiar o trabajar en el extranjero, sino una respuesta directa a la falta de oportunidades dentro del país.
“El acceso al empleo está condicionado por la lealtad política; incluso en el sector privado se valora el aval del secretario político del barrio. Si no se es ‘de los nuestros’, las puertas se cierran”, señala. En este contexto, la apostilla se vuelve en una herramienta para escapar de un sistema que penaliza el mérito profesional y premia la sumisión política.
Nuevo sistema en línea para vigilar
El experto advierte que la digitalización del proceso de apostilla, lejos de facilitar el trámite, responde a una lógica de vigilancia. Gutiérrez señala que, a diferencia de otros países en los que la tecnología busca mejorar los servicios, en Nicaragua esta implementación busca disuadir y controlar.
“No se trata solo de ordenar filas, sino de ocultar un fenómeno social profundo. Apostillar es, en esencia, preparar la salida del país, y el régimen lo sabe. Por eso lo controla, lo filtra y lo vuelve invisible”, afirma. Al quitarlo de la vista pública, se intenta borrar la imagen de un país que expulsa a su juventud.
Además, agrega que este control se da en medio de una economía frágil, dependiente de factores externos como remesas y consumo, sin inversión extranjera sostenida ni políticas públicas que impulsen la productividad. A esto se suma una cohesión social colapsada por la represión y el miedo.
“En Nicaragua, incluso hablar de educación o economía puede representar un riesgo. La ciudadanía se ha quebrado. Pensar diferente, asociarse o criticar, es motivo de persecución. Cuando un país deja de responder a las necesidades de sus ciudadanos, deja también de ser una patria para ellos”, concluye Gutiérrez.
Sin calidad ni confianza
Para el académico universitario Adrián Meza, la deserción de los estudiantes de las universidades públicas refleja una verdad incómoda para la dictadura, pues confirma que la población ha perdido la confianza en el modelo educativo impuesto desde el régimen sandinista.
“Esta deserción efectivamente está vinculada a la naturaleza misma del modelo. Es un modelo de doctrina, no es un modelo de ciencia y tecnología, no es un modelo que prepara para la empleabilidad. Es un modelo que prepara para la docilidad política y el sometimiento, lo cual evidentemente está fuera de las expectativas y necesidades del estudiantado nicaragüense”, considera Meza.
Los expertos advierten que la consecuencia de esta fuga de cerebros es profunda y silenciosa. “Estamos perdiendo capacidad productiva, investigativa, creativa. Se va el talento, se va la energía joven, se va la posibilidad de construir algo distinto”, alerta Juan Carlos Gutiérrez.
“Lo más grave es que se rompe el vínculo entre ciudadanía y nación. Muchos ya no se ven parte de esta patria. La dictadura ha criminalizado pensar diferente, ha dinamitado la cohesión social. Se convierte en un lugar del que la gente quiere huir”, afirma el sociólogo.
La última encuesta de Hagamos Democracia correspondiente a mayo 2025, reveló que el 63% de los nicaragüenses consultados en este estudio dijo que se iría del país si pudiera. Y aunque los jóvenes siguen liderando las estadísticas, por primera vez, la mayoría de los migrantes recientes tiene entre 36 y 50 años. Esto evidencia que el país ya no expulsa solo a su juventud, sino también a su fuerza productiva.
En busca de futuro
Este es precisamente el escenario del que Alexa quiere escapar. Aún no sabe si logrará convalidar materias o ingresar pronto a una universidad en Costa Rica. Pero tiene clara una cosa: quedarse ya no es una opción.
“Aquí no me están dando las condiciones para crecer. Me da miedo irme, sí. Pero me da más miedo quedarme estancada en un sistema que me niega la oportunidad de ser alguien”, dice Alexa.
“No me cierro a volver, pero siendo honesta, no me veo regresando pronto. Aquí no hay muchas oportunidades para desarrollarse, al menos no si pensás diferente. Me gustaría poder formarme en un país donde mi trabajo tenga valor, donde pueda tener un futuro estable”, agrega la joven universitaria.
Cada día, decenas de jóvenes como ella entran al sitio web de la Cancillería, luchan por una cita, completan formularios, pagan trámites y reúnen documentos. No buscan solo una firma: buscan futuro. Y cada apostilla que sale firmada es un acto silencioso de ruptura con un país que los empuja a irse. Una Nicaragua que, en lugar de cultivar sus talentos profesionales, los expulsa.