A sus 18 años, Hanssel Rodríguez cursa el primer año de Administración de Negocios en una universidad privada de Costa Rica. Tiene una beca que cubre todos los aranceles y puede preguntar, debatir y expresar sus opiniones dentro del aula sin temor alguno a perder ese beneficio. Para él, esa libertad marca una de las principales diferencias entre la educación que recibió en Nicaragua y la que encontró después de salir de su país.
Hanssel llegó a Costa Rica con su familia cuando tenía 15 años. Salieron de Nicaragua debido a la persecución política y fueron reconocidos como refugiados en mayo de 2024. El adolescente ingresó a un colegio público costarricense, se adaptó al nuevo sistema educativo y allí concluyó el bachillerato.
Su formación transcurre mientras el régimen de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo refuerza el adoctrinamiento político sobre las universidades. Hanssel lamenta la pérdida de las aulas nicaragüenses como espacios de discusión y pensamiento crítico.
“Me da tristeza ver cómo el régimen ha sometido la educación en todos sus niveles, incluyendo la educación superior, agregando asignaturas políticas para el adoctrinamiento”, señala.
La experiencia de Hanssel forma parte de un fenómeno más amplio. Jóvenes expulsados, perseguidos o decepcionados por el deterioro de las universidades buscan fuera de Nicaragua oportunidades para estudiar sin condicionamientos políticos. Una organización creada en el exilio ha acompañado durante los últimos cuatro años a más de 200 de ellos.
Una salida para continuar estudiando
La Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua, IPEN, nació en Costa Rica en agosto de 2022 para ayudar a jóvenes cuyas carreras habían sido interrumpidas por expulsiones, persecución, cárcel o exilio. Sus cofundadores habían enfrentado esas mismas dificultades y conocían los obstáculos para recuperar documentos, validar estudios, encontrar becas y volver a una universidad fuera del país.
Antes de crear la organización, sus cofundadores Marco Aurelio Peña y Elthon Rivera participaron en el Programa de Continuidad de Estudios Superiores de la Universidad Paulo Freire. El proyecto ayudó a unos 80 nicaragüenses radicados en el país, Costa Rica, España y Estados Unidos después de haber sido expulsados, encarcelados, perseguidos o borrados de los registros académicos.
El régimen canceló la Universidad Paulo Freire en febrero de 2022. Rivera salió de Nicaragua ese mismo año ante la persecución de la Policía sandinista y encontró en Costa Rica a otros estudiantes exiliados que tampoco podían continuar sus carreras.
“Se visibilizaba que los estudiantes universitarios fueron perseguidos, expulsados, asediados y exiliados, pero no había respuesta”, explica Peña, director ejecutivo de Ipen.
La organización gestiona oportunidades de educación superior, orienta postulaciones, emite cartas de recomendación y ayuda con matrículas y documentos. También ofrece cursos sobre liderazgo, democracia, construcción de paz, derechos humanos, periodismo y herramientas digitales.
Ipen comenzó con tres programas. Puentes gestiona oportunidades para iniciar o continuar estudios superiores. Amistad ofrece orientación académica, cartas de referencia, ayuda económica temporal y asesoría para tramitar documentos. Fuerza desarrolla cursos y talleres que complementan la formación profesional de los participantes.
En cuatro años, esta organización sin fines de lucro ha beneficiado a más de 200 jóvenes de entre 18 y 35 años con becas, acompañamiento y formación, según Peña. También gestionó al menos 20 becas de pregrado y posgrado en Europa y participó en un proyecto que permitió incorporar a 32 estudiantes en seis universidades costarricenses.
Sus beneficiarios han estudiado en Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Rumanía y España. En algunos casos, la organización también ha conseguido fondos para cubrir boletos de avión, seguros médicos y trámites requeridos para viajar.
“Las solicitudes de ayuda superan la capacidad de respuesta de una pequeña organización”, reconoce Peña. La mayoría del trabajo es voluntario y la iniciativa no dispone de financiamiento permanente.
El perfil de quienes acuden a Ipen se ha ampliado. Al inicio eran estudiantes expulsados o forzados a salir del país por su participación en las protestas. Ahora se suman jóvenes que no han sufrido una represalia directa, pero desconfían de la calidad educativa, rechazan la politización de las aulas o no encuentran perspectivas profesionales en Nicaragua.
La Red Internacional de Derechos Humanos Europa (Ridhe) calcula que unos 20 000 estudiantes nicaragüenses, se vieron forzados a abandonar su formación académica en Nicaragua desde 2018, debido a la persecución, vigilancia y adoctrinamiento político impuesto por el régimen sandinista.
Organismos de derechos humanos nicaragüenses reportan que 300 estudiantes fueron expulsados de las universidades del país por participar abiertamente en las protestas de 2018 en contra del régimen sandinista, las que fueron reprimidas con violencia, con más de 360 personas muertas y dos mil heridas.
Lo más cercano que se conoce a este exilio estudiantil es el caso de Venezuela, en el cual se estima que más de 1 000 000 de jóvenes en edad universitaria y profesionales recién graduados han salido del país, como consecuencia de de la oleada migratoria que ha desangrado al país sudamericado desde la llegada al poder del chavismo.
Once años para terminar Medicina
Elthon Rivera necesitó 11 años para completar una carrera diseñada para cursarse en seis. Tras su expulsión de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) en 2018, permaneció fuera de las aulas y buscó una universidad que reconociera los estudios realizados en Nicaragua.
Las autoridades universitarias lo acusaron de participar en daños, robos y ataques contra el recinto. Rivera rechaza esos señalamientos y sostiene que forman parte de la narrativa utilizada por el régimen para criminalizar a los universitarios que participaron en las protestas cívicas de 2018.
“Fue un golpe muy fuerte ver destruido todo mi esfuerzo de cinco años en una expulsión injusta, en la que además me hicieron acusaciones de cosas que no cometí”, relata.
Era la primera persona de su familia nuclear que llegaba a la universidad y había sido alumno ayudante de Fisiología Médica. Después de la expulsión pagó un año en una universidad privada y completó el quinto curso, pero la institución se negó a matricularlo en el internado, correspondiente al sexto y último año. Rivera atribuye la decisión a las presiones políticas sobre las universidades privadas.
La expulsión alteró sus planes de ejercer la medicina, investigar y dedicarse a la docencia. También tuvo un impacto económico en una familia de recursos limitados que había sostenido sus estudios durante cinco años.
Con apoyo de un abogado, logró retirar parte de sus documentos antes de que le cerraran el acceso. Otros estudiantes expulsados no pudieron obtener sus certificados y quedaron sin pruebas de las asignaturas cursadas.
Rivera coordinó esas gestiones con otros alumnos de Medicina porque anticipó que las autoridades podían bloquear los expedientes. Recibió sus notas certificadas, aunque no toda la documentación que necesitaba.
Las calificaciones certificadas le permitieron buscar opciones en Centroamérica y América Latina. En Costa Rica debía aprobar nuevamente el examen de admisión y comenzar Medicina desde cero porque no le reconocerían los créditos de la UNAN-Managua.
En 2022 salió de Nicaragua ante el riesgo de ser detenido por su colaboración con un programa de becas de la Universidad Paulo Freire. Ese mismo año obtuvo una beca completa en Rumanía. La universidad cubrió la matrícula y su estancia, y reconoció parte de sus estudios.
Un segundo exilio para poder graduarse
El traslado significó un segundo proceso migratorio. Rivera acababa de llegar a Costa Rica cuando tuvo que separarse otra vez de su familia, aprender un idioma y adaptarse a otra cultura, sin tiempo para procesar su salida forzada de Nicaragua.
Rivera cursó simultáneamente asignaturas de distintos años y permaneció tres años en Rumanía hasta graduarse como médico general en 2025. “Básicamente era compañero de todos los estudiantes de la universidad porque tenía clases con todos los años”, recuerda.
Cuando recibió el título, algunos de sus antiguos compañeros ya habían terminado una especialidad. Él todavía no ha ingresado a un programa de residencia.
“Mientras yo estaba graduándome de la carrera, mis colegas ya se habían graduado de especialistas y otros estaban a punto de hacerlo. Eso pone en perspectiva el atraso que tuve”, explica.
Ahora quiere combinar la atención de pacientes con la investigación, la docencia y la salud pública. Mantiene su vínculo con Nicaragua, aunque ya no considera el retorno un deber.
“Para mí Nicaragua se volvió una opción. Sigo contribuyendo porque quiero hacerlo, pero me liberé de la sensación de estar obligado a regresar”, afirma.
Más que terminar una carrera
La joven Eloísa Rodríguez llegó a Costa Rica como refugiada y con una licenciatura en Administración de Empresas que no había logrado homologar. En marzo de 2023 acudió a Ipen para recibir orientación sobre una beca en Rumanía. La organización la ayudó a preparar los documentos y, en octubre, viajó a Europa para cursar una maestría en Administración de Comercio y Servicios Turísticos en la Universidad Ștefan cel Mare de Suceava.
Eloísa aprendió otro idioma, se adaptó a una cultura distinta y enfrentó la separación familiar. También encontró una enseñanza que exigía mayor participación de los estudiantes.
“En Europa he sentido una apertura genuina para plantear preguntas, sostener posturas distintas y debatir con profesores y compañeros. El aprendizaje no se limita a recibir información. Se espera que el estudiante analice, cuestione y argumente sus propias ideas”, explica.
Concluyó la maestría en julio de 2026. La diferencia más importante, asegura, fue la libertad para investigar, discrepar y construir una posición propia.
La experiencia también le permitió acceder a programas de movilidad y compartir con estudiantes de distintos países. Eloísa no considera que un sistema sea automáticamente superior a otro, pero destaca que en Europa encontró métodos de enseñanza que impulsan la autonomía, la investigación y el pensamiento crítico.
De sentirse estancada a estudiar en Europa
Génesis Lara Corea llegó a Ipen cuando vivía en Costa Rica y se sentía estancada profesionalmente. Participó en un curso sobre liderazgo y gobernanza democrática, aprendió a redactar ensayos académicos y artículos de opinión y conoció a jóvenes que buscaban oportunidades en varios países.
Viajó a Rumanía. Allí ganó un concurso universitario sobre sostenibilidad y comenzó a explorar un programa de movilidad en la Universidad Autónoma de Madrid.
Para Génesis, el acompañamiento fue tan importante como la oportunidad. Conocer a personas que ya habían pasado por una postulación internacional le permitió entender los requisitos y considerar opciones que antes veía demasiado lejanas.
“Ya no pensaba solamente en terminar una carrera, sino en construir experiencias que pudieran fortalecer mi formación”, relata.
Génesis se proyecta fuera de Nicaragua durante los próximos años. Permanecer en el extranjero le permite conocer otros sistemas educativos y ampliar sus posibilidades profesionales, aunque no descarta aportar al país.
Las barreras continúan fuera de Nicaragua
Los testimonios recogidos por DIVERGENTES muestran que conseguir una beca no resuelve todos los obstáculos. Continuar una carrera también exige obtener documentos, homologar estudios, cubrir los gastos cotidianos y, en algunos casos, combinar la formación con el trabajo.
Alejandra Padilla terminó en Nicaragua una licenciatura en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia. En Costa Rica realizó una especialización en Diseño de Experiencia de Usuario y después cursó una maestría en Social Media y Comunicación Corporativa en España.
Su formación ha dependido de becas y cursos gratuitos. Padilla explica que homologar estudios puede implicar gastos en certificados, cartas, envíos y trámites realizados en Nicaragua. “No solamente es el tema de estudiar. Es mantenerte, trabajar y atender la salud emocional”, señala.
Las dificultades aumentan para quienes fueron expulsados o no consiguieron retirar sus expedientes. Sin certificados de notas, algunos deben comenzar sus carreras desde cero. Otros ni siquiera pueden demostrar que terminaron la secundaria.
Padilla señala que en Costa Rica los costos y la duración de los trámites dificultan la continuidad. A los pagos por homologación se agregan los documentos solicitados en Nicaragua, los envíos y la necesidad de trabajar mientras se estudia. En su caso, las becas y los cursos gratuitos hicieron posible que continuara formándose.
Una pasantía para retomar sus aspiraciones
El joven José López Arauz había estudiado Economía en la UNAN-Managua, pero su trayectoria académica quedó relegada mientras se dedicaba a trabajar. Una amistad le recomendó acercarse a la Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua, y comenzó a participar en sus espacios de formación.
Primero cursó un programa sobre democracia. Después ingresó a una capacitación en periodismo, donde aprendió técnicas de investigación, redacción de reportajes y edición de videos para redes sociales. Esas herramientas le permitieron explorar un campo profesional que le interesaba desde niño, pero en el que no había encontrado oportunidades para desarrollarse en Nicaragua.
La organización también lo ubicó en una pasantía en un medio digital de Costa Rica. José la define como “una oportunidad de vida” porque pudo acercarse al trabajo que siempre había querido conocer y llevar a la práctica lo aprendido durante los cursos.
La experiencia también modificó la manera en que proyectaba su futuro. “He aprendido a no rendirme y a aprovechar las oportunidades que se presentan, ya que en Nicaragua no se pudo por muchos aspectos de la vida”, afirma.
José quiere regresar y aplicar en Nicaragua los conocimientos adquiridos. Desde su experiencia, considera que muchos jóvenes tienen interés en continuar su formación, pero necesitan orientación, acceso a becas y apoyo de los sectores educativo, tecnológico y técnico.
Universidades bajo control político
Las universidades fueron uno de los principales espacios de movilización durante las protestas de 2018. La respuesta del régimen incluyó ataques contra recintos, detenciones, expulsiones y persecución de estudiantes y docentes. Algunos jóvenes perdieron el acceso a sus expedientes o no pudieron obtener certificados para continuar sus carreras.
El control se extendió después a todo el sistema de educación superior. El régimen canceló universidades privadas, confiscó sus bienes y creó instituciones estatales en algunos de los recintos ocupados. Un informe de 2024 de la Alianza de Investigación de Centroamérica contabilizó 37 instituciones de educación superior cerradas y señaló que muchas de sus instalaciones fueron confiscadas.
Entre ellas figura la Universidad Centroamericana, UCA, confiscada en agosto de 2023 después de que el régimen la acusara de funcionar como un “centro de terrorismo”. La institución atendía a unos 8000 estudiantes y albergaba uno de los principales centros de documentación histórica de Nicaragua.
Tras la confiscación, más de 2000 estudiantes solicitaron continuar sus carreras en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador y la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, según datos proporcionados por ambas instituciones a medios independientes. De ese universo, 660 llegaron a matricularse. La universidad salvadoreña acogió a 400 y la guatemalteca a 260, la mayoría en modalidad virtual.
Las reformas legales aprobadas desde 2022 también ampliaron la intervención gubernamental sobre las universidades. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua concluyó que el sector ya no cuenta con instituciones independientes y describió una campaña para eliminar voces críticas y consolidar el control estatal.
Ese dominio alcanza los contenidos académicos. Estudiantes consultados por DIVERGENTES han denunciado trabajos sobre dirigentes y “héroes” sandinistas, participación en actividades políticas y contenidos partidarios incorporados en distintas carreras, aunque no tengan relación con las materias cursadas.
Apostillar los estudios para buscar futuro fuera
Frente a ese panorama, cada vez más jóvenes nicaragüenses apostillan títulos, diplomas y certificados para buscar oportunidades educativas y profesionales fuera del país. Este trámite acredita la autenticidad de los documentos y suele ser indispensable para ingresar a una universidad, validar estudios o ejercer una profesión en el extranjero.
En 2025, estudiantes y recién graduados formaron largas filas frente a la Cancillería para autenticar sus documentos. Posteriormente, el régimen reemplazó la atención presencial por un sistema digital de citas. Aunque no existen cifras oficiales que permitan determinar cuántas solicitudes están vinculadas con planes de estudio o trabajo en el extranjero, las propias coberturas oficialistas muestran una amplia presencia de personas en edad universitaria realizando el trámite.
Consultado por este medio, el exrector universitario Ernesto Medina relaciona el aumento de estas solicitudes con el cierre de instituciones, la pérdida de autonomía y el deterioro de la enseñanza. A su juicio, la intervención estatal no se limitó a imponer autoridades o cambiar los nombres de las universidades. También desplazó a docentes, investigadores y profesionales con formación internacional.
“Esa generación de profesionales formados en los años noventa y en las dos primeras décadas del siglo XXI prácticamente ha desaparecido del ámbito académico nacional. El daño causado es incalculable. Nicaragua está quedando fuera del radar científico global”, advirtió Medina.
El académico y exrector de la confiscada Universidad Paulo Freire, Adrián Meza, también explicó a este medio que la deserción responde al sistema educativo impuesto por el régimen.
“Es un modelo de doctrina, no es un modelo de ciencia y tecnología, no es un modelo que prepara para la empleabilidad. Es un modelo que prepara para la docilidad política y el sometimiento”, señaló.
El talento que Nicaragua pierde
Alejandra Padilla considera que esta salida reduce la capacidad de Nicaragua para desarrollar nuevas industrias, fortalecer la investigación y formar a los profesionales que necesitará en el futuro. Sin embargo, advierte que esa pérdida no puede convertirse en una obligación moral para quienes fueron perseguidos o tuvieron que reconstruir sus vidas en el extranjero.
“No hay que romantizar el hecho de que sí o sí los jóvenes tienen que volver para reconstruir el país. Las diásporas siempre han jugado un papel importante”, sostiene.
La fuga de talento comienza, en algunos casos, antes de la graduación. Incluye a bachilleres que buscan su primera oportunidad universitaria fuera de Nicaragua, estudiantes que trasladan sus carreras, jóvenes obligados a repetir asignaturas y profesionales que no pueden ejercer porque carecen de documentos reconocidos.
Algunos regresarán. Otros permanecerán en los países que financiaron su formación, reconocieron sus capacidades y les permitieron desarrollarse. Costa Rica, España, Estados Unidos y distintas naciones europeas recibirán el trabajo y los conocimientos de jóvenes que alguna vez imaginaron su futuro en Nicaragua.
Hanssel Rodríguez, el más joven de estas historias, mantiene la esperanza de regresar. Quiere terminar su carrera y crear algún día un negocio en Nicaragua. Por ahora seguirá estudiando en Costa Rica, donde puede debatir y expresar sus opiniones sin vigilar cada palabra por temor a que una postura contraria al régimen ponga en riesgo su formación.
Este reportaje se realizó con apoyo de la beca de producción periodística de DW Akademie y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX). La beca es parte del proyecto global “Space for Freedom” de la iniciativa Hannah Arendt, promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.