Juan Victoriano Ruiz Urbina es uno de los 144 héroes, reconocidos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en los últimos veinte años por su lucha contra la trata de personas. Es una tremenda distinción, tomando en cuenta que solo diez de ellos provienen de América Central y el Caribe, y mayor aún tomando en cuenta que el oficial solamente tenía 32 años cuando fue reconocido en el año 2013 y dirigía una pequeña oficina para investigar estos casos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en Managua.
El día de la ceremonia, el agente no podía ocultar su orgullo como muestran las fotos de la época. Altivo y sonriente, el entonces teniente Ruiz vistió su uniforme de gala oscuro para la ocasión. Mientras mostraba el diploma con su reconocimiento, tenía enfrente aplaudiéndolo al secretario de Estado en aquel tiempo, John Kerry, el líder de la política exterior de la Administración del presidente Barack Obama.
Ruiz lideró en esa época una pequeña oficina de oficiales dedicados a investigar el tema. Habían logrado duplicar con su esfuerzo los casos promedio investigados en tres años, pasando de 11 a 24 por año, destacaron entre sus méritos las autoridades estadounidenses.
Aquel pasado empezó a ser recordado en septiembre de 2023, cuando la Policía conmemoró su 44 aniversario. Esta vez Ortega condecoró a Ruiz, lo ascendió al grado de comisionado general –logró crecer cinco rangos en 11 años–, y lo nombró jefe de la DAJ y responsable con ello de la prisión de El Chipote, el principal centro de torturas de la dictadura nicaragüense.
La trata de personas dejó de ser una prioridad
En sentido contrario a la buena estrella del oficial investigador de estos casos, las indagaciones por trata de personas no pasan ahora mismo por su mejor momento. En el informe policial más reciente, publicado por las mismas autoridades nicaragüenses en 2021, se recibieron cuatro denuncias –tres más que el año anterior–, las cuales declararon como resueltas.
El activista de derechos humanos, Gonzalo Carrión Maradiaga, exiliado en Costa Rica y quien conoció personalmente a Ruiz como “un oficial de puertas abiertas” en 2013, afirma que pocos funcionarios en la Policía actual pueden mostrar una dualidad en su comportamiento como el nuevo jefe de Auxilio Judicial.
“Para ser reconocido por Estados Unidos, él estaba en los estándares de un oficial dedicado a combatir el delito. Hoy es un agente oficial al servicio de quienes tienen concentrado el poder”, dijo Carrión, miembro del equipo de coordinación del Colectivo Nicaragua Nunca Más, cuyas oficinas se encuentran en Costa Rica.
En la mitología romana, existe la figura del dios Jano, que en una misma cabeza alberga dos perfiles de su mismo rostro: uno viejo con barba para representar el pasado, y otro joven para hacer lo mismo con el futuro de las personas.
“Es la ambición, hermano”
Al repasar el caso de Ruiz, no pocos se preguntan cómo fue posible que un oficial reconocido en el mundo por su trabajo profesional, haya terminado convertido en el jefe de la principal cárcel de torturas de Ortega.
“Es la ambición, hermano”, confesó una fuente, que ha dado seguimiento a su carrera policial. En su análisis, afirma, que la actitud sumisa del comisionado general Ruiz se puede explicar por su deseo de convertirse en el futuro en director de la institución. Eso significa que en este sistema –cuidándose de escándalos y mostrando una lealtad a toda prueba a la dictadura– estaría a pocos pasos de lograrlo, dada su juventud y creciente protagonismo en la estructura policial.
El jefe de la DAJ tiene el rango de comisionado general como otros altos jefes policiales. En el organigrama de la Policía es uno de los 17 directores de áreas operativas en la institución, solo por debajo de cinco subdirectores generales: uno a cargo de seguridad ciudadana, otro de investigación e inteligencia, otro de Managua, otro de administración y gestión, y el inspector general.
Las responsabilidades de Ruiz están circunscritas desde junio de 2024 a la prisión de El Chipote y a todas las diligencias de Auxilio Judicial de la institución, vitales para lograr el procesamiento de quienes cometen delitos y, sobre todo, para la persecución de opositores. Reemplazó en el cargo a su antecesor, el comisionado general Luis Pérez Olivas, purgado por el régimen y quien rápidamente desapareció de la escena pública.
Luis Pérez Olivas, otro purgado por aquellos a los que le fue fiel
Hasta el final, Pérez Olivas se comportó fiel a la pareja de dictadores. Lo han mencionado por cometer violaciones de derechos humanos directamente. Fue sancionado por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Reino Unido.
Su salida se explica por la reingeniería liderada por el dictador. Un proceso turbio en que han rodado muchísimas cabezas en el Estado y que tiene como principal ejecutor a Horacio Rocha, su ministro y asesor en seguridad, mientras fue nombrado el subdirector Zhukov Serrano, jefe del área de investigaciones e inteligencia, moldeado en las sombras por los Ortega-Murillo.
A diferencia de su antecesor, nadie hasta ahora ha mencionado a Ruiz torturando personalmente. Pero eso tampoco lo hace quedar al margen de los grandes abusos denunciados. Desde un primer momento, los organismos internacionales demandaron que se hiciera una investigación a la cadena de mando involucrada en las violaciones de derechos humanos, lo que no ha ocurrido desde el Estado. Reina la impunidad.
De hecho, el dictador ha mantenido la represión como una política constante en los últimos años y las mismas cifras de la Policía indican que los agentes remitieron 542 397 expedientes a la Fiscalía entre 2018 y 2023. Es decir, sobrecumplieron sus metas. (Ver tabla).
En el año crítico de 2021, el organismo internacional Raza e Igualdad, en su informe titulado “Nicaragua: Una crisis de derechos humanos sin resolver”, dijo que Ruiz fue uno de los funcionarios que dirigieron una campaña de estigmatización contra los presos políticos, al exhibirlos en los medios oficialistas.
Fue año de votaciones generales y Ortega encarceló a todos sus posibles competidores políticos. Los otros altos oficiales de la campaña de descrédito mencionados por Raza e Igualdad fueron el comisionado mayor Farlen Roa, también de la DAJ, y el inspector general Jaime Vanegas. Este último es el funcionario de más alto nivel jerárquico de los mencionados por el organismo.
Vanegas es parte de la jefatura y es quien debería por sus funciones, investigar las violaciones de derechos humanos denunciadas por la ciudadanía, pero no lo hace. No sólo eso. Él actúa en complicidad con el régimen. ¿Cómo logró el nuevo jefe de la DAJ calzar dentro de esta maquinaria represiva?
La revolución fue solo una referencia de su niñez
El comisionado general Juan Victoriano Ruiz nació el martes 30 de junio de 1981 en Managua. Vivió su infancia cuando se desarrolló el primer gobierno sandinista, presidido por Ortega. Esos años fueron de guerra. Ese conflicto tuvo dos protagonistas: los contras y los sandinistas.
Por un lado, Estados Unidos financió a la contrarrevolución –y en el otro, el FSLN se plegó a la URSS. Miles murieron, hubo un desastre económico y un cansancio por la guerra y el autoritarismo imperante en la cúpula del primer gobierno sandinista.
Ruiz tenía nueve años cuando la población derrotó a Ortega en las urnas. Ganó la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien tuvo la tarea de liderar una difícil transición para dar paso a una frágil democracia que sería revertida por Ortega cuando llegó nuevamente al poder en 2007.
Fuentes relacionadas con la Policía retrataron a Juan Victoriano Ruiz como “alguien sin escuela, al que hicieron crecer pronto”, a causa de la piñata de grados (concesión masiva) ordenada por Ortega en su compra de lealtades en la institución hasta lograr su sometimiento. Mayor rango es igual a más salario y un cargo más alto es sinónimo de poder en la cúpula controlada por el dictador.
Ortega controla todo. Es el jefe supremo de la institución, gira las órdenes a través de su asesor de seguridad y éste al director de la Policía, el primer comisionado Francisco Díaz Madriz, su consuegro.
De su expediente, se pueden contar muchas cosas. Ruiz se graduó con el grado de inspector en la Academia de Policía Walter Mendoza, ubicada en la carretera sur de Managua. Afirman quienes lo han tratado que ha viajado por su especialidad a capacitarse a Estados Unidos, Canadá y a distintos países de América Latina, Europa y Asia, pero en la web de la Policía no hay registro sobre estas capacitaciones.
Antes de llegar a su actual posición, Ruiz fue investigador del entonces Distrito IV de Managua. Aquella es una delegación policial famosa por atender las riñas, robos, asesinatos y problemas de seguridad ocurridos en el populoso Mercado Oriental de Managua.
“Siempre se destacó por el respeto de los procedimientos” –dice otra fuente que lo conoció–. “Era profesional y técnico. Y se graduó hace como veinte años de la Academia. Por su promoción, debería ser a lo sumo comisionado, sin embargo, es comisionado general. Era profesional. Ahora es otra cosa: Está subordinado a Ortega y a Murillo”, insistió.
La madrina política en su ascenso en la Policía
Como investigador de un distrito policial era un perfecto desconocido para la cúpula en el poder. Pero conoció a quien sería su “madrina política” en la institución. Según la misma fuente, la comisionada general Glenda Zavala, exjefa de la DAJ, fue esencial para lograr su especialización en la persecución del delito de trata de personas. Esa fue la llave del éxito que vendría después y le dio cierta notoriedad entre sus compañeros de promoción.
Zavala es cojefa del Instituto de Criminalística, uno de esos cargos repartidos entre hombres y mujeres en nombre de la política de género dentro de la institución que, en el fondo, buscan garantizar una cuota de poder de la vicepresidenta Rosario Murillo, según los especialistas.
Ahora que es jefe de la DAJ, Ruiz comparece frecuentemente en los medios oficialistas ofreciendo informes sobre las “investigaciones” de los casos más relevantes. Entre estos están los golpes al narcotráfico y las millonarias incautaciones de dinero que, en algunas ocasiones, se han saldado con el abandono de millonarias sumas sin ningún capturado.
Dureza con opositores a la dictadura
Uno de los casos más recientes de este tipo es francamente rocambolesco. La Policía desplegó a finales de mayo en una oficina a tres agentes para la fotografía –uno de ellos incluso con un fusil AK– frente a una mesa con 1.5 millones de dólares en billetes colocados ordenadamente. Según Ruiz, el dinero fue detectado en dos sacos rojos en la zona rural de Boca de Sábalos, en la comarca de Santa Cruz, donde “fue abandonado”.
Con quienes son realmente duros es con los opositores. La persecución política es prioridad en los sistemas represivos. Gonzalo Carrión explica que la Policía mantiene una relación interinstitucional para realizar acciones en este sentido con el Ministerio del Interior, el Ejército (aporta información de inteligencia) y la Fiscalía. Es un todo un sistema.
“Hay que recordar que, cuando se aprobó la Ley de Seguridad Soberana (en 2015), se definió la recopilación de información para trabajo de inteligencia. Ahí participa operativamente el Ejército, la Policía, por la labor de recopilar información y ponerla en función del trabajo de inteligencia política”, afirma Carrión.
En ese entramado burocrático tiene un especial protagonismo el director de la unidad contra el crimen organizado en el Ministerio Público, Javier Morazán. Según una investigación de Confidencial, publicada en octubre de 2020, el funcionario es parte de un equipo para fabricar expedientes contra opositores, creado por la sancionada fiscal general Ana Julia Guido.
Para el nuevo jefe de la DAJ, Morazán es un rostro bastante conocido, porque él también fue distinguido en aquel 2013 en Estados Unidos. El Departamento de Estado mencionó que Morazán y Ruiz hacían equipo en la lucha contra la trata de personas. Según el Departamento de Estado, este fiscal es “uno de los funcionarios del gobierno nicaragüense con mayor conocimiento en trata de personas” y se le consideraba en 2013 como el “responsable de la mayoría de condenas a los procesados por este tipo de delitos”.
De héroes, a embadurnados en el fango dictatorial
Once años después de aquel tiempo de gloria, los dos funcionarios se han embadurnado en el fango dictatorial y están al servicio total del Poder Ejecutivo de Nicaragua. Cada uno por su lado ha ido tejiendo relaciones en la cúpula del poder que les han permitido crecer o sobrevivir en su puesto.
“Victoriano trata con gente que está en otro nivel. Eso es por el cargo que ocupa”, afirmó la fuente, quien se preguntó por qué Estados Unidos no les retira la condecoración, dado que el jefe policial y el fiscal son conocidos perseguidores de presos políticos en Nicaragua.
Según Gonzalo Carrión, nadie en casos de violaciones masivas de derechos humanos como las de Nicaragua, se puede librar de asumir sus responsabilidades legales. Tampoco puede alegar que obedecía órdenes o ignoraba la ley. Dado su cargo, Ruiz tampoco puede decir que no conocía lo que ocurría en El Chipote, denunciado como un lugar donde se cometieron delitos de lesa humanidad.
Cuando estallaron las protestas, el jefe de la DAJ era Pérez Olivas en 2018. Ruiz seguía investigando la trata de personas, pero tenía el rango de subcomisionado. A las puertas del complejo policial ubicado en los alrededores de la loma de Tiscapa, fue público aquel doloroso episodio en que las madres llegaban a buscar respuestas sobre sus hijos detenidos. Angustia, dolor. Era julio de 2018 y los medios independientes daban la noticia tanto a nivel nacional como internacional.
La Policía de la dictadura mantuvo detenidos a 59 reos políticos bajo un régimen estricto de aislamiento en las instalaciones de El Nuevo Chipote, entre 2021 y 2023. Ese centro es llamado oficialmente complejo Evaristo Vásquez –opera desde febrero de 2019–. Los reos ahí tampoco podían leer, tenían negativas a visitas familiares, eran mal alimentados. La crueldad era tanta que ahí se complicó de salud, bajo custodia de las autoridades, el general retirado Hugo Torres, fundador del Ejército, crítico de Ortega y convertido en su preso político. Luego moriría.
Bajo las reglas de Ortega, los presos políticos tienen un nulo derecho a la defensa y son tratados con severidad, según la voluntad de Ortega y su esposa.
De acuerdo con una fuente policial, las cárceles del complejo Evaristo Vásquez están ubicadas en dos pabellones, uno para hombres y otro para mujeres. Estos se “ven” uno al otro como si uno fuera el reflejo del otro. Las celdas son oscuras o les ponen una luz tenue, lo que termina provocando daños en las personas detenidas.
Una serie de vejaciones ha sido denunciada con vehemencia en los últimos años. Hay relatos de encierros en celdas diminutas, de que los prisioneros fueron objeto de interrogatorios absurdos. Que eran asfixiantes. Muchos tenían problemas de sueño. Este testimonio contado a DIVERGENTES indica que los Ortega-Murillo deciden hasta la posibilidad de visitas familiares a los prisioneros, incluidos aquellos que tenían hijos menores de edad.
“Ese grupo de reos pudo ver a Victoriano (Ruiz) más a finales del 2022. Es posible que el jefe ya supiera cuando probablemente los iban a liberar, pues llegaba mucho a dar buenas noticias. Él personalmente estuvo a cargo de la preparación de las visitas, incluso en dónde les servían comida a los reclusos y a sus familias, y estuvo presente el 24 y 25 de diciembre. Prestaba teléfonos para llamadas autorizadas, las que eran grabadas por una cámara”, relató la fuente.
La burla del “policía bueno”
A diferencia de su antecesor, Ruiz era jocoso y amable, según cuenta esta última fuente. Tenía sentido del humor. Pero eso no significa que no cumpliera a pies juntillas las órdenes del dictador. Una de las mismas era supervisar la toma de fotografías antes de llevarlos a los juzgados de Managua, lo que el régimen hacía para dar pruebas de “vida” de sus secuestrados, cuando la opinión pública se lo demandaba públicamente.
“Victoriano jugaba el papel de policía bueno, aparentando ser más empático y cercano comparado al general (Pérez Olivas)”, comentó.
Cuenta la fuente que la crueldad presidencial no impidió que hubiese solidaridad de algunos oficiales con los reos. Uno de los alegatos más comunes cuando los presos políticos de El Chipote fueron desterrados es que, en medio de todo, habían policías que les mostraron empatía, a pesar de que las autoridades superiores jerárquicas los podían castigar.
El 9 de febrero de 2023, el día del primer exilio forzado de los presos políticos, la última imagen que les quedó del comisionado general Juan Victoriano Ruiz Urbina fue de crueldad.
Ese día hubo movimientos inusuales en la cárcel. Las reclusas preguntaron adónde serían enviadas, frente a la incertidumbre de lo que ocurriría en el futuro. El jefe policial respondió con una sonrisa. Dijo que el Estado mandaría a las mujeres a la prisión de La Esperanza, adscrita al Sistema Penitenciario de Nicaragua, según las fuentes policiales consultadas.
Por suerte para los expresos políticos, aquellas palabras fueron otra mentira. Un total de 222 reos de conciencia –entre ellos los de El Chipote y otros centros penitenciarios– fueron trasladados minutos después al Aeropuerto Internacional de Managua y expulsados hacia Estados Unidos. Les quitaron después la nacionalidad y los declararon traidores de la patria. Para lograr cumplir la orden del dictador, se activó el sistema represivo: policías como el comisionado general Ruiz, alcaides del Sistema Penitenciario, jueces… todos como parte del mismo sistema represivo.