La apertura de un proceso penal por parte del Gobierno de Argentina para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es el “primer asomo real de justicia” para las víctimas de la dictadura sandinista, afirmaron analistas consultados por DIVERGENTES.
Este jueves se conoció que la justicia argentina inició una investigación penal contra la dictadura Ortega-Murillo y otros funcionarios sandinistas que han sido claves en la ejecución de violaciones de derechos humanos, especialmente a partir de abril de 2018. El régimen es señalado de asesinar a más de 350 personas, secuestrar a opositores y obligar al exilio a periodistas, abogados, médicos y estudiantes.
“La experiencia nos dice que han sido procesos muy largos, pero al final han conseguido llevar a la justicia a los culpables y condenarlos”, planteó el exdiputado liberal Eliseo Núñez, quien explicó que, aunque es un proceso que inicia en cortes nacionales de Argentina, este entra bajo el concepto de justicia universal, esto quiere decir que otros países pueden acoger la investigación realizada por Buenos Aires.
La justicia argentina tiene experiencia en este tipo de procesos. En el pasado abrieron una causa por los delitos denunciados en el régimen de Francisco Franco en España durante la guerra civil española (1936-1939) y los dos años que transcurrieron entre la muerte del dictador y las primeras elecciones democráticas.
El juez federal de Argentina, Ariel Lijo, ordenó enviar un exhorto a la justicia de ese país para que informe si en Nicaragua hay causas abiertas donde se investiguen ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas o torturas, esto tras una denuncia interpuesta por los abogados Daniel Richarte y Diego Pirota.
“Lo que recoja la justicia Argentina, que es un proceso como tal que va a llevar pruebas, va a tener toda una cantidad de entradas y salidas de información que te van a permitir determinar si en realidad se cometieron crímenes de lesa humanidad, puede perfectamente ser acogida por otros países que asumen la justicia universal como un bien jurídico que ellos protegen en la Constitución”, aseguró Núñez.
“Hacer la denuncia fue posible por el aporte testimonial de los que sufren en primera persona la violencia criminal y por el trabajo previo de la OEA, oenegés y medios de comunicación. Se pide la indagatoria y eventual captura internacional de Ortega y cómplices. Se inicia un camino para lograr justicia”, escribió Richarte en Twitter.
El exdiputado y abogado recordó que la justicia argentina tiene una “extensa tradición en materia de defensa de los derechos humanos y aceptación del principio de jurisdicción universal”, y se mostró optimista en “el avance de la investigación para establecer las responsabilidades penales de Ortega y sus cómplices”.
La denuncia fue impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, tras una publicación del medio de comunicación Infobae donde informaba sobre la situación de monseñor Rolando Álvarez, a quien el régimen mantiene bajo arresto domiciliario desde el pasado cuatro de agosto.
En el 2021 la justicia argentina también inició una investigación por las denuncias de represión contra los ciudadanos de Rohingya en Myanmar.
Países pueden acoger denuncia
La noticia se da cuatro meses después de que el régimen sandinista rechazara una comisión de expertos independientes propuesta por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 2018 y 2022 en Nicaragua. El objetivo de los expertos era instalarse durante un año en el país centroamericano.
Por su parte, Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, expresó que esta apertura representa una buena noticia para las víctimas de la represión, sobrevivientes y el pueblo mismo, porque permitirá conocer la verdad plena de los hechos y establecer responsabilidades.
“Es muy buena noticia y significa que vamos en la dirección y que el tiempo de la verdad va a llegar y obviamente sea por las gestiones a lo interno y también por estas expresiones de terceros países como Argentina”, señaló el defensor de derechos humanos exiliado en Costa Rica.
Carrión añadió que esta denuncia también tiene un alcance político y manda un mensaje a otros “perpetradores de violación de derechos humanos, a que pueden ser investigados por un tribunal internacional o, como en este caso, por un país que tiene jurisdicción universal”.
Entre los funcionarios aliados del régimen investigados por la justicia Argentina están el jefe policial y consuegro de Daniel Ortega, comisionado Francisco Díaz; Néstor Moncada Lau, señalado de dirigir operaciones de inteligencia y contrainteligencia para la identificación de “disidentes”.
Julio César Avilés Castillo, jefe del Ejército de Nicaragua señalado presuntamente como responsable de proveer armamento a los grupos paramilitares que llevaron a cabo la “Operación Limpieza”; Óscar Mojica, general en retiro del Ejército de Nicaragua y ocupa el cargo de Ministro de Transporte e Infraestructura.
La lista incluye a Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional; Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social; Óscar Valladares, asesor presidencial en temas de defensa y seguridad; Sonia Castro, exministra de salud, y por último, Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua.