Ortega rechaza Comisión de la ONU que investigará crímenes de lesa humanidad

El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no permite el ingreso de los tres expertos nombrados por la Organización de Naciones Unidas, quienes investigan las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 2018 y 2022. Pese a la negativa del régimen, expertos aseguraron que esto no impedirá el trabajo de la comisión

Un herido durante las protestas de 2018 es transportado en moto hacia un hospital. Carlos Herrera | Archivo de Divergentes.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no cooperará con la comisión de expertos independientes propuesta por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 2018 y 2022. La información fue confirmada por fuentes diplomáticas basadas en Ginebra a DIVERGENTES. También lo hizo Arturo Mcfields Yescas, exembajador de este país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien a través de su cuenta de twitter, expresó que la dictadura sandinista rechazó “tajantemente la solicitud”.

“La dictadura de Nicaragua tiembla de miedo y dice que no a la comisión de expertos de ONU. Tienen mucho temor y mucho que ocultar. Sin embargo, el mundo ya sabe que han asesinado a 355 y arrestaron a 181, los que sufren tortura y tratos crueles. No se puede tapar el sol con un dedo”, indicó el exfuncionario.

El Gobierno sandinista había rechazado la creación de la comisión de expertos el mismo día que fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con un total de 20 votos. La solicitud de este mecanismo fue un pedido del “Colectivo 46/2”, una coalición conformada por 21 organizaciones que a lo largo del año pasado realizaron un monitoreo acucioso que confirmó que el régimen Ortega Murillo no cumplió con ninguna de las recomendaciones aprobadas anteriormente. Todo lo contrario, incrementó la represión y no demostró intenciones de reanudar una cooperación significativa con la comunidad internacional.

“Ya hemos expresado nuestro rechazo a cada una de las resoluciones contra nuestro país que subjetivamente se han presentado en este foro y que hoy no es la excepción. Se continúan haciendo valoraciones instrumentalizadas y derivadas de intereses económicos y políticos de países imperialistas, cuya única finalidad es afectar la dignidad y soberanía de los pueblos. No se está respetando la identidad, soberanía de cada país”, expresó la procuradora general de la República, Wendy Morales, el pasado 31 de marzo.

El mecanismo fue aprobado en medio de una de las escaladas represivas más brutales que ha ejecutado la dictadura desde la represión durante las protestas de 2018. A partir del segundo semestre de 2021, el régimen desató una cacería contra precandidatos presidenciales, líderes opositores y voces críticas. Todo con el fin de asegurar un nuevo periodo presidencial de cinco años. También radicalizó todas sus acciones al perseguir a más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil y, más recientemente, al cuerpo diplomático radicado en Nicaragua.

A diferencia de otros mecanismos de seguimiento que han surgido en el país, este tiene un alcance de tipo más jurídico, que servirá para la recolección de pruebas en el futuro. Es un instrumento cuyos efectos se podrán apreciar a largo plazo.

Los expertos nombrados para esta comisión son: Jan-Michael Simon, alemán experto en derecho penal, política criminal y derecho público internacional; Alexandro Álvarez, abogado chileno y excoordinador del MESENI de la CIDH. Y Ángela María Buitrago, abogada colombiana de la Universidad Externado de Colombia y experta en derecho penal y ciencias criminológicas.

Negativa de Ortega no evitará investigación

Carlos Herrera | Archivo de Divergentes.

Este escenario de rechazo de parte del régimen sandinista a la comisión de expertos, estaba contemplado desde la creación del mismo mecanismo. Raphaël Viana, miembro del ​​Servicio Internacional de Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés), explicó que esta piedra en el camino no impediría que se haga una investigación a fondo con un estándar de prueba bastante alto.

“Ya lo han demostrado casi todos los mecanismos de investigación que han sido creados por el Consejo de Derechos Humanos, porque en casi todas las situaciones los expertos no han podido acceder al país”, enfatizó Viena.

Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas del organismo defensor de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), agregó que aun sin la cooperación del régimen, el mecanismo va a tener margen para realizar su trabajo gracias a su amplio mandato.

Si bien estos esfuerzos llevan tiempo, analizó Taraciuk, son este tipo de iniciativas las que permiten ir armando el récord de evidencias que permitirán eventualmente garantizar acceso a la justicia y la reparación para las víctimas.

De acuerdo a la resolución aprobada por el Consejo de la ONU, los tres expertos independientes, una vez realizado el trabajo de investigación en Nicaragua, podrán aportar recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Asimismo guiar hacia el acceso a la justicia y la rendición de cuentas, y garantizar que los tratos o penas inhumanos o degradantes tengan un enfoque centrado en las víctimas.

El mecanismo también podrá colaborar con la Oficina de la Alta Comisionada, el Estado de Nicaragua, organizaciones internacionales de derechos humanos, organismos pertinentes de la ONU y la sociedad civil, con el objetivo de intercambiar información y apoyar a los esfuerzos para promover la rendición de cuentas”, señala la resolución.