La diplomacia del nuevo gobierno de Xiomara Castro ha trastabillado en la Organización de Naciones Unidas (ONU), frente a la aprobación de una resolución que ordenó crear un “grupo de expertos en derechos humanos” con un mandato de investigación y rendición de cuentas por las graves violaciones cometidas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Pese a que el voto negativo hondureño quedó patente en la pizarra del organismo, la administración del Partido Libertad y Refundación (Libre) salió al paso por las críticas recibidas: El canciller Eduardo Enrique Reina dijo que todo se trató de una confusión, maximizada por “los medios de comunicación”.
Tiziano Breda, analista para Centroamérica en Crisis Group, dijo a DIVERGENTES que este malabar diplomático puede obedecer a dos razones. En principio una providencia de la administración Castro para cuando tenga una crisis interna pueda no tener tan en contra a la comunidad internacional, en especial un país vecino como Nicaragua, con cuyo gobierno Libre y el expresidente Manuel Zelaya han tenido cierta afinidad, aunque la relación se haya enfriado recientemente. Y la otra puede responder a las presiones que la opinión pública nacional e internacional, particularmente de Estados Unidos, ejerce sobre la situación en Nicaragua.
La aprobación de este mecanismo por la ONU ha resultado un hito para las víctimas de la represión política en Nicaragua, condenada por casi todos los países de la organización. Prueba de ello es que contra la resolución sólo votaron Rusia, Cuba, China, Venezuela, Bolivia, y Eritrea, un país africano. Todos ellos dictaduras o regímenes autoritarios. Sin embargo, Honduras después de la sesión intentó cambiar su voto y aseguraron que se “abstuvieron”.
Daniel Zovatto, jurista y experto en democracia, dijo que si bien la abstención de Honduras es mejor que votar en contra, “tampoco le hace bien a la imagen y credibilidad del nuevo gobierno de Xiomara Castro”. “No estamos hablando de diferencias ideológicas sino de exigir que se investiguen los crímenes cometidos por la dictadura Ortega-Murillo. De eso se trata”, sostuvo.
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“Hubo un malentendido de los medios de comunicación en el manejo de esta noticia”, dice un comunicado emitido por la Cancillería en Tegucigalpa. “Honduras se abstuvo de votar en la reciente resolución (…) sobre supuestas irregularidades relacionadas a esta temática”.
El primero en alegar “error de comunicación entre Tegucigalpa y Ginebra (donde funciona una de las sedes de la ONU)” fue Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico. Según él, la corrección fue aceptada en Ginebra.
“Se ve descoordinación interna, pero sí se le ve el lado positivo, hay cierta sensibilidad del gobierno de Xiomara Castro hacia la opinión pública sobre determinados temas. Revisar ciertas decisiones si hay presiones”, dijo Breda.
El abogado y defensor de derechos humanos, Joaquin Mejía Rivera le dijo al medio hondureño Contracorriente que lo del gobierno de “Castro ha sido una decisión lamentable”. “Sobre todo porque refleja el doble discurso del Gobierno alrededor del tema de derechos humanos. Por un lado, cuestionan al régimen de Juan Orlando Hernández por las violaciones de derechos humanos que cometió en su administración; pero al mismo tiempo no condenan y se oponen ante las Naciones Unidas para que se cree una comisión internacional de investigación de los crímenes de Daniel Ortega. Yo creo que esta decisión no se puede justificar de ninguna manera”, insistió.
Aunque legalmente no se puede cambiar el voto en la ONU, el investigador senior de la división para las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier, sostuvo que lo que se busca es “que quede una nota en el informe final de la sesión indicando la posición posterior de Honduras”.