El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó este jueves con 20 votos una resolución que establece la instalación durante un año de un “Grupo de Expertos de Derechos Humanos” con un mandato de investigación y rendición de cuentas de las graves violaciones cometidas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El mecanismo, aprobado durante la sesión 49 del Consejo, estaría compuesto por tres expertos independientes que trabajarán de la mano con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Los expertos realizarán investigaciones exhaustivas e independientes sobre las violaciones de los derechos humanos, establecerán hechos y circunstancias, recogerá y preservará pruebas, identificará a los responsables y formulará recomendaciones con un enfoque centrado en las víctimas; todo esto aportará a futuros procesos de justicia internacional”, explicó Ligia Gómez, vocera de la organización Urnas Abiertas.
La solicitud de este mecanismo es un pedido del “Colectivo 46/2”, una coalición conformado por 21 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, que a lo largo del año pasado ha realizado un monitoreo acucioso que confirma que el régimen Ortega Murillo no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones aprobadas anteriormente. Todo lo contrario, ha incrementado la represión y no ha demostrado intenciones de reanudar una cooperación significativa con la comunidad internacional.
De acuerdo a la resolución aprobada por el Consejo de la ONU, los tres expertos independientes, una vez realizado el trabajo de investigación en Nicaragua, podrán aportar recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Asimismo guiar hacia el acceso a la justicia y la rendición de cuentas, y garantizar que los tratos o penas inhumanos o degradantes tengan un enfoque centrado en las víctimas.
El mecanismo también podrá colaborar con la Oficina de la Alta Comisionada, el Estado de Nicaragua, organizaciones internacionales de derechos humanos, organismos pertinentes de la ONU y la sociedad civil, con el objetivo de intercambiar información y apoyar a los esfuerzos para promover la rendición de cuentas”, señala la resolución.
“En medio de la represión y ante un sistema de justicia cooptado que es pieza clave de la represión, el establecimiento de un mecanismo de rendición de cuentas por el Consejo de la ONU, es el respaldo que las organizaciones de derechos humanos necesitamos para asegurar verdad, justicia y reparación para las víctimas en un futuro proceso”, expresó la vocera de Urnas Abiertas.
La aprobación del mecanismo ocurre casi cuatro años después de las protestas cívicas de abril de 2018. Y en medio de un contexto de represión marcado por detenciones arbitrarias, persecución generalizada y la condena a siete precandidatos presidenciales y una decena de activistas políticos.
En teoría el Consejo pedirá al grupo de expertos que presente un informe en su 52 período de sesiones, durante un diálogo interactivo. Para lograr este objetivo, solicitó la inmediata puesta en funcionamiento del mandato y pidió al Secretario General que proporcione al grupo de especialistas todo el apoyo administrativo, técnico y logístico y los recursos necesarios para que pueda cumplir su mandato.
Alarma por la muerte de Hugo Torres
Durante la lectura de la resolución, el Consejo de la ONU recordó la muerte de Hugo Torres Jiménez, preso político detenido en condiciones atroces desde su arresto en junio de 2021, y que finalmente falleció el pasado doce de febrero en una sala del Hospital Carlos Roberto Huembes.
“Estamos preocupados por los recientes informes sobre juicios de personas detenidas arbitrariamente, que se han celebrado sin respetar las garantías procesales o legales, incluidos los derechos a la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad, a una audiencia justa y pública por parte de un tribunal competente, independiente e imparcial, y a disponer de tiempo y medios adecuados para preparar la defensa”, señala el documento.
El Consejo también se manifestó sobre la cancelación de más de 130 organizaciones no gubernamentales, universidades y medios de comunicación independientes que se han visto obligados a cesar sus actividades debido a las limitaciones administrativas y financieras indebidamente restrictivas impuestas por las reformas legales aprobadas desde 2018.
“Instamos al Gobierno de Nicaragua a restablecer el registro legal de las organizaciones de la sociedad civil, las universidades y los medios de comunicación independientes que han sido cancelados desde 2018, y a devolver los activos incautados, incluidos los bienes confiscados”, indicaron en la resolución.
En la resolución el Consejo de la ONU expresó su alarma por el retroceso democrático y la continua crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua. También por la erosión del Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y la separación de poderes, y su impacto multidimensional en el disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Señaló una grave preocupación por el continuo desprecio del Estado de Nicaragua por sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluida la no presentación de informes periódicos a los órganos de tratados pertinentes, y la falta de voluntad del Estado para entablar un diálogo constructivo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
“En Nicaragua se impide a las víctimas de violaciones de derechos humanos ejercer su derecho a un recurso efectivo, que puede incluir la reparación y la plena revelación de la verdad, y restringen aún más los derechos a la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica y de circulación, limitando indebidamente la participación política y las actividades de los defensores de los derechos humanos y de la sociedad civil”, detalla la resolución.
Ortega no reconoce mecanismo de la ONU
Unas horas después de la aprobación del mecanismo por parte del Consejo de la ONU, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo rechazó rotundamente la resolución argumentando que se realizaron valoraciones instrumentalizadas y derivadas de intereses económicos y políticos de “países imperialistas cuya finalidad es afectar la dignidad y soberanía de los pueblos”.
El régimen sandinista expresó que el informe solo recogía las voces de algunos sectores minoritarios definidos bajo el diseño de la política interventora de las grandes potencias que no “toman en consideración las valoraciones del Estado de Nicaragua”.
“No nos cansaremos de demandar que este organismo observe de manera imprescindible, en todas sus actuaciones, el principio de no intervención y de un trato igual para todos los estados partes de este sistema universal de derechos humanos”, justificó el régimen a través de una nota de prensa oficial.