Pedir ayuda a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha vuelto una moda entre los regímenes de Nicaragua y Venezuela. En la XIII Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América–Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Daniel Ortega y Rosario Murillo arremetieron contra la escalada militar en Palestina y exigieron la intervención de la ONU en la guerra.
El pasado martes, Venezuela también pidió el apoyo al secretario general de la ONU, António Guterres, en medio de las tensiones que mantiene con Estados Unidos y que se han intensificado en las últimas semanas a raíz de señalamientos de Washington contra el presidente Nicolás Maduro y del despliegue de buques de la Marina estadounidense cerca de las aguas territoriales del país sudamericano. Yván Gil, canciller de Venezuela, dijo en un comunicado difundido en sus redes sociales que hizo esta solicitud durante una reunión que sostuvo con el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla.
Llama la atención que Ortega y Maduro, pese a su discurso hostil contra los organismos internacionales, ahora busquen respaldo en la ONU y exijan acciones ante la violencia, la hambruna y la muerte en Palestina. En el caso venezolano, el canciller Gil pidió “restablecer la sensatez” y advirtió que el despliegue de unidades militares de Estados Unidos en el Caribe representa una amenaza contra la paz.
Lo de Ortega, el giro roza el absurdo: reclama la intervención de la ONU en Medio Oriente mientras en Nicaragua expulsó, denigró y hasta confiscó bienes a las mismas agencias que hoy pretende usar de respaldo.
Con el retiro de Nicaragua del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el régimen copresidencial acumula ya siete quiebres con organismos asociados a la ONU, en una escalada iniciada en febrero de 2025. Primero fue la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), después el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y, finalmente, la abrupta salida de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), tras haber otorgado al diario La Prensa el Premio Mundial a la Libertad de Prensa 2025.
Datos que no gustaron al régimen
El informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2024” de la FAO reveló que en Nicaragua el porcentaje de personas subalimentadas aumentó a 19.2% entre 2021 y 2023, lo que equivale a 1.4 millones de nicaragüenses que no comen lo suficiente. El dato cuestiona directamente el discurso del régimen Ortega y Murillo, que insiste en presentar al país como un modelo mundial de “seguridad alimentaria”.
La incomodidad del régimen se tradujo en una represalia inmediata: el 3 de febrero de 2025 ordenó el cierre de las oficinas de la FAO en Nicaragua. El canciller Valdrack Jaentschke transmitió la decisión en una carta al director general del organismo, Qu Dongyu, en la que acusó a la agencia de la ONU de difundir “información falsa y (que) carece de objetividad y rigor metodológico”.
“Rechazamos (el informe) por carecer de objetividad, rigor metodológico, por contener información falsa, con tendencia injerencista, agresiva y que ha sido difundida de manera malintencionada con fines políticos”, declaró Jaentschke. Agregó además que el documento “contiene información y datos sobre Nicaragua que no fueron autorizados, ni consultados a nuestras Instituciones, ni validados por el Gobierno de la República de Nicaragua”.
La reacción de Ortega y Murillo al cierre de la FAO ilustra el patrón del régimen: negar datos independientes y expulsar a organismos internacionales cuando estos contradicen su narrativa oficial.
OEA: “Diabólico instrumento”
En abril de 2022, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó a la Organización de Estados Americanos (OEA) de Nicaragua, tras retirar las credenciales de sus representantes y allanar su sede en Las Sierritas de Santo Domingo, en Managua. La medida se produjo luego de que el 19 de noviembre de 2021 el Gobierno sandinista anunciara su renuncia a la OEA.
El canciller Denis Moncada Colindres, en cadena nacional, leyó un comunicado en el que afirmó: “Ratificamos nuestra invariable decisión de abandonar la OEA, según lo expresado el día 19 de Noviembre del 2021, y al confirmar nuestra denuncia y renuncia irrevocables, ante esta calamitosa, truculenta y mentirosa dependencia del Departamento de Estado del imperialismo yanqui”.
Sus palabras respondieron a la resolución del Consejo Permanente, que con 25 votos declaró que “las elecciones nicaragüenses del pasado 7 de noviembre no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.
Moncada agregó que Nicaragua no tendrá presencia en ninguna instancia de la OEA, a la que calificó como un “engañoso mecanismo, un diabólico instrumento y un instrumento de administración colonial” que, según él, no representa la unión soberana de “nuestra América caribeña”. Finalmente, el funcionario anunció el retiro de los representantes nicaragüenses en Washington, sede central de la organización.
Ortega y Murillo abandonan OIT y OIM en medio de críticas por gestión migratoria
Nicaragua sorprendió en febrero de este año la decisión de retirarse de la OIT y de la OIM, a las que acusó de actuar “politizadamente prestándose a maniobras de desestabilización e injerencismo” sobre el país. Una vez más, el canciller Valdrack Jaentschke fue el encargado de anunciar la decisión.
El 27 de febrero, el régimen notificó formalmente su salida mediante cartas enviadas a Amy Pope, directora general de la OIM, y a Guy Ryder, director general de la OIT. En ellas rechazó el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2024, calificándolo de “falso, malintencionado e irresponsable”.
La medida de la dictadura se produce en un contexto de creciente señalamiento internacional por la gestión de la migración en Nicaragua: mientras la represión interna ha provocado un éxodo masivo de nicaragüenses, el régimen sigue facilitando la entrada de extranjeros a través de vuelos chárter, obteniendo beneficios económicos, aunque públicamente afirma combatir la migración ilegal con “firmeza”.
En sus alocuciones diarias, la copresidenta Rosario Murillo reforzó la narrativa oficial al señalar que ambos organismos “no cumplen con la misión para la que fueron creados”. Sobre la OIT afirmó que “las decisiones que ha venido tomando el Consejo de Administración son parcializadas, carecen de objetividad, se basan en información sesgada y en informes de organismos que se han prestado y se prestan a las maniobras de quienes atentan, han atentado y continúan atentando contra la paz, la tranquilidad de los nicaragüenses”.
En el caso de la OIM, Murillo ordenó el “cierre inmediato de su representación y oficina” en Managua y alegó que “con estas comunicaciones, estamos cortando relaciones, cerrando estas relaciones, con estos organismos que no cumplen con su deber de servir al bien de todos, organismos que actúan politizadamente prestándose a maniobras de desestabilización e injerencismo”.
Nicaragua abandona el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ante señalamientos por violaciones
Ese mismo febrero, el régimen notificó al sistema de Naciones Unidas su decisión de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de sus mecanismos, calificándola como “decisión soberana e irrevocable”.
En la misiva enviada a Jürg Lauber, presidente del Consejo, el régimen argumentó que este organismo viola su propia normativa, contenida en la Resolución 62/5. La carta se refería al informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, presentado el 26 de febrero durante la 58.ª sesión del Consejo, que documenta la participación activa del Ejército en la represión de 2018 y las sistemáticas violaciones a los derechos de los nicaragüenses.
Las críticas más recientes y la renuncia de Nicaragua a organismos del sistema de Naciones Unidas se reflejan en la salida de Acnur, el pasado 12 de junio, bajo el argumento de que se trata de “un instrumento de manipulación, de doble rasero y de injerencia en los asuntos internos de los Estados, al servicio de las Potencias que aún no aceptan el derecho de los Pueblos y Naciones a su Soberanía y Autodeterminación…”, según la Cancillería.
Aunque Ortega y Murillo exigen a la ONU intervenir en conflictos como la guerra en Palestina, su historial muestra lo contrario: expulsan organismos que apoyan al país, los acusan de injerencistas y luego piden ayuda cuando les conviene. El doble discurso del régimen revela un creciente aislamiento y contradicción entre su retórica internacional y sus acciones internas.