La fiscalía general de El Salvador, controlada por el presidente Nayib Bukele, ha tenido presa a la abogada Ruth Eleonora López casi 600 días sin que esté claro cuáles son los cargos por los que la detuvieron en mayo de 2025 y, más importante, cuáles son las pruebas del Estado. Después de casi dos años, el régimen ha expuesto algunos de sus argumentos legales, más allá de las calumnias escritas por troles y medios de noticias falsas, y lo ha hecho a través de un portal vinculado a empleados de Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea Legislativa y uno de los políticos más cercanos al presidente.
Todo, desde la captura y los cargos iniciales hasta el raquítico pliego de la acusación hecha por la fiscalía de Bukele, es otra farsa judicial en la que la acusación se basa en figuras delictivas que no aplican, mentiras y ocultación de pruebas de descargo.
Para escribir este texto tuve acceso a trámites relacionados con el préstamo bancario que Ruth López hizo para comprar su casa, a algunos documentos proveídos por la hermana de la abogada y a fuentes en el sistema bancario salvadoreño, en el órgano judicial, en la Policía Nacional Civil y en el Ministerio Público.
El argumento del régimen es que Ruth López tuvo un incremento patrimonial no justificado de 170 000 dólares, entre depósitos bancarios, pagos en efectivo y compras de propiedades. El 97% de esa cantidad, 165 000 dólares, proviene de dos préstamos que la abogada hizo para comprar una casa el 29 de septiembre de 2016. El primer préstamo fue del Banco Agrícola de El Salvador por 148 500 dólares y el segundo, por 16 500 dólares, fue otorgado por un familiar. Ambas cantidades están justificadas con documentación legal.
Los otros 5000 dólares que, según el oficialismo, Ruth López no puede justificar, vienen de fuentes varias, entre viáticos que recibió cuando fue asesora del Tribunal Supremo Electoral (TSE) o dinero para manutención de sus hijos. Para manutención, López ha recibido alrededor de 600 dólares mensuales para sus dos hijos, es decir, unos 72 000 dólares en los últimos 10 años. Cuando habla de estas cantidades, la fiscalía de Bukele dice, en el expediente, que “se desconoce el origen” del dinero. Eso es mentira: los fiscales saben de dónde vienen los fondos.
Es decir, el régimen de Bukele ha criminalizado a Ruth López por pedir un préstamo para comprar una casa; un inmueble, además, del que ella no es propietaria única.
No ha hecho lo mismo la fiscalía bukelista, investigar a los beneficiarios de créditos hipotecarios, con los casos de 22 funcionarios gubernamentales y tres primos del presidente Bukele, quienes entre 2019 y 2023 recibieron créditos preferenciales del Banco Hipotecario -estatal- por 4.9 millones dólares según Focos TV. Entre los favorecidos en esa piñata están las diputadas Alexia Rivas y Suecy Callejas, vicepresidentas legislativas, y Ernesto Castro, el presidente del congreso, vinculado al portal de noticias falsas en el que el régimen ha querido criminalizar a Ruth López.
Especialistas consultados por Focos TV en aquel momento dijeron que la entrega de esos fondos a los funcionarios de Bukele podría configurar delitos penales, como tráfico de influencias o negociaciones ilícitas, o de violaciones éticas contempladas en la ley, como conflicto de intereses o uso indebido del cargo. El fiscal de Bukele, sin embargo, nunca abrió expedientes, tampoco metió preso a nadie.
Entre organismos internacionales de derechos humanos, congresistas estadounidenses y europeos, funcionarios de Naciones Unidas y fundaciones altruistas, sobre todo en el campo del derecho internacional, la razón real de la captura de López no se atribuye a las acusaciones penales fabricadas por el régimen de Bukele, sino a las denuncias formales que la abogada hizo, ante las cortes e instituciones nacionales y extranjeras, de la corrupción en el gobierno salvadoreño.
Desde que Bukele la metió presa, Ruth López ha recibido el Premio Magnitsky 2025 por su lucha anticorrupción, el Premio por Defender Derechos entregado por organizaciones civiles francesas y europeas, el Premio de la American Bar Association por su labor de defensa del Estado de Derecho y la Transparencia, también en 2005, y, este año, el Premio al Héroe contra la Delincuencia y la Corrupción otorgado por el proyecto de periodismo contra la corrupción (OCCRP) y el Premio Sir Henry Brooke, otorgado por una organización de abogados en el Reino Unido. Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares para protegerla.
En el Congreso de los Estados Unidos en Washington, el caso de Ruth López se ha discutido como ejemplo de represión, violación de derechos fundamentales y arbitrariedad estatal en foros sobre el ascenso del autoritarismo en América Latina y sobre los desmanes cometidos por Bukele en el marco del régimen de excepción impuesto en 2022. Congresistas como el demócrata Jim McGovern, de Massachusetts, han pedido en el pleno del Capitolio atención al caso de la abogada salvadoreña.
Nayib Bukele, a través de su fiscalía, sus medios de noticias falsas y sus funcionarios de exteriores, han respondido con silencio, con acusaciones sin fundamento armadas en despachos fiscales o con más acoso a la familia.
Las cuentas
Los 170 000 dólares que según el oficialismo muestran que Ruth López cometió crímenes están justificados, así como los pagos que ella, su esposo y su madre hicieron a los bancos que les desembolsaron esos fondos, como comprueban los documentos que he revisado y las confirmaciones de las fuentes judiciales y fiscales que obtuve.
Ruth y su esposo, Louis Benavides, empezaron a pagar el crédito inicial que les había hecho el Banco Agrícola en 2016 ese mismo año. Lo hacían con lo que ellos ganaban, ella entre 3000 y 3500 dólares como asesora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y él 4200 dólares como secretario general del Tribunal Electoral. Esos son los salarios asignados a los puestos que ambos ocuparon según lo establecido en los reglamentos internos y administrativos de esas instituciones y es, con algunos ajustes leves, lo que ganan ahora los funcionarios que han ocupado esos puestos después de López y Benavides.
Según cálculos de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF), la banca privada exigía un ingreso mancomunado entre 3600 y 4500 dólares para otorgar un préstamo entre 160 000 y 180 000 dólares, con cuotas promedio de 1300 mensuales. Ruth López y su familia cumplían con esos requisitos.
En enero de 2018, Ruth López y su esposo pudieron aportar capital a su crédito hipotecario, en concreto, 32 000 dólares que llegaron en parte de un refinanciamiento con otro banco del sistema y en parte de fondos que les prestó Eleonora Alfaro, la madre de Ruth.
Ese dinero lo entregaron al Banco Agrícola, la institución que les había prestado el dinero, que hasta ahora se ha negado a facilitar a las autoridades judiciales comprobantes de esos pagos. Esto es importante: parte de lo que el régimen endilga a Ruth López como fondos no justificados son estos 32 000 dólares que el Agrícola recibió. Pero están justificados: López y su familia entregaron al Agrícola un cheque de gerencia o de caja por 22 000 dólares proveniente del Banco Promérica y otros 10,000 extraídos de una cuenta bancaria familiar. La familia de Ruth López tiene comprobantes de todo esto que he podido ver.
Lo que el banco dijo ante peticiones oficiales hechas en el contexto del proceso abierto por la fiscalía también es problemático. Cuando la fiscalía preguntó por los 32 000 dólares, el banco respondió que habían sido entregados en efectivo, lo cual no fue así. Fuentes judiciales me confirmaron que pidieron al banco que, si el dinero había sido entregado en efectivo, facilitara los formularios de justificación de fondos superiores a 10,000 dólares que, por ley, debían de haber hecho; no han entregado nada. “Silencio absoluto.
Silencio porque no es cierto lo del ‘cash’, no lo es porque los cheques y documentos que garantizan la trazabilidad del dinero están ahí ”, me dijo una fuente judicial que conoce de cerca el caso.
Traté de contactar al banco, pero no me respondieron.
Tras amortizar capital, López y su esposo refinanciaron la deuda con el Scotiabank, que hoy es el Banco Cuscatlán. Les dieron 107 811.25 dólares.
El 11 de julio de 2018, Eleonora Alfaro, la madre de Ruth López, vendió una casa de su propiedad en Alpes Suizos, una colonia de clase media en un suburbio de San Salvador por 75 000 dólares. Alfaro entregó ese dinero a su hija como herencia adelantada. A eso sumaron 10 000 dólares de ahorros para abrir un depósito a plazos por 85 000 dólares, que cancelaron el 9 de mayo de 2019. Con ese dinero y otros fondos aportados por la madre de Ruth López, la pareja canceló su crédito hipotecario con la banca privada salvadoreña ese mismo 9 de mayo de 2019.
De todos estos movimientos hay comprobantes que han sido ofrecidos en el caso abierto contra Ruth López.
Y eso es todo. Fondos obtenidos de préstamos bancarios y aportes familiares, como la mayoría de salvadoreños o salvadoreñas de clase media que se hicieron de una casa en 2016.
Al dinero obtenido de créditos bancarios y personales, los acusadores de Ruth López han querido agregar supuestos depósitos sospechosos que terceros realizaron a nombre de la abogada. Esos depósitos suman unos 3000 dólares en cinco años y son, la mayoría, ingresos por viáticos que el TSE entregaba a López como parte de misiones oficiales que le asignaba. Los terceros son compañeros de oficina cuyas funciones incluían asistir a otros empleados en trámites como estos.
La receta que el régimen de Bukele ha aplicado a Ruth López es la misma que han sufrido otros críticos del Gobierno, en cuya información personal, bancaria y hacendaria han hurgado fiscales y otros agentes del estado o paraestatales. Esos expedientes abiertos a las voces críticas han terminado, en el peor de los casos, en procesos penales sin fundamento y en cárcel, como ocurrió con López, o en decomisos y congelamientos ilegales de inmuebles y cuentas, como denunciaron miembros del periódico digital El Faro. También en exilios y en persecución internacional, como fue denunciado ante la comisión Tom Lantos de Derechos Humanos en el congreso de los Estados Unidos.
Todas las mentiras del régimen
Para no dar explicaciones sobre Ruth López y las acusaciones en su contra, como lo ha hecho en decenas de casos, incluidos los armados contra opositores y críticos del presidente, la fiscalía salvadoreña ha pedido reserva absoluta de ese proceso, una figura jurídica que permite a los jueces blindar expedientes judiciales con el secreto, so pena de cárcel a quien lo rompa. Pero, tras casi dos años, ese secreto se ha roto, de a poco.
Buena parte de los argumentos oficiales contra Ruth López fueron ventilados en un portal de noticias falsas creado el 21 de septiembre de 2026, dos semanas antes de la publicación difamatoria, por un hombre llamado Farlin Schneiders Méndez Rivera, quien puso Rusia como país de origen del sitio web, según una investigación de El Faro. Méndez Rivera utilizó, para registrar el sitio, datos de una empresa vinculada a un empleado de Ernesto Castro, el diputado favorecido con préstamos del Banco Hipotecario y uno de los hombres fuertes del régimen bukelista.
No es la primera vez que el nombre de Castro aparece vinculado a entramados de criminalización de críticos, periodistas y opositores a Bukele. En agosto de 2020, Castro se reunió con Alejandro Muyshondt, entonces asesor de seguridad nacional del gobierno, para pedirle que creara una oficina para espiar a periodistas y opositores; la propuesta está grabada en audios que dejó Muyshondt, quien murió cuando estaba en custodia del Estado salvadoreño luego de que el fiscal de Bukele lo acusó de traición y de que, según sospechas de la familia, un policía le diera una paliza. Uno de los agentes estatales nombrados en el caso de Muyshondt es el subinspector Carlos Hernández Ramírez, alias Chirriplín, quien al jubilarse de la policía pasó a trabajar en la Asamblea Legislativa bajo las órdenes de Castro.
El grupo de “Chirriplín” también está vinculado, como demostré en una investigación periodística publicada en el medio guatemalteco Prensa Comunitaria en 2025, con una ofensiva contra críticos de Bukele en mayo de aquel año, que incluyó la captura de Ruth López y el inicio de una persecución digital y física que ha orillado al exilio a unos 40 periodistas y a un número similar de exfiscales y defensores de derechos humanos. Entre agosto y septiembre de este año, un alto oficial de la policía, cuyo nombre no puedo divulgar por seguridad, me confirmó que el grupo de “Chirriplín” sigue activo. También me lo confirmaron dos víctimas que sufrieron acoso físico de parte de esos agentes paraestatales.
Desde que, en 2019, empecé a investigar y escribir sobre Bukele, su Gobierno, su fiscalía, los casos penales inventados contra opositores, sus sitios de noticias falsas y el grupo parapolicial que dirige “Chirriplín” he intentado, cada vez antes de publicar, entrevistar a los funcionarios involucrados. Nunca me han contestado. Esta vez fue igual.
La criminalización
La publicación de algunas de las cifras en el caso Ruth Eleonora López, en el relato oficialista difamatorio que ventiló el portal de noticias falsas vinculado el régimen de Bukele, fue solo el último capítulo en un largo libro de criminalización de la abogada salvadoreña que el presidente y sus empleados abrieron antes de 2025, cuando la capturaron. Previo a la cárcel, el acoso incluyó violencia digital contra la mujer, difamaciones, vigilancia y persecución física.
El régimen de Bukele entendía que Ruth López, como otros a los que ha perseguido, era una amenaza.
Como jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, López hizo denuncias sobre los temas más críticos para la administración de Bukele, sobre políticas y acciones que el régimen, a través de su propaganda, vendió con grandilocuencia, pero detrás de los que, casi siempre, se escondían actos de corrupción.
Esta es una lista de esos casos y de las denuncias que hizo Ruth Eleonora López, presa de conciencia:
- 2025: denuncias por violaciones de derechos fundamentales a 140 migrantes deportados por la administración Trump al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), la mayoría venezolanos sin antecedentes criminales. Denuncias al ministro de salud y otros funcionarios por beneficiar a familiares con contratos durante la pandemia de coronavirus. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Minería Metálica impulsada por el presidente.
- 2024: Dirigió investigación sobre el CECOT, la que determinó que esa cárcel vierte aguas residuales sobre tres comunidades aledañas. Presentó un aviso de investigación a la fiscalía exigiéndole investigar la legalidad de la entrega de 300 dólares durante la pandemia, los cuales, de acuerdo con otras investigaciones, fueron administrados en buena parte por miembros de las pandillas MS13 y Barrio 18.
- 2023: Pidió a la fiscalía investigar a la empresa Chivo Wallet, administradora de fondos destinados a promover el uso del Bitcoin entre la población; el uso del activo digital fue una prioridad de Bukele, quien con fondos públicos invirtió millones dólares en él sin ningún tipo de control. Presentó ante la fiscalía un aviso para investigar a Osiris Luna, el jefe carcelario del régimen, y a la madre de este, por actos de corrupción en los centros penales.
- 2022: Presentó recursos de inconstitucionalidad por las reformas legales que había aprobado el congreso bukelista para limitar de forma indefinida los derechos fundamentales de la población. Denunció ante la contraloría de la república y a Bukele y a tres de sus funcionarios por el uso indebido de fondos durante el coronavirus.
Por su trabajo y denuncia pública, en un país cada vez más militarizado y ante un presidente que ha hecho de la supresión de derechos una de sus principales políticas públicas, Ruth López se había convertido en una de las voces que con más fuerza y efectividad denunciaba al régimen, ante instituciones internas y ante el mundo, desde Washington hasta Bruselas.
Cuando, a mediados de 2025, escribí un reportaje sobre la policía política de Bukele, en el que revelaba, entre otras cosas, como el Gobierno salvadoreño escaló sus ataques, espionaje y vigilancia hasta embarcarse en arrestos indiscriminados de sus principales críticos, conté que Ruth Eleonora López era uno de los objetivos políticos del régimen. Desde el principio, a través de la fiscalía y el aparato de propaganda financiado con fondos públicos, Bukele quiso presentar a López como una delincuente, no lo logró nunca. Lo que le ha quedado es ventilar, en un sitio de noticias falsas, una acusación apócrifa en un caso que en un sistema judicial no controlado por los acusadores se caería a pedazos.
Cuando los policías del régimen fueron a sacar a Ruth de su casa y la arrestaron, cometieron dos ilegalidades. La primera fue evidente desde el principio: La policía no tenía orden de allanamiento y lo que los agentes le dijeron, del otro lado de la puerta, es que querían hablar con la dueña de un vehículo que estaba fuera porque había estado involucrado en un accidente. Cuando ella salió, pasadas las 11 de la noche, los agentes la arrestaron, por sospechas de peculado, le dijeron. El código penal salvadoreño establece que es un delito imputable a funcionarios que tuvieron bajo su cargo la custodia de fondos públicos. Ruth López nunca tuvo bajo su custodia fondos públicos cuando fue asesora del Tribunal Supremo Electoral o del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Es decir, es un delito que no se le puede imputar.
La segunda ilegalidad es más grave. Cuando la fiscalía de Bukele presentó la acusación ante los tribunales, sabiendo que no podía imputarla por peculado, el documento inicial de la fiscalía en que se basó la captura de Ruth López, en la que se lista ese delito como razón del arresto y el inicio del proceso judicial, había desaparecido, según me confirmaron dos fuentes judiciales. Desapareció o fue destruida. No está en el proceso.
Al darse cuenta de su error, el fiscal de Bukele, Rodolfo Delgado, aprobó el cambio de delito a enriquecimiento ilícito. Ahí empezó el invento del caso por el que Ruth López lleva presa casi 600 días sin juicio.