Camila Ortega Murillo organiza desde hace diez años “Nicaragua Diseña”, un evento de moda financiado por instituciones públicas en el que varios diseñadores nacionales e internacionales presentan colecciones de ropa. Además de su faceta fashionista, la hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tiene otra responsabilidad: administrar la compañía Celeste Sociedad Anónima (Celeste S.A.), mejor conocida como Canal 13, un medio de comunicación que desde 2015 ha sido beneficiado con contratos estatales cuyos montos totalizan 18,881,750.90 córdobas (539,478.597 dólares).
Celeste S.A. forma parte de una maquinaria de propaganda encabezada por los hijos del mandatario orteguista, periodistas y comentadores como Moisés Absalón Pastora y Adolfo Pastrán, y varias empresas de publicidad cuyos representantes legales están ligados a la familia presidencial. Se trata de una red cuyos beneficios monetarios entre 2015 y 2021, ascienden a los 108,600,487 córdobas (que al cambio de dólar actual equivalen a 3,102,871.05 dólares), todos bajo el concepto de “servicios de publicidad”.
DIVERGENTES tiene en su poder más de 300 contratos y adjudicaciones que prueban los beneficios millonarios que recibieron periodistas oficialistas, medios de comunicación y empresas de publicidad. El dinero salió de ocho instituciones del Gobierno: El Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), la Empresa Portuaria Nacional (EPN), el Instituto Nicaragüense Tecnológico (Inatec), la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), la Dirección General de Ingresos (DGI), el Banco Central de Nicaragua (BCN), la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEL).
“Son contratos bajo concepto de ‘publicidad’, pero básicamente es el pago por hacer propaganda”, aseguró una fuente vinculada a una de las instituciones de Gobierno que favoreció a las compañías durante estos años. “En nuestro presupuesto está segmentado a qué medio o persona le tenemos que entregar dinero”, confesó este funcionario que aceptó hablar con este medio de comunicación bajo anonimato.
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Aunque el representante legal del medio de comunicación Canal 13 es José María Enríquez Moncada, el Departamento del Tesoro confirmó que desde el año 2011, Camila Ortega coordina y dirige ese canal de televisión. El Tesoro sancionó a la hija del comandante el pasado nueve de junio y en su informe señaló que esa “compañía de comunicación familiar” difunde propaganda estatal. (ver contratos otorgados a Canal 13 aquí)
Enríquez Moncada es un abogado de confianza de la familia Ortega Murillo. Es representante legal de varias empresas del régimen, entre ellas la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, la cual fue nacionalizada en 2019 luego de que el Tesoro sancionara a Rafael Ortega Murillo, hijo del comandante.
Moncada también es vicepresidente de la Fundación TN8, cuya presidenta es Yadira Leets Marín, esposa de Rafael Ortega Murillo. En febrero de 2021, la plataforma digital Connectas publicó un reportaje que documentó parte de los contratos oficiales que los hijos de Ortega recibieron de parte del Estado. (Ver documentación aquí)
Los contratos del “sucesor de Sandino”
Juan Carlos Ortega Murillo es el tercero de los siete hijos de la pareja Ortega-Murillo. Su madre, Rosario Murillo, le bautizó como “el sucesor de Sandino”, según un reportaje publicado en La Prensa. También es guitarrista de Ciclo, su propia banda de Rock, que formó con un grupo de amigos desde hace muchos años.
El pasatiempo favorito de Juan Carlos es condenar y atacar a Estados Unidos en Twitter:
Además de tocar con su banda de rock, ir a las playas del pacífico y desatarse en Twitter, Juan Carlos está a cargo de la dirección de la empresa Televisora Nicaragüense S.A, mejor conocida como Telenica Canal 8.
Desde 2015 esta empresa ha sido beneficiada por el Estado con contratos que suman 22,905,362 de córdobas que al cambio de dólar actual equivalen a 654,438.914 dólares. El representante legal de este medio de comunicación, según la documentación oficial, es Mauricio Jacobo García Arcia, quien figura también como fiscal de la Fundación TN8. (ver contratos de Telenica Canal 8 aquí)
Sin embargo, esta no es la única compañía que dirige Juan Carlos. El hijo del presidente también administra Difuso Comunicaciones Sociedad Anónima, conocida comercialmente como Difuso. Esta es una empresa de publicidad y relaciones públicas que produce la mayor parte de las campañas publicitarias para el Estado y para el partido Frente Sandinista. El representante legal de esta empresa es Danilo Lechado Cruz, amigo íntimo del hijo del presidente.
La compañía de publicidad fue beneficiada con 7,459,741.89 de córdobas desde 2015. Según el Departamento del Tesoro, que lo sancionó en 2019, la empresa produce la mayoría de las campañas publicitarias de radio y televisión para el Gobierno, varias instituciones gubernamentales y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. (ver contratos otorgados a Difuso aquí)
La documentación en poder de DIVERGENTES prueba lo dicho por el Departamento del Tesoro. Los contratos para publicidad que ha recibido desde 2015 Difuso, han sido del Intur, la EPN, Inatec y Enatrel.
Juan Carlos fue designado por el Tesoro por ser responsable o cómplice de haber participado o intentado, directa o indirectamente, en una transacción o una serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción, en nombre de, o de otra manera relacionado con el Gobierno de Nicaragua, con un funcionario actual o anterior del Gobierno de Nicaragua, como la apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno.
En total las empresas de los hijos del presidente han recibido de la partida estatal al menos 49,246, 854.7 córdobas (1,407,052.99 dólares), que equivaldría a la construcción de al menos 12 pozos de agua potable cuya inversión, según el mismo Gobierno, es de 3.8 millones de córdobas.
La caja de resonancia del régimen
Moisés Absalón Pastora es una de las muchas cajas de resonancia que el régimen Ortega-Murillo utiliza para transmitir su narrativa. A través de su programa “Detalles del momento”, el comentarista oficialista azuza a las bases sandinistas, amenaza a periodistas y opositores de la dictadura, y despotrica, casi todos los días, contra el “maldito imperio”. Su trabajo, eso sí, no es por “amor” al partido y tampoco lo paga el sandinismo. Las diatribas que salen del estudio improvisado que tiene en su casa, y que se transmiten en televisión nacional por el estatal Canal 6, son remuneradas con el dinero de los impuestos de los nicaragüenses.
Pastora, cuyo programa se transmite de lunes a viernes a las 7:00 de la mañana por Canal 6, un medio de comunicación del Estado que el régimen utiliza para hacer propaganda política, recibió en dos años 1,100,909.28 de córdobas de la EPN, Enel y Enatrel. (ver contratos otorgados a Pastora aquí)
La descripción de las contrataciones de Pastora señalan que brindará un “servicio de publicidad por un período de 12 meses en un programa de opinión y entrevista en horario matutino, donde se aborden temas que orienten a la opinión pública de forma objetiva y balanceada”. Un resumen que contrasta por mucho con lo que hace el comentarista oficialista, quien dedica buena parte de su programa para amenazar a opositores y periodistas.
En marzo de 2021, Pastora amenazó a la periodista Jennifer Ortiz, directora de Nicaragua Investiga. “Como periodista quien se mete a la cocina se quema, y comencemos, partiendo de que esta estufa de fuego se comience a calentar, un fuego alto, donde todos esos que ni siquiera tienen piso, podrían verse consumidos por las llamas de un infierno, nosotros preferimos triturarlos al suave, comérnoslos despacito como plato frío”, manifestó Pastora.
En su programa del nueve de junio, Pastora se mofó de las siete detenciones que había ejecutado, hasta ese momento, la dictadura orteguista a través de la Policía Nacional, en contra de opositores y precandidatos presidenciales. En esa ocasión dijo: “Estas fichas que están bien guardadas, están procesadas por nuestras leyes cuya aplicabilidad es parte esencial del Estado de Derecho. Nuestras instituciones públicas están obligadas a observar lo que puedan berrear las venenosas víboras del fascismo imperial”.
La cacería contra opositores se ha sostenido en uno de los pilares del régimen: la propaganda. Las 18 detenciones ocurridas en junio de 2021 han sido anunciadas previamente por una batería de memes, videos y montajes difundidos por cuentas anónimas afines al sandinismo que operan en instituciones públicas. Y que son retomados por programas como los de Pastora.
En el aparato de propaganda también está involucrado Julio Avilés Sánchez, hijo del jefe de Ejército Julio César Avilés. Las plataformas digitales operan en las oficinas de Correos de Nicaragua, la Alcaldía de Managua y el Instituto Nicaragüense de la Juventud. En estos puntos, una fuente informó que se “trabaja a tope” creando desinformación para “sembrar dudas en redes sociales”.
Los otros periodistas oficialistas beneficiados
Anselmo Adolfo Pastrán es otro de los periodistas oficialistas que fue beneficiado con contratos estatales. Sin embargo, su caso fue de menos a más. Previo a la Rebelión de Abril de 2018, se perfilaba como “alguien neutral”, confiesa una persona cercana a su círculo y que pidió el anonimato.
“Siempre ha sido dueño de Informe Pastrán, pero tenía un programa en el Canal VOSTV que se llamaba Nicaragua Empresaria. Estaba como pez en el agua porque era vocero de la alianza público privada”, agrega la persona cercana a su círculo.
Lo dicho por esta fuente se evidencia en la partida publicitaria que recibió Pastrán desde 2016 hasta 2020. En ese primer año se le adjudicó un contrato por 48,000 córdobas. En 2017, Enel le entregó otro por 96,000 córdobas. “El 2018 fue un año oscuro porque el Cosep canceló el programa que tenía en VOSTV”, continúa la fuente.
El año oscuro de Pastrán se aclaró en 2019. Sus ingresos en publicidad gubernamental fueron aumentando a medida que se acercó al partido rojinegro. Ese año recibió 579,000 córdobas de parte de Enel y Enatrel en concepto de publicidad para su programa Informe Pastrán TV, transmitido en Canal 6. (ver contratos otorgados aquí)
En 2020 la pauta publicitaria para Pastrán fue de 588,000 córdobas. La descripción de la contratación refiere que es un “servicio por un período de 12 meses en un programa de opinión y entrevista en canal de televisión nacional, sobre economía, política y Gobierno en horario nocturno, enfocado en el desarrollo”. Nuevamente las instituciones que beneficiaron fueron Enel y Enatrel.
El 10 de junio Pastrán invitó a su programa al diputado sandinista Carlos Emilio López para “explicarle” a la ciudadanía la ley 1055, “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo”. Una ordenanza que usa el régimen en contra de opositores, precandidatos presidenciales y empresarios, para detenerlos e investigarlos por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”.
“Las decisiones de Nicaragua en base a estos derechos de nuestra soberanía se toman en Managua, no en Washington”, dijo López en la entrevista. Pastrán, en tono complaciente, agregó que “ni en Bruselas”.
El tercer periodista que recibió contratos publicitarios de parte del Gobierno fue Alberto Mora. Sin embargo, no lo hizo a título personal, sino a nombre de dos empresas: Importaciones y Servicios Sociedad Anónima, y Comunicación Televisiva Sociedad Anónima. Las adjudicaciones ocurrieron en 2015, 2020 y 2021, y suman un total de 2,218,160 córdobas. Las instituciones que beneficiaron a Mora fueron Enatrel, Inatec y la EPN. (ver contratos aquí)
Alberto Mora ha sido uno de los periodistas oficialistas que más tiempo ha estado con el régimen Ortega-Murillo. Tiene un programa matutino en Canal 4 desde hace varios años. La descripción de las contrataciones apunta a la transmisión de spots institucionales en el espacio audiovisual que dirige.
Mora utiliza su programa para entrevistar a funcionarios de Gobierno y también para arremeter en contra de la oposición nicaragüense. Aunque no usa el tono de Absalón Pastora, su discurso es más digerible pero contiene el mismo mensaje: transmitir la narrativa del régimen orteguista.
Dos empresas, una sola representante legal
In & Out Publicidad es una empresa de publicidad que se dedica a la instalación de rótulos en las carreteras del país. También ha sido contratada por el Gobierno para realizar campañas publicitarias y brindar servicios de publicidad en el Hackathon Nicaragua 2019. Según la documentación en poder de DIVERGENTES, esta compañía ha recibido desde 2015 al menos 27, 397,408.20 de córdobas. (ver contratos otorgados aquí)
La representante legal de In & Out Publicidad es Ángela Gabriela García Hurtado (ver documento aquí). Su principal socia, según documentos oficiales, es Mayling Patricia Alegría Doña. Esta última es la secretaria de la Fundación TN8, cuya presidenta es Yadira Leets Marín, esposa de Rafael Ortega Murillo, hijo del presidente Daniel Ortega. (ver gaceta de inscripción de fundación aquí)
Hasta 2018, la socia de García Hurtado también era concesionaria de la red de gasolineras administradas por la esposa de Rafael Ortega Murillo, Yadira Leets Marín. (Ver documento oficial de concesiones aquí)
Antes de las sanciones a Inversiones Zanzíbar, una empresa que Rafael Ortega Murillo ocupaba “para generar y ocultar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferencial para el régimen a los mercados”, Alegría Doña tenía en su cargo 11 gasolineras.
García Hurtado también aparece como representante legal de Lumicentro S.A, que recibió desde 2015 un total de 9, 693,975.81 de córdobas (ver contratos aquí). Esta compañía se dedica a la elaboración e instalación de mupis y vallas de carretera. La representante legal de la empresa es Ángela Gabriela García Hurtado, quien también figura como apoderada de In & Out Publicidad, que recibe la mayor cantidad de dinero de instituciones del Gobierno en concepto de “publicidad”. (ver documento oficial de representación legal aquí)
Según los contratos en poder de este medio de comunicación, In & Out Publicidad comparte la misma dirección de sus oficinas con Lumicentro S.A.
La conexión de otros contratistas
El tres de diciembre de 2020 la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica otorgó la licitación pública 4/2020 a Radio Tiempo S.A., una empresa desconocida en el campo de la comunicación. Su representante, Mauricio Jacobo García Arcia, tenía vínculos con Juan Carlos Ortega Murillo.
La empresa fue beneficiada con un contrato de 4,148,478.72 de córdobas (ver contrato aquí). De acuerdo al documento, la adjudicación debía realizarse a un “canal de televisión nacional con señal abierta y por cable”, sin embargo, la compañía de García Arcia, quien también es apoderado de Telenica Canal 8, no cumplía con los requerimientos establecidos en el contrato.
De acuerdo al contrato firmado por la empresa Radio Tiempo S.A., su domicilio está ubicado de la Mansión Teodolinda, una cuadra al sur, una cuadra abajo, justo donde están las oficinas de Telenica Canal 8.
Alfredo Antonio Vanegas Morales fue otro contratista que recibió a título personal un contrato de Enatrel por 3, 390,640 de córdobas en concepto de publicidad en un “canal de televisión nacional con cobertura en todo el territorio nacional en señal abierta”. Sin embargo, el documento, igual que el anterior, no especifica cuál es la señal que dispone en Nicaragua. Solo refiere que la empresa tiene el nombre de “Publicidad Extrema”. (ver contrato aquí)
Un artículo de Confidencial, republicado por Plaza Pública, señala que Vanegas Morales en 2012 era representante de Daniel Edmundo Ortega Murillo, uno de los directores de Canal 4, hijo de la pareja que gobierna Nicaragua. “Usted anda escudriñando, yo voy a escudriñarlo a usted”, advirtió Vanegas Morales al periodista que le entrevistó en esa ocasión.
La empresa a la cual representa Vanegas Morales tiene su domicilio en reparto El Carmen, específicamente enfrente de Canal 4. Este medio de comunicación llamó al número que aparece en el contrato y refirieron que no existía ninguna compañía llamada “Publicidad Extrema”. “Está llamando al área de administración de Canal 4”, respondió una recepcionista.
La red la completan las empresas Comunicaciones Internacionales S.A, conocida como Radio La Tuani; Entretenimiento Digital S.A., cuyo nombre comercial es Radio; Negocios Publicitarios Internacionales o Canal 6; Radio Futura 91.3; Radio Sandino; Radio Estéreo Variedades Viva FM y Radio Nicaragua. La sumatoria de los contratos de estas radios y canales de televisión totalizan 8,805,916.39 de córdobas. (ver los contratos aquí)
Una práctica de todos los gobiernos
En Nicaragua todos los gobiernos que han llegado al poder han utilizado el dinero de instituciones públicas para promover sus logros y proyectos en medios de comunicación que son afines.
“Ha sido una constante de que quienes están al frente del poder, bajo aquella consigna de ‘no te voy a pagar para que me pegués’. Los gobiernos tienden a favorecer a todos aquellos dispositivos que le favorecen con sus políticas editoriales y sus políticas informativas”, opina Guillermo Rothschuh Villanueva, escritor y experto en medios de comunicación.
Rothschuh asegura que esta forma de disponer de recursos estatales para hacer propaganda en medios afines data incluso desde la dictadura somocista, cuando ese régimen negó publicidad al diario La Prensa.
En el gobierno de la expresidenta Violeta Barrios también ocurrió un fenómeno parecido. El medio castigado fue Barricada. Este medio impreso fue el periódico oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 1979 hasta 1998, cuando finalmente cerró.
“Cuando llegó Enrique Bolaños al poder, hizo lo mismo, pero con un medio del expresidente Arnoldo Alemán. Él había fundado su propia radio que era La Poderosa. Lo que hizo don Enrique por las críticas que le hacían, fue quitarles la licencia, la sacó del aire, pero además Alemán queriendo contar con su propio dispositivo mediático, relanzó con la venia de la familia de Juan Ramón Avilés, el diario La Noticia, y lo que ocurrió fue que el gobierno de Bolaños le quitó la publicidad que tenía”, recuerda el experto en medios de comunicación.
Para Rothschuh el criterio que debe tomarse en cuenta al momento de otorgar contratos publicitarios a los medios de comunicación, debería estar basado en el alcance que tienen revistas digitales, radios y canales de televisión. Sin embargo, está claro que esto solo ocurrirá en Nicaragua cuando exista una verdadera modernización y concepciones políticas distintas a las que han prevalecido.
“Este es el criterio que debería prevalecer en Nicaragua. Si yo quiero como Ministerio de Educación realizar una campaña, debería de buscar aquellos medios que abordan estos temas y que me demuestren que son los que tienen mayor número de visitas. Ese es el salto que está pendiente en el país”, insiste el experto.
Mientras el criterio que permanezca en Nicaragua sea político, ningún Gobierno va a otorgar publicidad a un medio de comunicación que no siga la línea gubernamental, aseguró Rothschuh.