Horas antes de las encarcelaciones a líderes opositores, sus rostros y nombres pasaron desfilando en cuentas anónimas de redes sociales administradas por simpatizantes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La promesa hecha a través de mensajes propagandísticos de que Félix Maradiaga “pagaría sus crímenes contra el pueblo de Nicaragua” que invocaban los carteles virtuales, se cumplió la tarde del ocho de junio, después de que el opositor saliera de una cita convocada por la Fiscalía. La batería de medios y opinadores del régimen lo alertó días antes.
Maradiaga, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Cristiana Chamorro permanecen arrestados por la Policía Nacional, al igual que los miembros de movimientos opositores José Pallais, Violeta Granera, José Adán Aguerri, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil y Suyen Barahona; así como el general en retiro Hugo Torres y los exguerrilleros Dora María Téllez y Víctor Hugo Tinoco. Sus detenciones fueron ejecutadas con un despliegue masivo de propaganda rojinegra, en la que se invoca a dos “operaciones” como si de una ofensiva se tratara: “Golpe a la huaca golpista” y “Operación Danto 21” fueron los términos que utilizó el régimen que también fueron utilizados como etiquetas para redes sociales.
La invocación a ofensivas militares responde a “una estrategia para suplir la falta de convocatoria a sus bases”. O al menos así lo cree la excomandante Dora María Téllez, una de las figuras históricas de la revolución sandinista y ahora férrea opositora de los Ortega-Murillo, quien fue apresada este domingo.
“Todo esto tiene que ver con la necesidad que tiene el régimen de reagrupar las fuerzas. Ellos tienen un problema sumamente grave y es que están convocando a su tendido electoral, y no tienen respuesta. Si convocan a 100 llegan 10”, comentó Téllez. “Ellos tienen una crisis importante al convocar a sus activistas y la manera en como siempre han estimulado la convocatoria es mediante la polarización, la creación de enemigos a muerte”, agregó.
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Téllez fue detenida en su casa junto a la activista Ana Margarita Vijil. Días antes también había sido circulada en un video donde se le acusaba de “traición a la patria”.
Para la excombatiente, existen varios factores de esta nueva parada represiva. Uno de ellos es el uso del discurso violento, cuyos objetivos son la oposición, los activistas y los periodistas. “Tiene el fin de incitar a la violencia de paramilitares”, sostuvo la también historiadora antes de ser capturada. “Usan los medios de comunicación del orteguismo y los grupos de troles que tienen en varias ubicaciones para posicionar la foto y las amenazas a las personas que van a capturar”, agregó Téllez.
En el aparato de propaganda también está involucrado Julio Avilés Sánchez, hijo del jefe de Ejército Julio César Avilés, según un artículo publicado por DIVERGENTES. Las plataformas digitales operan en las oficinas de Correos de Nicaragua, la Alcaldía de Managua y el Instituto Nicaragüense de la Juventud. En estos puntos, una fuente informó que se “trabaja a tope” creando desinformación para “sembrar dudas en redes sociales”.
“En esta ofensiva del Danto 21 han estado salvajes, al pie del cañón. Apenas sale una decisión, todo mundo ojo al Cristo y al combate ideológico y político en todas las redes sociales”, reveló William Grigsby Vado, uno de los propagandistas del gobierno en su programa radial emitido por Radio La Primerísima.
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Una “vieja estrategia del repertorio”
La periodista Lucía Pineda Ubau vivió en diciembre de 2018 una detención por parte del régimen de Daniel Ortega, que semanas antes también había sido anunciada a través de perfiles anónimos en redes sociales. “Recibimos fotografías, videos montados donde salíamos Miguel Mora, Luis Galeano y yo (todos periodistas) en un bus directo a la cárcel. En varias fotos se hacía énfasis de que había una orden de detención en nuestra contra”, asegura la directora de 100% Noticias desde su exilio en Costa Rica.
En aquellos meses, las amenazas y campañas de odio estaban a la orden del día. Pineda Ubau no le ponía mente, porque estaba concentrada en su trabajo. “Uno debe centrarse en hacer periodismo, porque son cosas que pueden pasar o no”, agrega.
Pero a ella le terminó pasando. El 21 de diciembre de 2018 fue arrestada junto al que en aquel entonces era su jefe, Miguel Mora, exdirector del canal y ahora uno de los aspirantes a la presidencia. Ambos estaban en las oficinas del medio de comunicación finalizando otra jornada intensa de trabajo. Llevaban varios días durmiendo allí en caso de que sucediera alguna emergencia y tuvieran que emitir una alerta. En paralelo a la detención, decenas de cuentas anónimas difundían fotografías de Mora tras las rejas y lanzaban una serie de “mensajes” en tono de “justificación” al arresto.
“Razones de la captura de Mora: por su terrorismo mediático, por llamar a la violencia y atentar contra la paz, por sus mensajes de odio, por su manipulación y noticias falsas, por mercenario de la comunicación. Todo el pueblo pide justicia”, rezaba una de las publicaciones difundidas a las 10:00 de la noche del día de la detención.
Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora fueron acusados de “terrorismo”. 100% Noticias fue confiscado por el régimen, y en el lugar de las oficinas opera hoy un centro de rehabilitación contra las drogas del Ministerio de Salud (Minsa). Pero el caso contra ellos es la muestra de una de las estrategias que, para analistas consultados, tiene elementos intimidatorios. Sobre todo porque en algunos casos se ubican en la antesala de detenciones y casos judiciales.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertó sobre estos ataques digitales en su informe de violaciones a los derechos humanos realizados durante su visita Nicaragua.
“Entre los tipos de agresiones están el acoso de los grupos progubernamentales, amenazas de miembros de la policía nacional, ataques, denigración y campañas de desprestigio a través de redes sociales, la inclusión en listas de personas que deben ser reprimidas por haber participado en las protestas”, menciona el informe.
Persisten las amenazas a través de la propaganda
Un día antes de la detención de José Pallais, en las redes sociales circuló un documento de la Policía Nacional en el que perfilaba todos los datos del opositor: su nombre, su domicilio, y el crimen del cual se le estaba acusando. Ese día, fueron arrestados Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. “Circulado”, decía la notificación policial que fue expuesta por voceros del régimen. El nueve de junio, Pallais sería realmente detenido por la Policía de León, en una acción coordinada por Fidel Domínguez, el comisionado general en dicha ciudad.
La detención de Pallais no fue nocturna, a diferencia del caso de Walter Gómez y Marcos Fletes, dos exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro acusados de lavado de dinero junto a Cristiana Chamorro. Civiles y uniformados capturaron a los dos extrabajadores de forma violenta y no informaron de su paradero hasta un día después. Pero en el caso de Pallais ni siquiera se intentó ocultar. A plena luz del día, fue difundida una foto en la que el líder opositor salía al lado de Domínguez, quien lo expuso como si de un trofeo se tratara.
“Hay una dictadura que ya ha prescindido del disimulo y las apariencias. Ahora se muestra descarnada”, asegura Téllez.
Mientras tanto, continúan las publicaciones en las que más nombres de opositores se suman a los “mensajes de odio” que promueve el gobierno de Ortega y Murillo. Para la socióloga Elvira Cuadra, esta propaganda genera “una especie de linchamiento social” y es peligrosa porque “incita a la violencia” entre las personas fanatizadas.
“La primera afectación y lo que busca el gobierno es infundir temor en la ciudadanía, silenciar las voces críticas del país y paralizar políticamente a la población”, analiza la investigadora. Cuadra sintetiza los objetivos de dichos mensajes de una forma más sencilla: “el propósito es construir una argumentación ideológica para justificar sus actos de violencia”.
Por su parte, el analista Óscar René Vargas asegura que persiste una combinación de represión policial combinada con el sistema judicial y sostenida por los medios de comunicación del gobierno. “Y el propósito del régimen es uno solo: permanecer en el poder a como cueste”, agrega.
Vargas cree que las campañas de hostigamientos se seguirán extendiendo a los periodistas, a quienes se les ha amenazado de divulgar noticias falsas en las entrevistas convocadas por la Fiscalía, debido al caso de la Fundación Violeta Barrios. “Los periodistas son quienes contrarrestan esta propaganda a través de los datos, por eso también se ha decidido eliminarlos”, menciona el politólogo.