Nicaragua ha muerto como República. La reforma constitucional que Daniel Ortega y Rosario Murillo enviaron a la Asamblea Nacional esta semana no tiene parangón en nuestra historia republicana ni constitucional. Las 10 constituciones libero-conservadoras que han regido el Estado de Nicaragua desde 1826, con sus luces y sombras, han preservado los valores republicanos, al menos en papel.

En cambio, la reforma impuesta por el régimen Ortega-Murillo prácticamente aniquila la actual Constitución que el mismo dictador promulgó cuando era presidente de la República en 1987. No se trata de una reforma parcial de la Carta Magna, sino una reforma total que dinamita los Principios Fundamentales del Estado de Nicaragua. Cambiar 135 artículos y derogar otros 38 de la actual Constitución sólo es posible concretarlo a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero no se convocó.

Nicaragua ahora es un “Estado revolucionario” con dos copresidentes que gozan de poderes absolutos: Ortega y su esposa Murillo. Es ella quien coordinará los poderes Electoral, Judicial y Legislativo. Además, convierten la bandera del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional en un símbolo nacional. En términos sencillos, esta destrucción de la Constitución es para asegurar la sucesión cuando Ortega llegue a faltar. Si muere, el poder quedará en su familia.  

Lo que ha hecho Ortega, de hacer polvo la Carta Magna actual, solo se le parece a lo que hizo José Santos Zelaya en 1905 cuando impulsó una reforma constitucional en la que quedó establecido que el Ejecutivo estaba por encima de los poderes Legislativos y Judicial. A luz de los hechos, a Nicaragua le esperan días oscuros marcados por una mayor represión. 

Los Ortega Murillo también hacen de Nicaragua un Estado bajo un régimen de partido único, similar a Cuba, China y Corea del Norte, sus aliados ideológicos con sistemas totalitarios. El concepto de república apunta a una teoría de la soberanía política, en la que todo poder político emana del pueblo y todo acto de gobierno debe someterse a leyes justas que procuren el bien común. Ya no es el caso de Nicaragua. La República de Nicaragua que conocimos, que intentaba ser democrática, ya no existe, ahora estamos ante un Estado totalitario. 

La reforma  es indignante y cala en los más hondo entre los demócratas que creemos en el estado de Derecho. Estamos ante una gravedad extrema, pero no olvidemos aquella frase del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal de que “Nicaragua volverá a ser República”.