La reconocida organización humanitaria Cristosal anunció este jueves 17 de julio de 2025 en Ciudad de Guatemala el cierre de sus operaciones en El Salvador ante una “escalada represiva” en contra de activistas de derechos humanos, que ha incluido varias detenciones.
“Ante la creciente represión y cierre de espacios democráticos en El Salvador, Cristosal se ve forzada a suspender sus operaciones en El Salvador y operar desde sus sedes en Honduras y Guatemala. Esta decisión responde a una situación insostenible del acoso estatal, amenazas directas a nuestro personal y a la criminalización de defensores”, señaló en una conferencia de prensa el director ejecutivo de la organización, Noah Bullock.
Bullock indicó que “nuestro rol como organización no es alinearnos con gobiernos o ideologías, sino incidir para que los derechos humanos y las víctimas estén en el centro de toda gestión pública”.
El director de Cristosal indicó que la organización enfrentó “una campaña sistemática de acoso legal, administrativa, espionaje y vigilancia en nuestras actividades y hogares, campañas de difamación en contra de nuestra organización”.
Aclaró que Cristosal no renuncia a su permiso de operaciones en El Salvador y han presentado su “inscripción ante el registro de agentes extranjeros en El Salvador”.
En un comunicado difundido este jueves, la organización señaló que el “régimen de los hermanos Bukele ha desmantelado los principios básicos de la democracia” y lamentó que “bajo un estado de excepción permanente y con control casi absoluto de todas las instituciones, El Salvador ha dejado de ser un Estado de derecho”.
La arbitraria detención de Ruth López
Denunció que en El Salvador “expresar una opinión o exigir derechos básicos hoy puede costar la cárcel”, por lo que “la libertad de expresión, la protesta pacífica y la participación ciudadana se han convertido en conductas castigadas y limitadas por el poder”.
La ONG considera que la detención de la abogada Ruth López, jefa Anticorrupción de dicha organización, “no es un caso aislado, sino (que forma) parte de una estrategia de castigo ejemplar para intimidar”.
López se encuentra detenida desde el 18 de mayo pasado bajo una acusación de enriquecimiento ilícito y su caso ha sido puesto bajo secreto.
López fue arrestada bajo acusaciones vagas de corrupción relacionadas con su paso por el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén. Durante horas, su familia y abogados no supieron su paradero, lo que llevó a Cristosal a denunciar una desaparición forzada de corta duración.
Después de dos semanas detenida, Ruth López enfrentó una audiencia inicial secreta y llena de inconsistencias, que culminó en su detención provisional con instrucción de seis meses. Estará recluida en los mismos centros penales donde ha documentado y denunciado cientos de casos de tortura contra víctimas del régimen de excepción.
“Cristosal ha enfrentado acoso legal y administrativo, espionaje, vigilancia de sus actividades y hogares, así como campañas de difamación. Aunque este contexto adverso no es nuevo, es la primera vez que en El Salvador no existen garantías de defensa”, alertó el comunicado de la organización.
“Nos estamos reorganizando para cuidar nuestras voces y aportar la defensa de los derechos humanos, (que) se mantenga viva, libre y al servicio de las víctimas”, agregó.
Cristosal, que extendió su labor a Guatemala y Honduras, ha brindado acompañamiento a víctimas de la violencia de las pandillas y de atropellos estatales, ha sido una de las más críticas del Ejecutivo de Nayib Bukele y parte de las ONG que han recabado más de 6.400 denuncias de derechos humanos en los últimos años.
López fue arrestada bajo acusaciones vagas de corrupción relacionadas con su paso por el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén. Durante horas, su familia y abogados no supieron su paradero, lo que llevó a Cristosal a denunciar una desaparición forzada de corta duración.
Después de dos semanas detenida, Ruth López enfrentó una audiencia inicial secreta y llena de inconsistencias, que culminó en su detención provisional con instrucción de seis meses. Estará recluida en los mismos centros penales donde ha documentado y denunciado cientos de casos de tortura contra víctimas del régimen de excepción.