La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció con bombos y platillos la creación de la nueva Procuraduría General de Justicia (PGJ), presentada como un bisturí quirúrgico para extirpar la corrupción del Estado. Aunque la reforma constitucional de los artículos 132, 159 y 160, que elimina el Ministerio Público, apenas fue aprobada en primera legislatura de la Asamblea Nacional el pasado 6 de agosto de 2025, las funciones de esta nueva entidad comenzaron a implementarse antes de su aprobación en segunda legislatura, como exige la Constitución.
Opositores del régimen opinan que, lejos de perseguir a los grandes corruptos —que suelen ocupar las cúpulas del poder—, la PGJ se ha convertido en una herramienta política para acallar críticas, reforzar el control institucional, proteger a quienes manejan los recursos públicos y debilitar aún más los contrapesos institucionales.
El abogado opositor Juan Diego Barberena, menciona que Ortega y Murillo sepultan de un solo tajo al Ministerio Público, situación que le preocupa por las “repercusiones que esto implica, no solo por el carácter constitucional de este órgano, sino por el perjuicio y la indefensión que genera para las víctimas del delito”.
Esto contrasta con el discurso de diputados y funcionarios oficialistas, que aseguran que la reforma “fortalecerá la lucha frontal y permanente contra la corrupción”, así como “desatar acciones contundentes para perseguir, procesar y castigar cualquier forma de corrupción que atente contra los Intereses de las Familias y el Pueblo nicaragüense”, según se lee en la exposición de motivos que menciona el El 19 Digital.
¿Qué implica esta reforma? y ¿qué opinan distintos actores políticos sobre la creación de la PGJ? Te lo explicamos.
La apuesta del régimen: eliminación del Ministerio Público
Wendy Morales, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) explicó en una entrevista en la Revista En Vivo de Canal 4 que la nueva entidad concentrará las funciones que antes ejercían esta institución y el Ministerio Público.
Sin embargo, las normas que regularán su funcionamiento aún no son públicas, pues —según Morales— se están elaborando y se incluirán en una futura ley orgánica que delimite las atribuciones de la PGJ y de las dependencias adscritas a la antigua PGR. Esto implica que las instancias de “fiscalización” quedarán bajo el mando de una sola institución.
De acuerdo con Morales, el eje de la reforma es supervisar el desempeño de los funcionarios públicos. Añadió que no debería sorprender a los nicaragüenses, pues en 1979, tanto la PGR como la PGJ funcionaban como una sola entidad encargada de la persecución penal y de la representación legal del Estado. La diferencia ahora, apuntó, es que la defensa de las víctimas en delitos comunes —que antes correspondía al Ministerio Público— pasará también a la nueva institución.
Barberena aclara que en la década de los ochenta se creó la PGR. Esta ejercía las funciones de representar al Estado en todos sus negocios jurídicos y procesos judiciales, además de ejercer la acción penal en favor de la víctima del delito.
A juicio del jurista, son “dos funciones antitéticas entre sí, y que obedecían al arcaico proceso criminal inquisitivo que nos regía desde 1879. No fue hasta el año 2000 que, por medio de la reforma constitucional del pacto Alemán-Ortega, se creó el Ministerio Público, con la estricta competencia de representar a la víctima del delito y de coordinar a la policía en la realización de los actos de investigación”.
El abogado opositor agrega que, con este movimiento, serán enviados a retiro Ana Julia Guido, fiscal general de la República; Julio González, fiscal general adjunto; y Julio Vargas, inspector del Ministerio Público. A su juicio, la reforma constitucional no establece que el Ministerio Público será absorbido por la PGJ, sino que más bien será disuelto. Sin embargo, hasta el momento no se conoce qué pasará con Guido y los demás funcionarios.
¿Cuáles son las consecuencias de no contar con el Ministerio Público?
El diputado sandinista Carlos Emilio López enfatizó, durante la aprobación en primera legislatura de la reforma constitucional, que la PGJ asumirá la responsabilidad de “representar los intereses del Estado, la función de defender los patrimonios públicos, los bienes del pueblo y a su vez ejercerá la función acusatoria en los procesos penales”.
Además, según López, la nueva institución también protegerá a las personas, familias y comunidades “de delitos que se cometan, que atenten contra la integridad personal. Es decir, delitos que atenten contra la vida, delitos que atenten contra la propiedad, delitos que atenten contra la seguridad, contra la paz”.
En contraste, Barberena sostiene que ocurre lo opuesto: el Ministerio Público, que antes se configuraba como un órgano derivado de la Constitución y recordaba la vigencia del Estado democrático de derecho, ahora queda a merced del juicio de una institución, cuando antes rendía a la Constitución de Nicaragua.
Para Barberena, esta transformación implica que, al desaparecer un ente acusador independiente, la víctima de un delito perderá la posibilidad de contar con asistencia legal en los procesos penales que garanticen su debida defensa. Además, se limita la capacidad de construir teorías del caso de manera autónoma e imparcial.
De auditorías a sanciones: cómo la PGJ asume funciones de la Contraloría
En cuanto a las funciones de la Contraloría General de la República, Morales enfatiza que la PGJ asumirá parte de las competencias de fiscalización que ya tiene la Contraloría. Esto implica que no solo va a concentrar lo que hacía la PGR y el Ministerio Público, sino que también se inmiscuye en un terreno que hasta ahora estaba en manos de la Contraloría.
Morales dio el ejemplo de las glosas, que son las observaciones o cargos que la Contraloría impone a funcionarios cuando en una auditoría detecta irregularidades como el mal uso de fondos. En este caso, la PGJ, tendrá la potestad, luego de la auditoría, de recomendar o imponer sanciones administrativas, civiles, penales y multas.
A juicio de los sandinistas esto viene a mejorar el proceso de fiscalización. Sin embargo, Morales sugiere que la PGJ asumirá un rol similar o complementario al de la Contraloría en materia de sanciones y auditorias (bajo una nueva ley que otorga la figura de copresidencia), lo que significa que esta nueva entidad viene a centralizar aún más el control sobre la fiscalización del gasto público, borrando de cierta manera los límites entre ambas instituciones, explicó a DIVERGENTES un abogado que solicitó el anonimato.
El jurista advierte que con la creación de la PGJ, subordinada a la Presidencia, esta institución se convierte en “juez y parte”. Antes, el Ministerio Público mantenía cierta autonomía —aunque limitada—, pero ahora, surge la pregunta de qué ocurrirá cuando las investigaciones involucren al propio Estado. En ese escenario, no habría garantías de un seguimiento imparcial, lo que, en palabras del abogado, representa un retroceso hacia lo que debería de existir como un Ministerio Público independiente.
Otro de los cambios que enfatiza Morales con esta reestructuración de la PGR, es que ahora la Contraloría puede auditar en tiempo real, es decir, mientras la institución está gastando el dinero. Esto permitiría al régimen intervenir y fiscalizar al instante, lo que en teoría es un avance técnico, pero en la práctica, significa más control directo sobre funcionarios y entidades públicas. Eso significa, que lo que antes se quedaba como informes de la Contraloría, ahora la PGJ los usará para cobrar directamente a los funcionarios señalados a través de acciones civiles o procesarlos penalmente.
Es decir, la Contraloría ya no será la imagen de un ente independiente que solo auditaba y recomendaba sanciones. Ahora se convierte en un brazo técnico que genera contenido para la PGJ para actuar contra quien quiera. Además, se centraliza el poder de investigación, fiscalización y sanción en un solo, menciona el abogado consultado por DIVERGENTES.
Alega que esta reforma tiene una naturaleza política, y que el discurso de “devolver al pueblo lo que le pertenece” es pura demagogia. “Realmente la corrupción campea en la dictadura Ortega-Murillo. Nicaragua es el segundo país más corrupto de América Latina, sólo detrás de Venezuela. Esto demuestra que la CGR, que es el órgano constitucional que debe fiscalizar la cosa pública, no funciona”, advirtió.
“La Contraloría debería tener un mayor mecanismo de coordinación institucional con la Procuraduría, pero no lo está haciendo… La finalidad de esta reforma tiene nombre y apellido: es apresar patrimonialmente a la disidencia dentro del Frente Sandinista, que es el principal grupo —o más bien el único— que se ha enriquecido al amparo del erario”, afirma por su parte Barberena.