El estado de salud de Víctor Hugo Tinoco, el segundo exguerrillero sandinista histórico cuya salud se deteriora en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), cada día es peor. El exvicecanciller de la revolución sandinista ha perdido 15 libras de peso, está pálido y corre el riesgo de que sus enfermedades crónicas se agudicen. “Tiene una parálisis facial en etapa inicial”, confirmaron sus allegados en un comunicado en el que junto a otros familiares de presos políticos demandaron libertad inmediata, incondicional y con garantías, para los reos de conciencia.
El primer exguerrillero sandinista histórico cuya salud se deterioró totalmente en prisión fue Hugo Torres. El general en retiro falleció el 12 de febrero después de permanecer desde el 17 de diciembre de 2021 internado en el hospital Roberto Huembes. Los familiares de Tinoco y de otros presos políticos temen que ocurra lo mismo que con Torres, quien enfermó mucho antes de ingresar al centro hospitalario y murió en el mismo.
Las condiciones de salud denunciadas por los familiares del exvicecanciller de la República son: hipertensión arterial sistémica, trastornos de ritmo cardíaco y dislipidemias, que podrían provocar un trastorno cardiovascular; también preocupa la disminución de glóbulos blancos porque puede derivar en una infección grave afectando sus plaquetas.
“Soy una persona que en este 2022 cumple 70 años, 50 de los cuales los he dedicado a la lucha cívica, social y política de Nicaragua, aquí tengo de testigo a mi esposa, a quien le pido perdón por todo lo que están pasando ella y mi familia”, dijo un Tinoco desmejorado el día en que un juez lo declaró culpable por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad”.
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Un familiar de Miguel Mendoza, que solicitó el anonimato por seguridad, señaló que todos los allegados a los presos políticos temen que estos desmejoren hasta el punto de verlos en una cama de un hospital, en pésimas condiciones y sin mucho que hacer por resguardar su vida.
“Estamos preocupados. Cuando un paciente tiene enfermedades crónicas y es sometido a situaciones como las que ocurren en ‘El Chipote’, corren el riesgo de que sus padecimientos se agraven”, dijo el familiar de Mendoza, quien fue sentenciado a nueve años de prisión por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
El cronista deportivo informó que tiene ligeros calambres en su corazón que finalizan en su pierna. Al estar en un sitio cerrado y sin ventilación, sus familiares temen que los padecimientos puedan provocarle un infarto.
“Todos los familiares de presos políticos tenemos miedo. Nos ponemos a pensar en que puede ocurrir lo más trágico (muerte) y no resistan más tiempo, por eso es que solicitamos primero su libertad inmediata y mientras esto ocurre, el cambio de régimen carcelario para los presos de edad avanzada o con problemas de salud, tal y como lo exige la ley y como ocurrió en otros casos”, explicó el familiar del periodista.
La familia de Juan Lorenzo Holmann también denunció que ha bajado 24 libras de peso, tiene una protuberancia en el abdomen, dolor en la ingle, y hongos en sus manos y pies. A estos padecimientos, según sus allegados, se suman los problemas cardíacos, inestabilidad en su presión arterial y la mancha que tiene en su ojo derecho.
En el comunicado los familiares de presos políticos también solicitaron que los derechos de los presos políticos sean respetados bajo las reglas mandelas por lo que exigían, entre otras cosas, mejoría en las condiciones de higiene, luz y ventilación; cese inmediato de la reclusión en celdas de 2×2 metros, selladas, sin ventilación y sin posibilidad de ver o ser vistos desde el exterior y en las que se encuentran Miguel Mendoza, Juan Lorenzo Holmann, Medardo Mairena, Yader Parajon, Freddy Navas y Michael Healy.
“Exigimos el cese inmediato del aislamiento e incomunicación al que están sometidas Tamara Dávila, Suyén Barahona, Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil”, cita el comunicado de los familiares de presos políticos.
También demandaron el cumplimiento del régimen de visitas familiares establecido en la ley, incluyendo a los niños y niñas y el derecho a llamadas telefónicas. “Reafirmamos nuestra profunda preocupación por las condiciones en las que les mantienen y que están provocando daños irreversibles tanto físicos como psicológicos”, reza el comunicado.