La muerte del general del Ejército en retiro, Hugo Torres, el pasado sábado 12 de febrero expuso la negligencia de las autoridades carcelarias judiciales con los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según abogados y defensores de derechos humanos, negar atención médica oportuna y cambios de régimen carcelario a los reos de conciencia es un patrón de parte de los órganos encargados (Policía Nacional, Ministerio de Gobernación, Fiscalía y Poder Judicial).
Torres falleció después de estar hospitalizado desde el pasado 17 de diciembre. Ese día el exguerrillero cayó desmayado en su celda. Después que los médicos del penal no lo pudieron estabilizar fue trasladado al hospital Roberto Huembes, de la Policía, donde fue hospitalizado hasta su muerte. Sin embargo, Torres había enfermado de forma rápida en las semanas anteriores sin que le dieran una atención a tiempo. Sus piernas se inflamaron y casi no podía moverse por sí mismo. Por eso era asistido por otro compañero de celda, hasta que su salud colapsó. El sábado pasado se comprobó que fue de forma definitiva.
Lo que llamó la atención del caso de Torres fue la rapidez con la que desmejoró su salud. El primero de septiembre, Hugo Marcel Torres, hijo del exguerrillero, dijo a La Prensa que su papá estaba “sereno y tranquilo, tal cual mi padre”. Hugo Marcel dijo que su papá “no es una persona turbada o agobiada por la situación”, y según pudo constatar, “su estado físico y mental están estables, con mucha calma y moralmente fuerte”. Era la primera vez que lo podía ver después de 80 días de secuestro. “Me expresó estar comiendo bien y que siempre los batidos proteínicos que llevamos a diario le dan sustento, así como también sus vitaminas”, dijo Hugo Marcel. Lo único extraño que notó fue que su padre había perdido unas 10 libras de peso.
Yonarqui Martínez, abogada que ha defendido a varios presos políticos desde 2018, asegura que todos los reos que han enfermado no han recibido atención de inmediato. “En los penales dan atención hasta que miran a los reos graves”, dice Martínez. “Mientras tanto los reos aguantan los dolores, y ya cuando no aguantan, no responden, entonces lo trasladan al hospital”, agrega Martínez. “Eso ha sido en todos los casos”.
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Existen casos extremos como el de Francisco Pineda Guatemala, quien tiene una operación en el estómago programada desde 2018, porque tiene una prótesis en su intestino, y las autoridades no han dado el aval para la intervención. “Hay varios presos políticos por los que nosotros luchamos, gestionamos, pero los jueces no nos dan trámite”, expresó Martínez.
En el comunicado del movimiento Unión Democrática Renovadora, Unamos, de la cual Hugo Torres era vicepresidente, se responsabiliza de su muerte a la pareja Ortega Murillo. “Esta muerte, como todos los asesinatos cometidos por ellos no quedarán impunes”.
“Lo auxiliaron hasta que cayó grave”
La defensora de derecho humanos, Yonarqui Martínez, en este momento lleva el caso del preso político Eliseo Castro Baltodano, de 59 años de edad, que se encuentra postrado en una cama del hospital Antonio Lenín Fonseca desde el pasado 13 de septiembre de 2021, cuando colapsó de un derrame cerebral en una celda del Sistema Penitenciario La Modelo. Castro quedó parapléjico (paralizado la mitad del cuerpo) y sin poder hablar.
La familia de Castro dijo que semanas antes de que colapsara el reo presentaba síntomas, como fuertes dolores de cabeza, entumecimiento entre el cuello y los brazos, cansancio e inflamación en algunas partes del cuerpo. A pesar de que pidió atención médica, “lo auxiliaron hasta que cayó grave”, dijo su abogada.
Castro fue arrestado desde septiembre de 2019. Lo capturaron unos civiles armados junto a unos policías, quienes lo golpearon fuertemente. Desde entonces quedó con secuelas. “Todo lo que se ha provocado a don Eliseo es por falta de atención oportuna, porque cuando él comenzó los síntomas no se le dio atención, sino que lo auxiliaron hasta que cayó grave. En el hospital los médicos dijeron que lo llevaron tarde”, afirmó Martínez.
Los familiares de Castro han solicitado un cambio de régimen carcelario, ya sea convivencia familiar o casa por cárcel. El cambio serviría para que le puedan hacer terapias y lo atienda un especialista, pues en el hospital solo lo atiende un médico general y no muestra mejoría. Además, lo custodian policías armados todo el tiempo, y esto le recuerda las golpizas que le han dado en todo este tiempo, lo cual no le permite recuperarse, según su familia.
La abogada Yonarqui Martínez solicitó la valoración de un médico forense con el fin de que sirviera para que se haga el cambio de régimen o la suspensión de la pena, que en el caso de Castro fue de seis años de cárcel. El forense dio el dictamen desde el 30 de septiembre de 2021, pero cinco meses después ni la jueza ni el Ministerio Público se han pronunciado.
“Lo que queremos es evitar una tragedia como la que pasó con Hugo Torres”, enfatizó Martínez. “Yo no quiero que la Fiscalía o el Poder Judicial se pronuncien con el señor (Eliseo Castro) cuando esté en la caja (ataúd)”, agregó.
Grito de alerta por reos de la tercera edad
Desde la muerte de Hugo Torres, organismos de derechos humanos han exigido una investigación formal de las circunstancias de su fallecimiento. Además, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) lanzó un grito de alerta por las presas y presos políticos, porque sus vidas están en peligro, “especialmente la vida de las personas que están o se acercan a la tercera edad”.
Actualmente existen unas 20 personas, varias de ellas valetudinarias, de la tercera edad que están siendo sometidas a torturas. El artículo 176 del Código Procesal Penal (CPP), en su inciso 3 indica que “el juez puede sustituir la prisión preventiva domiciliaria, entre otros casos, a personas valetudinarias o afectadas por una enfermedad terminal debidamente comprobada”. Las personas valetudinarias son aquellas que tienen más de 70 años y sufren los efectos de la edad: enfermedades, estados de salud delicados y padecimientos crónicos.
Sin embargo, esto no se ha aplicado en varios de los casos de los presos políticos que ha apresado el régimen desde finales de mayo de 2021. Por ejemplo, el exembajador y analista político, Edgard Parrales, de 79 años, quien fue operado hace 10 años del intestino grueso, debe tener una alimentación balanceada para no descompensarse, según sus familiares. Además, en los últimos meses ha estado sometido a un tratamiento para nivelar unos resultados de unos exámenes que están alterados. Parrales también padece de una hernia en el estómago que no se ha podido operar.
Otro de los casos es el del exembajador y político, Mauricio Díaz, de 71 años. Su familia denunció que en la clínica de Auxilio Judicial, donde lo tienen arrestado, le diagnosticaron polineuritis y escoliosis, dos enfermedades que no había padecido antes. Para poder dormir Díaz toma Tafil (Alprazolam). Tiene dolores de espalda y ha tenido infecciones en sus oídos. Contó a sus familiares que estuvo internado dos días con suero porque se descompensó el nueve de septiembre de 2021, día de su cumpleaños.
El político José Pallais, de 68 años, padece múltiples enfermedades crónicas: problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, obesidad, apnea del sueño, glaucoma y problemas en la columna. Por ello, su abogada ha pedido medidas adecuadas, pero no ha obtenido ninguna respuesta de parte de los judiciales. Pallais tiene la espalda con llagas porque le quitaron la colchoneta en la que dormía, y ahora duerme en una silla que le llevaron sus familiares por la apnea del sueño que sufre.