El Centro de Mediación de la Universidad Centroamericana (UCA) fue suprimido del listado de los Centros de mediación acreditados por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocó la renovación de su acreditación este 14 agosto a través de una publicación de la Gaceta. La decisión ocurre en medio del arrinconamiento que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene contra el centro de educación superior jesuita.
El Centro de Mediación renovó su acreditación el 17 de abril de este año, pero con esta revocación queda inhabilitado para seguir ejerciendo sus funciones de espacio de mediación como método alterno de resolución de conflictos.
De acuerdo con la CSJ, la acreditación fue revocada bajo el artículo 38 de la Normativa General de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, que señala que los permisos pueden ser quitados “por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere la Ley de Mediación y Arbitraje y la presente normativa”. También por la comisión de actos ilícitos, la violación del orden público o por la realización de actividades que no correspondan a los fines para los que fueron constituidas, por parte del personal administrativo o los neutrales del Centro señalado.
Por su parte, el Bufete Jurídico de la UCA, el cual tiene 54 años de brindar servicios jurídicos a la población, anunció a sus colaboradores y usuarios a través de un correo durante la mañana de este lunes que no estarán ofreciendo la mediación como parte de sus funciones, pero que el resto de sus servicios se “continuarán atendiendo normalmente en el horario acostumbrado”.
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Con el Centro de Mediación de la UCA serían dos centros cerrados durante este 2023, ya que el Centro de Mediación y Arbitraje Antonio Leiva Pérez, administrado por la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, también fue despojado de su acreditación por la DIRAC en marzo de este año bajo las mismas justificaciones.
UCA bajo ataque: congelamientos e inmovilización
La UCA se encuentra bajo una situación administrativa bastante comprometida, luego que se conociera el congelamiento de sus cuentas bancarias el pasado 9 de agosto, así como la inmovilización de sus bienes inmuebles.
A la universidad tampoco se le ha brindado las acreditaciones del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y del Ministerio de Gobernación (Migob), que son necesarias para que sigan trabajando.
A pesar de todo esto, la UCA informó a través de correos que está realizando gestiones para continuar con su funcionamiento ordinario y resaltó que las actividades académicas continúan con normalidad.
“Reiteramos que la Universidad Centroamericana continúa desarrollando todas sus actividades académicas normalmente y de acuerdo con su planificación. Nos encontramos realizando gestiones a fin de regularizar nuestro funcionamiento administrativo, que tal y como se informó, está siendo afectado por dificultades para realizar operaciones bancarias”, indicó en un correo el pasado 12 de agosto.
Sin embargo, el futuro de la institución es incierto. Hasta ahora, académicos y estudiantes temen una confiscación por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ya que desde el 2021 se contabilizan al menos 26 universidades privadas que han pasado a ser propiedad del Estado.
La última confiscación fue la de la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King y la de la Universidad de Occidente, cuyas personerías jurídicas fueron canceladas el 28 de julio pasado.