La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no sólo ha congelado las cuentas de la Universidad Centroamericana (UCA), sino que el Registro Público también ha inmovilizado todos los bienes inmuebles de la institución jesuita, a pedido de la Procuraduría General de la República (PGR). Una fuente allegada al alma máter confirmó a DIVERGENTES que las autoridades del régimen no les notificaron nada sobre esta “inmovilización”, al igual que sucedió con las cuentas bancarias este miércoles.
“Se dieron cuenta de la inmovilización de todos sus bienes inmuebles cuando iban a realizar movimientos de las propiedades. La UCA no fue notificada para nada y parece que fue una orden dada ya hace un par de meses”, relató la fuente cercana a la universidad. Y agregó que la embestida contra la universidad es total, ya que no le han otorgado la acreditación del Consejo Nacional de Universidades (CNU), del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y del Ministerio de Gobernación (Migob).
La UCA envió otro correo electrónico a su comunidad y dijo que “continúa su funcionamiento como casa de estudios superiores, con más de 60 años de trayectoria”. “Como tantas situaciones adversas que hemos enfrentado a lo largo de nuestra historia, actualmente nos encontramos realizando las gestiones pertinentes para superar obstáculos y contratiempos que afectan nuestro funcionamiento ordinario”, se lee en el mensaje.
Ante la falta de estas acreditaciones, el régimen ha despejado el camino para desarticular a la UCA y, cree la fuente, para ejecutar su confiscación. Por ejemplo, con las cuentas bancarias, el gobierno presionó a través de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) para que las cerraran “por razones administrativas financieras”. Una medida similar a la usada por el oficialismo contra miles de oenegés decapitadas: negarles el permiso anual por medio del Migob para mantenerlas en la ilegalidad. A la par, les piden información frecuente de sus registros, pero no les entregan ninguna constancia. A la UCA no le otorgan el permiso desde 2019. Esto provoca, en teoría, un limbo legal que les genera dudas a los bancos nacionales para aprobar transacciones o financiamientos.
Recibe nuestro boletín semanal
DIVERGENTES conoció que el régimen orteguista congeló las cuentas bancarias a seis altos catedráticos de la UCA: del área de recursos humanos, vicerrectorías administrativas y académicas; secretaría general y hasta del del Instituto Juan XXIII.
¿Confiscación en proceso?
La fuente teme la confiscación de facto de la UCA, ya que toma en cuenta el antecedente inmediato de las cancelaciones y tomas de 26 universidades privadas, a partir del año 2021 a través del Migob y del CNEA. Esta última institución argumenta, en la mayoría de casos, que las universidades incumplen “mínimos de calidad establecidos”. Las justificaciones para los cierres de las universidades van desde acusaciones por lavado de dinero a la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), “falsear información”, no reportar sus estados financieros y no inscribirse como agentes extranjeros. En los últimos meses, las justificaciones son que la oferta académica es inconsistente o que no tienen infraestructura adecuada.
Con estas medidas la eventual confiscación de la UCA está sobre el tapete, ya que el régimen había decidido asfixiar a la institución jesuita por diversas vías, como quitarle el 6 % constitucional. Sin embargo, no habían tomado la decisión de confiscar el recinto por el peso histórico que tiene.
Expertos en educación superior consideran que las cancelaciones son parte de un plan de control total del régimen sandinista en todas las escalas de la educación nicaragüense. Catedráticos, exrectores, estudiantes y politólogos consultados coinciden en que la pareja gobernante pretende eliminar la pluralidad universitaria y el pensamiento libre.
El medio Confidencial reveló que actualmente existen 13 universidades que están a la espera de la acreditación entre ellas, la Universidad Centroamericana (UCA), la Universidad American College (UAC); la American University (LAU); la Universidad Central de Nicaragua (UCN); y la Universidad de Administración, Comercio y Aduana (UNACAD), entre otras.
La UCA fue cuna de los estudiantes que protestaron por el incendio de la reserva de biósfera Indio Maíz y luego por la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Varios de los estudiantes que encararon a la dictadura, como Lesther Alemán, eran de este recinto. Alemán fue declarado culpable por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, y permaneció en prisión durante más de año y medio, hasta que finalmente fue desterrado hace seis meses.