Una farsa. Así describen opositores, activistas y disidentes los próximos comicios del siete de noviembre, en los que Daniel Ortega y Rosario Murillo se proclamarán vencedores de una contienda controlada en su totalidad por ellos. En esta ocasión, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no tiene la necesidad de cometer un nuevo fraude, como se documentó en pasados procesos electorales, pues irá en la boleta acompañado de una serie de partidos que no representan ninguna sombra el sandinismo, y bajo la observancia de simpatizantes que han sido invitados como “acompañantes”.
Para algunos analistas, como la socióloga Elvira Cuadra, las elecciones son una mezcla de fraude y farsa. “La naturaleza fraudulenta de estas elecciones está dada por la forma en la que está diseñado el sistema electoral, y por cómo está dispuesto todo. Hay una serie de factores y elementos que efectivamente conforman todo un entorno fraudulento, y lo podremos ver, sumado a la pantomima”, afirmó.
No obstante, para opositores como Juan Diego Barberena, el fraude requiere un elemento que estos comicios no tendrán: competencia electoral. “Eso no pasa en Nicaragua desde el año 2016, a través de resoluciones de la Corte Suprema de Justicia con las que se impidió la competencia electoral. Decimos que este acto es simulado porque se aparenta realizar algo que no se realiza. La población no tiene en este momento la capacidad de elegir”, agregó el integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
Además de que el país nuevamente se encuentra en la disyuntiva de que no hay por quién votar, tal como sucedió en los comicios de 2016 cuando el FSLN quitó del camino a los candidatos que podría hacerle contrapeso, las elecciones de 2021 serán las menos vigiladas en lo que va del siglo. Ni la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) ni el Centro Carter —garantes históricos de unos comicios transparentes— estarán presentes durante el proceso. Las misiones de observación fueron sustituidas por una figura llamada “acompañantes” que aparece en las reformas a la Ley Electoral realizadas por los sandinistas en mayo.
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“El mensaje claro es que estas elecciones no sirven ni para legitimar al régimen en el sentido estricto de la palabra. Ellos [el FSLN] esperan ver cuál es la reacción de la comunidad internacional cuando cumplan con este rito de paso”, explicó a DIVERGENTES un sociólogo y politólogo nicaragüense que por motivos de seguridad pidió el anonimato.
Los cinco actos de la “farsa”
En el país existen siete precandidatos de oposición encarcelados bajo dos tipos de alegatos: seis de ellos son acusados de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional y una aspirante es señalada de lavado de dinero, bienes y activos. Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora y Noel Vidaurre son las personas que aspiraban a retar a Ortega y a Murillo en las urnas. No bastando la escalada represiva contra ellos, el régimen ha encarcelado a casi una cuarentena de líderes opositores, activistas, trabajadores y campesinos durante una escalada represiva prelectoral, que para algunos analistas tenía el fin de descabezar a la oposición surgida tras las protestas de abril de 2018.
Las detenciones también han trastocado a empresarios que durante una década sostuvieron un polémico modelo de “diálogo y consenso” con el régimen. Los últimos detenidos fueron Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la patronal más grande del país. Las encarcelaciones masivas no solo han provocado rechazo internacional, sino mayor aislamiento y un posible desconocimiento del proceso.
Con todo esto Ortega y Murillo buscan perpetuarse en el poder, en medio de una de las mayores crisis que vive el país, y que ha provocado toda una debacle económica. “Este proceso es una farsa, es una simulación porque no hay competencia electoral, porque los candidatos están presos, porque no tienen la mínima posibilidad ni el carisma de movilizar a la gente ni la capacidad de disputar el poder a Daniel Ortega”, explicó Barberena.
Los indicios de que la pareja presidencial garantizará su permanencia a expensas de cualquier costo político llegaron a inicios de mayo, con la elección de nueve magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) afines al sandinismo y una reforma electoral que no cumplió con las expectativas de la comunidad internacional ni de la oposición que pretendía participar en el proceso.
Con un escenario tan adverso para los opositores, el régimen reafirmó el control del proceso electoral al convocar a “acompañantes electorales” autodenominados como socialistas y comunistas. El 19 Digital, medio del oficialismo, confirmó el primero de noviembre que los “garantes” del proceso ya estaban en Nicaragua. En total, estarían arribando 380 personas de Europa, América y algunos países de Asia con regímenes similares al de Nicaragua.
En su mayoría, la “observación” estará a cargo de aliados de Ortega, o simpatizantes que provienen de ideologías similares a las del régimen. Algunos de ellos son José Luis Centella y Miguel Ángel Bustamante, del Partido Comunista de España; Gerry Condon, expresidente de Veteranos por la Paz de Estados Unidos, y Jorge Kreyness, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Argentina.
Con una oposición fuera de juego, el partido de gobierno permitió la presencia de cinco partidos políticos que no cuentan con una base sólida de votantes, y muchos de ellos sin una convención de miembros capaces de elegir a sus representantes. Son partidos cuya estela de colaboracionismo está más que comprobada en las sesiones parlamentarias en las que el régimen ha aprobado legislaciones represivas. Los candidatos que acompañarán a Ortega en la boleta son desconocidos en la vida política y social del país.
Ilegitimidad y aislamiento
Antes de que en el país se realicen las elecciones, organismos y sistemas internacionales han asegurado que no reconocerán los resultados de un proceso simulado, sin garantes internacionales y con los principales aspirantes encarcelados bajo polémicas leyes, como la “Ley de defensa a los derechos del pueblo”, una de las legislaciones represivas que la dictadura aprobó a finales de 2020. Nicaragua estará entrando a una nueva crisis cuyo resolución y efecto es todavía insondable para los analistas.
Sin embargo, la represión aligeró nuevas presiones internacionales que podrían ser ejecutadas después del siete de noviembre. La Ley Renacer, aprobada recientemente por la la Cámara de Representantes de Estados Unidos que espera la firma del presidente Joe Biden, se presenta como uno de los últimos cartuchos contra el régimen que pretende instaurar un modelo de partido único en el país.
Tanto la OEA como la UE han dado indicios de no reconocer el proceso electoral del próximo domingo. El sistema interamericano tendrá una sesión del Consejo Permanente el 10 de noviembre, en el que se podría evaluar los comicios electorales e iniciar el proceso de aplicación de la Carta Democrática. Por su parte, la UE ha anunciado más sanciones contra los funcionarios gubernamentales.