La Asociación Madres de Abril (AMA), compuesta por familiares de opositores muertos en Nicaragua durante las manifestaciones antigubernamentales de 2018, anunció este lunes que no reconoce las elecciones generales del 7 de noviembre próximo, en las que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección. “Desconocemos el proceso electoral que se realizará próximamente en noviembre por ser totalmente ilegítimo”, señaló la AMA en una declaración pública.
La AMA se suma de esa forma a otras organizaciones opositoras que han anunciado que no reconocerán como legítimas las elecciones generales del 7 de noviembre, como el Movimiento Campesino Anticanal de Nicaragua, la Coalición Nacional, la Unidad Nacional Azul y Blanco, y la Articulación de Movimientos Sociales (AMS).
“El régimen pretende perpetuar un Estado de impunidad, crisis sanitaria, corrupción y barbarie por medio de todo el aparataje gubernamental, incluyendo sus fuerzas represoras policiales, militares y paraestatales, no hay manera de enmascarar el rostro y espíritu de este Gobierno, ni con discursos, ni con procesos viciados, ni con mentiras”, expresó la AMA.
En los comicios de noviembre, el sandinista Ortega aspira a su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. El proceso electoral ha estado marcado por leyes que restringen la participación de la disidencia, la cancelación de tres partidos de oposición, el encarcelamiento de siete aspirantes a candidatos a la Presidencia y el exilio de otros dos, así como el arresto de exfuncionarios de gobiernos liberales, exguerrilleros históricos sandinistas, periodistas, defensores de derechos humanos, empresarios, banqueros, entre otros.
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Las Madres de Abril también rechazaron el trato a 155 opositores considerados “presos políticos” y encerrados en diferentes cárceles de Nicaragua, según ha reconocido a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y solicitaron la intervención de la Cruz Roja Internacional.
“Condenamos la tortura a la que han sido sometidos. Nos sumamos al llamado de sus familiares, de que se autorice una misión de la Cruz Roja Internacional para constatar sus estados de salud”, resaltaron las integrantes de la AMA.
La AMA, que junto con la CIDH ha registrado al menos 328 muertos en el contexto de las protestas de 2018, exigió que todos los “presos políticos” de Nicaragua sean liberados.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde el 18 de abril de 2018 cuando estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, debido a que respondió con la fuerza. Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como “intento de golpe de Estado”, dejaron al menos 328 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
Exiliados también llaman a desconocer elecciones
Campesinos nicaragüenses exiliados en Costa Rica se manifestaron el viernes frente a la embajada de la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar al organismo que desconozca las elecciones del próximo 7 de noviembre.
La dirigente campesina Francisca Ramírez, exiliada en Costa Rica, encabezó el movimiento y entregó en la sede de la OEA una carta en la que denuncian cierres de medios de comunicación y el encarcelamiento de dirigentes y candidatos de oposición, ante lo que piden al organismo “no reconocer a unos gobernantes ilegítimos”. “En Nicaragua no son elecciones legítimas porque están los precandidatos presos, hay más de 150 presos políticos, más de 120.000 exiliados, se han desmantelado los medios de comunicación independientes y hay periodistas presos”, declaró Ramírez a Efe.
En la nota entregada en la sede de la OEA, los campesinos exigieron “libertad para todos los presos políticos”, que “no se reconozcan los resultados de la farsa electoral”, que “no se financie más a la dictadura que reprime y asesina” y el “retorno de todos los exiliados y de la democracia con todos sus derechos.
Por su parte, el dirigente del Movimiento Campesino Anticanal de Nicaragua, Nelson Zeas, comentó que el objetivo de acudir a la OEA es pedirle a sus Estados miembros que “desconozcan e ilegitimen al Gobierno de Daniel Ortega y el circo electoral que está fraguando”. Según Zeas, Ortega está “tratando de vender a la comunidad internacional un proceso legítimo donde no lo hay”, ya que “no se pueden llamar elecciones cuando los candidatos de oposición están presos”.
Las manifestaciones en contra del Gobierno de Ortega se han vuelto frecuentes en la vecina Costa Rica, un país de 5,1 millones de habitantes que históricamente ha recibido flujos importantes de migrantes nicaragüenses y donde viven al menos 400.000, según datos oficiales, aunque podrían ser muchos más, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales.
Los datos oficiales de las autoridades de Costa Rica indican que desde abril de 2018 han recibido cerca de 100.000 solicitudes de refugio por parte de ciudadanos nicaragüenses que afirman haber huido de la represión en su país a raíz de las protestas contra el Gobierno de Ortega. Más de 4,4 millones de nicaragüenses están aptos para votar en las elecciones generales del 7 de noviembre próximo.
En el actual proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado y acusado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos a los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
Otros dos políticos de la oposición que anunciaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia, María Asunción Moreno y el exlíder de la “Contra” Luis Fley, abandonaron Nicaragua alegando razones de seguridad. En dichas elecciones Daniel Ortega buscará su tercera reelección consecutiva, para un cuarto mandato de cinco años y segundo con su esposa como vicepresidenta.