Para la comunidad latina en Estados Unidos, mencionar el nombre de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos por segunda ocasión, evoca una mezcla de emociones marcadas por la preocupación y el miedo. Estas sensaciones no son infundadas, sino una respuesta directa al discurso antiinmigrante que ha caracterizado tanto su retórica, como la advertencia de sus políticas futuras.
Las últimas declaraciones de Trump con “Meet the Press” de NBC volvió a encender las alarmas sobre el panorama para los inmigrantes, incluso aquellos nacidos en suelo estadounidense, quienes temen que la ola de deportaciones inicien luego de la toma de posesión del mandatario, prevista para el 20 de enero de 2025.
El republicano reiteró una de sus principales promesas de campaña: implementar deportaciones masivas, una medida ya aplicada durante su anterior Gobierno y criticada por organizaciones de derechos humanos por considerarla inhumana, al separar familias en la frontera.
Además, impuso mayores restricciones al asilo e intentó poner fin a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el programa de la administración de Barack Obama que protegió a los dreamers —hijos de inmigrantes que fueron llevados a Estados Unidos a temprana edad—.
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Trump dejó claro durante la entrevista que su prioridad es robustecer las políticas migratorias que se consolidaron bajo su primera administración, remarcó que durante su Gobierno las deportaciones no superaron las 350 000, solo que en esta ocasión se asegurará de que existan “reglas y regulaciones”, incluso de rango constitucional.
Actualmente existen más de 11 millones de inmigrantes en Estados Unidos. Un informe de la National Foundation for American Policy (NFAP) reporta hasta 2.7 millones de personas estarían en riesgo de perder la protección contra la deportación. Esta cifra incluye a inmigrantes que actualmente se benefician de programas como DACA o parole.
Dreamers nicaragüenses en el limbo
Aunque ya se conoce su estigmatizante discurso, sus declaraciones sorprendieron al confirmar su promesa de acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento e incluso deportar a los dreamers, a pesar de que ese intento de deportación fue bloqueado en 2020 por la Corte Suprema.
“Tenemos que hacer algo con los dreamers, porque se trata de personas que fueron traídas aquí a una edad muy temprana, y muchos de ellos son ahora personas de mediana edad. Ni siquiera hablan el idioma de su país. Y sí, vamos a hacer algo al respecto”, dijo Trump durante la entrevista.
Sin embargo, el discurso en torno a los dreamers resulta profundamente contradictorio. Por un lado, afirma estar dispuesto a trabajar con los demócratas para elaborar un plan que proteja a miles de inmigrantes traídos a EE. UU. cuando eran niños. Por otro lado, un juez federal de Dakota del Norte, Daniel Traynor, nombrado por él durante su primer mandato, prohibió a los dreamers acceder al programa de salud subvencionado conocido como Obamacare (Affordable Care Act, ACA, en inglés).
Esta decisión, respaldada por 19 estados, contradice las protecciones impulsadas por el presidente Biden para permitir que 147 000 migrantes accedan a cobertura médica. Según la coalición Home is Here, este fallo es claramente ilegal y representa una violación a los derechos fundamentales de los beneficiarios y no hacen más que profundizar la confusión y el doble discurso sobre las intenciones reales hacia los dreamers.
Jorge Cancino, editor principal de migración de Univisión Noticias, afirma que Trump mantiene la misma postura respecto a las decisiones sobre los dreamers, aunque ahora cuenta con un argumento más sólido para defender su posición. Según Cancino, la gran interrogante es si los dreamers estarán dispuestos a aceptar que el Gobierno negocie la permanencia de sus padres indocumentados a cambio de sus propias garantías.
Ciudadanía por nacimiento en riesgo
Mariana, una nicaragüense de 32 años y con siete meses de embarazo, viajó a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario (una iniciativa de la Casa Blanca para ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela) con el objetivo de que su hijo naciera en suelo estadounidense y obtuviera la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, ahora le preocupa que sus planes no se concreten y se vea obligada a renunciar a su meta.
Como Mariana, muchas otras nicaragüenses han viajado buscando un mejor futuro para sus hijos. No obstante, Trump ha amenazado con eliminar este derecho, protegido por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que garantiza a todas las personas nacidas en Estados Unidos ser estadounidense, y ha sugerido que podría intentar anularlo mediante una acción ejecutiva —que fue postergada debido a la atención prioritaria a la pandemia de covid-19—.
“No quiero romper una familia, así que la única forma de no romper una familia es mantenerlos juntos y enviarlos de regreso a todos”, dijo el líder del partido republicano. Al ser cuestionado sobre si esa medida se aplicaría incluso a los niños que están legalmente en Estados Unidos, respondió: “Es lo que tenemos que hacer, si quieren quedarse con el padre”. Una clara amenaza para los inmigrantes, que también incrementa el riesgo de fomentar el odio, todo con el objetivo de mantener contentas a sus bases.
Según el Centro de Estudios Migratorios, existen 4.7 millones de hogares en Estados Unidos se definen de estatus mixto —un residente indocumentado con un ciudadano o residente legal no ciudadano—. 48% de los casi 2.3 millones de hogares con un residente indocumentado tiene un menor nacido en Estados Unidos.
“Vamos a tener que cambiarlo, o tal vez volvería al pueblo, pero tenemos que acabar con ello. Somos el único país que lo tiene”, dijo Trump. Sin embargo, esta afirmación fue desmentida por medios de comunicación, que señalaron que más de tres docenas de países en el mundo otorgan ciudadanía por nacimiento, incluidos México y Canadá.
Cancino recordó que en agosto de 2019 Trump ya había intentado eliminar la ciudadanía por nacimiento, pero sus asesores le recomendaron no hacerlo debido a la proximidad de las elecciones, ya que una acción ejecutiva requiere un proceso largo que puede durar, según el analista, más de 18 meses antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia.
El especialista en migración de Univisión Noticias afirma que la ley permite realizar cambios en las enmiendas, pero requiere la aprobación de dos terceras partes en ambas Cámaras del Congreso. Posteriormente, la propuesta debe someterse nuevamente a votación en las mismas Cámaras. Otra forma de modificar la Decimocuarta Enmienda y alterar la ciudadanía por nacimiento sería que dos terceras partes de los estados soliciten una asamblea constitucional para efectuar el cambio. Según Cancino, aunque estas dos vías respetan el marco legal, la opción de utilizar una orden ejecutiva genera más dudas que respuestas.
Inmigrantes con procesos judiciales será deportados
Lo que sí queda claro dentro de la retórica antiinmigrante de Donald Trump es su intención de deportar a inmigrantes con antecedentes penales. Según Trump, esta cifra asciende a 1.5 millones de indocumentados con cargos delictivos, aunque las cifras oficiales reflejan que son 660 000.
“Creo que hay que hacerlo. Es algo muy difícil de hacer… Ya sabes, tienes normas, reglamentos, leyes. Entraron ilegalmente”, remarcó el líder republicano. Señaló que este grupo será el primero en ser deportado, para luego continuar con “personas fuera de los criminales”, sin especificar qué delitos o faltas tendrán prioridad para la deportación.
Durante su campaña política presidencial, Trump siempre fue claro en expulsar a los “criminales”, incluso enfatizó que podría desempolvar la Ley de Extranjeros Enemigos (Alien Enemies Act) para “desmantelar cada red criminal migrante operando en suelo estadounidense”, dijo durante un mitin. Dicha ley sólo es aplicable en casos de “guerra declarada” en Estados Unidos, y fue promulgada en 1798; es la misma ley que el presidente Franklin D. Roosevelt usó para encarcelar a familias de inmigrantes de origen japonés, italiano y alemán que vivían en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.
Promesas a la espera de cumplirse
Además, afirmó que también podrían ser deportados los latinos que ingresaron ilegalmente al país y han sido detenidos por el Departamento de Migración, así como los familiares indocumentados de ciudadanos estadounidenses que dependen directamente de ello. Abogados de inmigración, únicamente recomiendan estar preparados y dejar su documentación con una persona que esté legal en el país.
En el caso de los solicitantes de asilo, el abogado de inmigración Aníbal Romero señaló que no se debe temer, sino simplemente asegurarse de seguir el proceso. Respecto a las personas con orden de deportación, explicó que esto funciona como una boleta de captura y que cada caso de deportación se debe “pelear”.
Durante su campaña electoral, Trump llamó a su nueva estrategia contra inmigrantes, Operación Aurora o “día de la liberación”, pues detendrá la “invasión” de inmigrantes”, incluyendo los procedentes de América Latina, alegando que estos son miembros de pandillas que “hacen que los Hells Angels parezcan personas extremadamente agradables”. También dirigió su rechazo a los inmigrantes venezolanos a quiénes llamó durante un mitin “animales” y “criminales”, y a los haitianos los acusó de comer las mascotas.
Prometió completar la construcción del muro fronterizo, cerrar las fronteras para evitar el ingreso de personas procedentes de “todo el mundo” y aseguró establecer la pena de muerte para cualquier inmigrante que mate a un ciudadano estadounidense. Además de la contratación de más de 10 000 agentes de Patrulla Fronteriza adicionales, de los 20 000 agentes que aproximadamente existen, según la agencia de noticias Reuters.
Senadores demócratas lanzan petición
Antes de que finalice el mandato del presidente Joe Biden, senadores latinos demócratas le solicitaron que proteja a los inmigrantes indocumentados de ser deportados.
Catherine Cortez Masto, la primera y única senadora latina en la Cámara Alta por el estado de Nevada, señaló que Biden tiene la oportunidad de dejar un legado a favor de los migrantes y de proteger a quienes han contribuido a hacer de Estados Unidos lo que es hoy.
Otros senadores que se sumaron a esta petición incluyen a Álex Padilla, de California, y Ben Ray Luján, de Nuevo México, quienes apelan a proteger a los beneficiarios del estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), concedido a nicaragüenses, salvadoreños, ecuatorianos y venezolanos quienes buscaron asilo en Estados Unidos.
Los senadores también solicitan medidas para conservar el Parole humanitario. Este último se puso en marcha el año pasado y fue especial para inmigrantes cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos, que permitió, según registros de Los Angeles Times, que 30 000 personas ingresaran a Estados Unidos cada mes. Hasta la fecha aproximadamente 530 000 personas han llegado a Estados Unidos bajo ese programa.
Mientras pasan los días para la llegada de Trump a la Casa Blanca, se reportó que el senador republicano, David Gregory propuso un proyecto de ley para que los residentes estadounidenses se les brinde una recompensa de 1000 dólares por denunciar a indocumentados en el país.
Los planes de Trump contra los inmigrantes continuarán con el objetivo de mantener contenta a su base, vinculando el tema con problemas humanitarios y económicos. Sin embargo, su discurso sobre una “invasión de inmigrantes” resulta falso, ya que las estadísticas muestran una caída del 60% en el flujo de inmigrantes indocumentados este año.
A juicio de abogados de inmigración, una deportación masiva no es real ni viable, aunque sí se presentarán casos mediáticos destinados a atemorizar.
En el caso de los nicaragüenses, la preocupación es doble. Muchos inmigrantes que huyeron de la crisis política y económica dependen de la estabilidad que ofrece Estados Unidos. Sin embargo, no solo se aleja la posibilidad de su permanencia en el país, sino también la de reunirse con sus familias.
Aunque se conocen los planes del Gobierno de Trump, la interrogante sigue siendo cómo y cuándo se ejecutarán, dejando a miles de inmigrantes en un estado de incertidumbre y temor.