La violencia contra la prensa en América Latina se mantuvo como una preocupación constante en 2024, con un total de 3766 agresiones documentadas en 17 países de la región. De acuerdo con la séptima edición del Informe Sombra sobre la libertad de prensa en América Latina, el Estado se consolidó como el principal agresor, siendo responsable del 49.3% de los casos registrados.
Aunque el número total de alertas disminuyó ligeramente en comparación con 2023, el informe advierte que esta reducción no se traduce en una mejora real. Por el contrario, se observa un “reacomodamiento de las agresiones” que ha llevado a la consolidación de la autocensura, la proliferación de “desiertos informativos” y el exilio forzado de periodistas en la región.
El Informe Sombra 2024, elaborado por la Red Voces del Sur (VDS), subraya un escenario de riesgo extremo donde la represión estatal, el crimen organizado y la impunidad sistémica continúan erosionando el derecho a la información y, con ello, debilitando la democracia en América Latina.
El informe destaca que Honduras, México y Colombia se mantienen como los territorios más letales para los periodistas, con 14 asesinatos registrados en la región, lo que equivale a una muerte cada 26 días. Además, los casos de tortura se triplicaron, pasando de 4 en 2023 a 12 en 2024, y se documentaron 4 desapariciones forzadas y 8 secuestros. La impunidad ante estos crímenes sigue siendo la norma, lo que perpetúa el ciclo de violencia.
Desiertos noticiosos en Nicaragua, Cuba y Venezuela
En países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, el informe resalta la profundización de la censura y la expansión de los “desiertos de noticias”. La represión ha forzado a cientos de periodistas al exilio, dejando a comunidades enteras sin acceso a información independiente y plural.
En el represivo contexto de Nicaragua, el capítulo de las agresiones fue elaborado en base a los reportes de la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED) que mantiene un monitoreo constante sobre la situación de los comunicadores del país centroamericano.
La FLED registró 81 alertas en 2024, de las cuales el 86.4% fueron cometidas por actores estatales y paraestatales, consolidando al Estado nicaragüense como el principal aparato de represión contra la prensa, tanto dentro del país como en el exilio.
En esta línea, se documentaron ocho alertas por uso abusivo del poder estatal, con acciones coordinadas de instituciones como la Policía Nacional, la Asamblea Nacional, la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
“Estos datos no solo confirman la cooptación institucional por parte del régimen sandinista, sino también la eliminación de cualquier garantía efectiva para el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo en Nicaragua”, reseña la FLED.
El año estuvo además marcado por la intensificación de campañas de desprestigio y agresiones verbales hacia la prensa crítica, incluso contra periodistas en el extranjero.
Los discursos estigmatizantes aumentaron un 72.2%, pasando de 22 casos en 2023 a 38 en 2024. Actores estatales y paraestatales emitieron el 70.3% de estos discursos, consolidándose como una estrategia central del régimen para desacreditar al periodismo crítico.
El otro caso más preocupante en Centroamérica es El Salvador. Este viernes 3 de octubre de 2025, el reconocido medio GatoEncerrado anunció que cerraban sus operaciones administrativas y jurídicas en el país para continuar ejerciendo un periodismo independiente, ante los embates del Gobierno de Nayib Bukele.
Los casos de Nicaragua y El Salvador reflejan un patrón recurrente en la región. Los actores estatales fueron responsables de casi la mitad de todas las violaciones registradas (1.681 alertas). Las fuerzas policiales y de seguridad perpetraron una de cada tres “agresiones y ataques”, la categoría más frecuente con 1562 casos. Presidentes como Javier Milei (Argentina), Nicolás Maduro (Venezuela) y Bukele, fueron señalados como los principales agresores individuales en la región.
El discurso estigmatizante, con 756 registros, se posicionó como la segunda forma de violencia más común (20.1% del total), duplicando su frecuencia desde 2020. Más de la mitad de estos discursos provinieron de actores estatales, quienes utilizaron la retórica para desacreditar a la prensa, legitimar la hostilidad y crear un ambiente permisivo para ataques físicos.
Judicialización y crimen organizado: nuevas amenazas
El uso del sistema judicial para intimidar a periodistas continuó en ascenso, con 217 procesos civiles y penales documentados, un aumento sostenido en los últimos años. Colombia, Brasil y Chile fueron los países con mayor número de casos, donde el 61.1% de los procesos fueron iniciados por actores estatales.
La violencia de grupos criminales también se intensificó, con 170 agresiones, triplicando su incidencia desde 2021. El asalto armado en vivo al canal TC Televisión en Ecuador fue un caso emblemático que evidenció el poder de estos grupos para silenciar a la prensa.
El informe también registró 142 alertas de violencia basada en sexo u orientación sexual, afectando de manera desproporcionada a mujeres periodistas, comunicadoras indígenas y periodistas LGBTIQ+. Estos ataques, a menudo con contenido misógino y sexista, buscan silenciar coberturas sobre derechos humanos, corrupción y género. La Red Voces del Sur, conformada por 17 organizaciones de la sociedad civil, nació en 2017 con el objetivo de monitorear las violaciones a las libertades y derechos informativos en América Latina, contrarrestando la información oficial de los Estados.