Ley de Ciberdelitos: un hacha contra la libertad de expresión

Han sido 11 las personas acusadas bajo esta ley creada a la medida del régimen de Daniel Ortega, al menos nueve de ellos son opositores y solamente a dos se les ha aplicado sin ninguna causa política. Un caso emblemático es el de Donald Alvarenga, opositor que ha sido el primero en recibir un fallo de culpabilidad.

La Ley Especial de Ciberdelitos puede ser utilizada en contra de cualquier ciudadano o ciudadana que sea contrario al régimen Ortega-Murillo, esto con el objetivo de acallar a las voces disidentes. Foto: EFE

Donald Alvarenga fue apresado el día seis de noviembre, en víspera de las elecciones generales que le dieron un triunfo espurio a Daniel Ortega. A Alvarenga, un opositor del occidente de Nicaragua, se le acusaba de conspiración bajo la Ley de Ciberdelitos diseñada a la medida del régimen para perseguir a opositores. El juicio se dio el 13 de enero y fue declarado culpable. ¿En qué se basaron las autoridades para condenarlo? En las declaraciones que siete policías brindaron durante el proceso. Ellos fueron los “testigos” de un proceso opaco.

El Ministerio Público presentó la acusación por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, a través de las tecnologías de la información y la comunicación. En el acta de juicio oral y público quedó en evidencia que Alvarenga era objeto de espionaje y vigilancia desde el año 2019 por medio de la Unidad de Inteligencia Policial. 

Daniel Ortega aseguró unos meses antes de los encarcelamientos de siete precandidatos presidenciales y más de 40  líderes opositores, que en Nicaragua hay libertad de expresión. “Imagínense si aquí nos ponemos con esas leyes, todos los que escriben, lanzan amenazas en las redes, los que dicen que hay que hacer daño al país, aquí no caemos en eso. Aquí hay libertad de expresión. ¡Ah, pero vienen los yanquis y dicen que no hay libertad de expresión, y los europeos dicen que no hay libertad de expresión. Aquí cualquiera dice lo que quiere, en las redes, en sus páginas, cualquier barbaridad dicen. Allá los meten presos. Allá estuvieran presos todos estos acusados de terroristas”. 

La Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), también conocida como “ley mordaza” o “ley bozal”, sí ha sido usada para perseguir a opositores y es un hacha contra la libertad de expresión. Fue aprobada el 27 de octubre de 2020 y entró en vigencia el 30 de diciembre. Al día de hoy, se conoce la acusación de nueve opositores, todos por motivos políticos.

La aprobación de esta ley permite perseguir crímenes cibernéticos como el hackeo, robo de identidad o espionaje informático, pero también a aquellas personas que “difundan información falsa”. Este último con el fin de criminalizar a quienes hagan críticas a Ortega en las redes sociales o cuestionen su sistema de Gobierno, y también amenaza con cárcel a los medios de comunicación que según el Gobierno emitan “noticias falsas”. La ley establece penas desde uno hasta diez años de cárcel para aquellos imputados por alguno de los 30 delitos que tipifica.

El régimen Ortega-Murillo, en su afán de criminalizar cualquier organización que promueva la libertad de expresión y prensa, hizo que la Fiscalía acusara del delito de lavado de dinero y bienes activos a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, creada por la exmandataria en 1997 para apoyar proyectos a favor de periodistas y medios independientes. Más de 30 periodistas fueron llamados a declarar y tres fueron amenazados con ser juzgados por violar la Ley de Ciberdelitos. En el contexto de la pandemia, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, también acusó a los médicos de hacer “terrorismo sanitario”, y de difundir “pronósticos y noticias falsas”, al informar que la Covid-19 se ha extendido mucho más de lo que reconocen las autoridades. Tanto periodistas y médicos decidieron abandonar el país, ante las amenazas y acosos.  

¿Es esta ley parecida a la que existe en el “imperio yanqui” como asegura Ortega? Primero se debe conocer el significado de ciberdelito, que se refiere a cualquier falta que implique el uso de una computadora o dispositivo en red para cometer un crimen. En Estados Unidos existen docenas de diferentes tipos de delitos cibernéticos, que van desde el acoso cibernético hasta la piratería, el fraude, el robo y más.

Estados Unidos tiene algunas de las leyes más estrictas del mundo contra el delito cibernético. La legislación sobre ciberseguridad incluye muchas regulaciones. El Código de los Estados Unidos (18 USC) contiene la mayor parte de la legislación federal sobre delitos informáticos. La Ley de abuso y fraude informático, y la Ley de restitución y cumplimiento de robo de identidad son enmiendas en este código.

Según la ley de los Estados Unidos, los delitos cibernéticos incluyen: 

  • Fraude y actividad relacionada con documentos e información de identificación: Se aplican multas al uso ilegal de datos personales y los autores pueden ser encarcelados de 5 a 20 años.
  • Nombres de dominio de Internet engañosos: Multa y prisión de hasta 10 años.
  • Fraude y actividad relacionada con dispositivos de acceso o computadoras: Pueden imponerse multas o penas de prisión de un máximo de 20 años.
  • Interceptar y revelar comunicaciones electrónicas o por cable: Multa y/o pena de cárcel de hasta 5 años.
  • Fraude relacionado con el correo electrónico: Multas y/o penas de cárcel de 3 a 5 años.
  • Explotación sexual de niños en línea o por computadora: Multa y mínimo de 15 a 30 años de prisión.
  • Acceso ilícito a comunicaciones almacenadas: Multa o pena de prisión de 5 años por la primera infracción. Los delitos posteriores pueden tener una pena de prisión de hasta 10 años.

Cada Estado también tiene sus leyes para el delito cibernético. Algunas de las leyes más notables incluyen:

  • Alabama: La manipulación de computadoras, el fraude de datos y el phishing podrían ser castigados con hasta 99 años de cárcel con una multa de $60 mil.
  • Kentucky: Los delitos informáticos definidos se pueden imputar como un delito menor de Clase B a un delito grave de Clase C. Hasta 10 años de prisión y hasta $10 mil de multa o el doble de lo ganado durante el crimen.
  • Texas: Alterar las máquinas de votación, solicitar menores, publicar bajo la identidad de otra persona con la intención de dañar, revelar información personal y más. Delito menor de clase B de hasta 180 días en la cárcel del condado más una multa de $2 mil hasta un delito grave de primer grado y hasta cadena perpetua más una multa de $10 mil.
  • Virginia Occidental: Fraude informático, acceso a computadoras legislativas, solicitud de un menor, posesión no autorizada de software o datos, acceso no autorizado a servicios informáticos, interrupción o denegación de servicio, invasión de la privacidad, divulgación de información de seguridad y acceso a información gubernamental confidencial. Tratado como un delito menor de hasta 6 meses en la cárcel más una multa de $1,000 hasta un delito mayor de 10 años en la prisión más una multa de $10 mil.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos registró el récord de 791 mil 790 denuncias por delitos cibernéticos en 2020, que fueron responsables de más de 4 mil 200 millones de dólares en pérdidas, aseguró la edición 2020 del informe Internet Crime Report (ICR) que realiza el FBI. En comparación con 2019, el número de denuncias presentadas por víctimas de diversos tipos de delitos cibernéticos aumentó un 69%. Este fenómeno no ocurrió solo en Estados Unidos, sino que en varios países sucedió algo similar ese año.

En comparación, el caso de Estados Unidos dista mucho al de Nicaragua, no solo por los números de denuncias sino también por una sola variable: no existe una criminalización hacia ninguna persona o grupo por su ideología política, mucho menos acusarlos de terroristas. A eso hay que agregar que la ley de Nicaragua deja un completo vacío en cuanto a lo que es una información falsa y tergiversada. En Nicaragua solo se conoce el caso de Allan Noel Herrera, de 47 años, y Domingo Mendoza, de 42, los primeros ciudadanos que les fue aplicada la ley y no fue por causas políticas. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, se les atribuyó el delito de divulgación no autorizada, acceso indebido a programas o datos informáticos y revelación indebida de datos.

Recientemente, el medio de comunicación Nicaragua Investiga planteó el caso de un grupo público (ahora privado) en Facebook con más de seis mil miembros llamado Conductores InDriver de Nicaragua donde se burlan de sus clientes, los ofenden y exponen datos personales sensibles, como sus fotografías y direcciones de viviendas. Este es un caso visible en el que se puede usar la Ley de Ciberdelitos por la exposición de datos personales que según la política de privacidad de esta aplicación no debería de ser utilizada para otros fines. 

Asimismo, bajo esta misma ley se debería estar investigando a los usurpadores de las cuentas de WhatsApp de Confidencial, Bacanalnica, Canal 10 y los que han intentado apoderarse de la cuenta de Artículo 66, ya que el artículo 22 de la Ley de Ciberdelitos establece la suplantación y apropiación de identidad informática: “El que suplantare o se apoderare de la identidad informática de una persona natural o jurídica por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y doscientos a quinientos días multa”.

En cambio, hasta la fecha, las empresas telefónicas y las autoridades correspondientes no han brindado información sobre estos casos. 

A los opositores acusados bajo la Ley de Ciberdelitos también les han aplicado el artículo 30, que trata sobre la propagación de noticias falsas a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. “Si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada, incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y quinientos a ochocientos días multa”.

El convenio con Rusia 

Moncada y Serguéi Lavrov durante la firma del convenio intergubernamental en Moscú, Rusia. Foto: Cancillería de Rusia.

Nicaragua y Rusia firmaron el 19 de julio de 2021 un convenio intergubernamental sobre la Colaboración en la Garantía de la Seguridad Informática Internacional, con el que el régimen de Daniel Ortega pretende evitar que países señalados de “injerencistas” difundan información considerada “tergiversada” en contra de la dictadura, explicó Denis Moncada, ministro de Relaciones Exteriores.

“En cuanto al acuerdo, su objetivo es garantizar la seguridad de la información internacional, la seguridad en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación. Este tema es muy importante, nos permite operar en condiciones de paz, condiciones de estabilidad. Por lo tanto, aquí, por supuesto, se requiere que los Estados y gobiernos tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las TIC, la seguridad de la información internacional”, afirmó Serguéi Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia.

En su exposición de motivos, Ortega explicó que firmaron ese acuerdo con Moscú “motivados por la importancia de las tecnologías de la información y las comunicaciones, no solo para el desarrollo social y económico de la humanidad, sino también para el mantenimiento de la paz, la seguridad y estabilidad internacionales y teniendo presentes las amenazas relacionadas con la posibilidad del uso de esas tecnologías para menoscabar la paz, la soberanía y seguridad de los Estados”.

En entrevista a la agencia rusa de noticias Sputnik, el canciller Moncada acusó a Estados Unidos y países de la Unión Europea de realizar una “campaña para desestabilizar países de América Latina, el Caribe y otros continentes”, haciendo uso de las TIC. También aprovechó para reiterar que los supuestos países injerencistas “utilizan un diseño propagandístico de mucha inversión financiera, de muchos millones (de dólares), y pueden captar a personas que se prestan a una información falsa”.

El acuerdo permitirá a Nicaragua y Rusia intercambiar información para detectar y poner fin a los “incidentes informáticos”, así como investigar delitos y casos penales relacionados con el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones “con fines terroristas y criminales”.

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