Informe de la UCR alerta sobre deterioro de la libertad de prensa en Centroamérica y sitúa a Nicaragua como el caso más extremo

Un estudio regional advierte que la persecución contra periodistas se agravó en Centroamérica durante el último año. La investigación identifica al poder político como la principal fuente de presión contra la prensa y concluye que Nicaragua mantiene el escenario más extremo de represión; mientras El Salvador, Guatemala y Costa Rica también registran un deterioro en las garantías para informar

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Un informe regional advierte que las presiones contra el periodismo aumentan en Centroamérica, con Nicaragua como el país más hostil para ejercer la profesión. DIVERGENTES/ Archivo.

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Las amenazas contra la libertad de expresión en Centroamérica se convirtieron en un patrón regional en el último año. Un informe elaborado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica (UCR), documenta un aumento de la persecución contra periodistas, campañas de desprestigio, restricciones para informar y el exilio de comunicadores. 

A diferencia de las primeras ediciones del estudio, estas presiones ya no se concentran únicamente en los países con mayores niveles de autoritarismo como Nicaragua, sino que alcanzan, con distinta intensidad, a El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.

“Los datos recopilados sugieren un deterioro sostenido de las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo en Centroamérica”, señala el informe. Según el análisis, ese retroceso se expresa mediante persecución institucional, estigmatización pública, restricciones administrativas, hostigamiento digital y otras formas indirectas de censura que limitan el trabajo de la prensa en toda la región.

El poder político concentra las presiones

La investigación identifica a funcionarios públicos y actores políticos como la principal fuente de presión contra periodistas. La encuesta aplicada a 110 comunicadores ubica entre los principales responsables de intimidación a autoridades gubernamentales, militantes de partidos políticos, congresistas, jueces corruptos e incluso presidentes de la República. El informe concluye que la presión contra la prensa proviene, principalmente, del poder político y de sus entornos partidarios.

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El estudio también registra un aumento de discursos estigmatizantes y campañas de desprestigio impulsadas desde espacios oficiales y redes sociales. Estas narrativas presentan a periodistas y medios independientes como adversarios políticos o aliados de intereses criminales y, según el informe, “configuran dinámicas erosivas de la credibilidad del periodismo y normalizan la hostilidad hacia la prensa”. A ello se suman amenazas personales, represalias laborales, presiones editoriales, confiscación de equipos y detenciones policiales que, en varios países, ocurren de forma simultánea.

El informe señala que la autocensura se consolidó como una estrategia para reducir riesgos personales y laborales, lo que ha llevado a cambiar agendas informativas y decisiones editoriales. El estudio también documenta que el exilio de periodistas se convirtió en un fenómeno regional, con un aumento del desplazamiento forzado especialmente en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. “Cientos de periodistas han tenido que abandonar sus países para proteger su vida o su libertad”, advierte el documento.

Nicaragua mantiene el escenario más crítico

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Desde 2018, decenas de medios independientes cerraron o fueron confiscados en Nicaragua. El informe concluye que esa política convirtió al país en el caso más extremo de restricción a la libertad de prensa en Centroamérica y desplazó el ejercicio del periodismo hacia el exilio. DIVERGENTES/ Archivo.

Entre los cinco países analizados, Nicaragua ocupa el lugar más crítico. El informe sostiene que el país “continúa representando el caso más extremo de supresión de la libertad de prensa” y atribuye esa situación al cierre y confiscación de medios de comunicación, la persecución judicial y el exilio masivo de periodistas. Como consecuencia, agrega, “la información crítica sobre el país se produce casi exclusivamente desde el extranjero”.

Este diagnóstico coincide con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que ubica a Nicaragua en el puesto 168 de 180 países, dentro de la categoría de “situación muy grave”, y la mantiene como el país con las peores condiciones para ejercer el periodismo en América. Esta organización advierte que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desmantelado el ecosistema de medios independientes mediante censura, persecución, confiscaciones y el exilio forzado de periodistas. 

El más reciente estudio regional también identifica un cambio en la estrategia represiva del régimen Ortega-Murillo. A la persecución, encarcelamiento y expulsión de periodistas dentro del país se suma ahora la persecución transnacional, una modalidad que extiende el hostigamiento más allá de las fronteras de Nicaragua y alcanza a periodistas y opositores que continúan denunciando desde el exilio. 

De los 21 periodistas nicaragüenses que participaron en el estudio, ninguno residía en Nicaragua al momento de responder el cuestionario, un dato que refleja hasta qué punto el ejercicio del periodismo independiente ha sido desplazado al exilio. 

Aunque Nicaragua concentra el escenario más severo, el informe resalta que el deterioro de la libertad de prensa ya no es un fenómeno puntual y alcanza, con distintas intensidades, al resto de Centroamérica. 

El deterioro incluye a otros países

El informe identifica un aumento de las presiones contra la prensa en El Salvador, Guatemala y Costa Rica, aunque mediante mecanismos distintos. 

En El Salvador documenta nuevas restricciones para cubrir información de interés público, hostigamiento directo, amenazas contra periodistas y el traslado al exilio de medios de comunicación y organizaciones civiles. 

En Guatemala registra un mayor uso del sistema judicial para perseguir a periodistas críticos, mientras que en Costa Rica se observa una escalada en la confrontación entre el Poder Ejecutivo y la prensa, marcada por discursos estigmatizantes, cuestionamientos públicos y el uso de herramientas administrativas que incrementan la presión sobre los medios.

Otro de los hallazgos apunta al impacto de los recortes de la cooperación internacional. Según el informe, la reducción de fondos provenientes principalmente de Estados Unidos y Europa provocó despidos, cancelación de investigaciones, precarización laboral y cambios en los modelos de producción de varios medios independientes de la región. Estas medidas también redujeron la capacidad de desarrollar investigaciones de largo aliento y de fiscalizar al poder político y económico.

Para elaborar el estudio, PROLEDI analizó 410 noticias publicadas entre octubre de 2024 y octubre de 2025, aplicó una encuesta a 110 periodistas centroamericanos e incorporó entrevistas con representantes de medios independientes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. A partir de ese análisis concluye que el deterioro de la libertad de prensa en Centroamérica no solo persiste, sino que se consolida como una tendencia regional.


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