La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó el pasado 18 de junio de 2024 en Managua una reforma a la Ley sobre bienes incautados al narcotráfico, al crimen organizado y al lavado de activos, con el fin de que el dinero ocupado o el procedente de la venta de bienes en subasta sea destinado a cubrir necesidades presupuestarias.
La enmienda propuesta por Daniel Ortega, fue aprobada con carácter urgente con el voto a favor de 81 diputados, 10 abstenciones y ninguno en contra, dijo en el pleno el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras.
Porras indicó que la reforma a la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados tiene el objetivo de mejorar la administración, control y uso de los activos incautados y decomisados.
Los cambios contemplados en la reforma
El legislador sandinista explicó que los recursos que sean incautados al narcotráfico y al crimen organizado ya no serán depositados en el sistema financiero nacional, como hasta ahora, sino en las cuentas de la Tesorería General de la República del Banco Central de Nicaragua.
Recibe nuestro boletín semanal
“Esta iniciativa repara una forma de resguardar los bienes incautados, decomisados o abandonados, en el sentido de que la Tesorería General de la República habilita y tiene una cuenta en el Banco Central de Nicaragua”, indicó.
Sobre la disposición de los activos incautados o el generado por los bienes subastados, Porras dijo que serán destinados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público “para cubrir necesidades presupuestarias, previas a la autorización de la Presidencia de la República”.
La reforma, por tanto, le quita facultades a la Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados o Abandonados, que era la encargada de administrar esos recursos provenientes de delitos de bienes y activos del crimen organizado, pero ahora en menos de 24 horas, estos deben ser entregado a la Tesorería General de la República del Banco Central de Nicaragua, aclaró Gustavo Porras, presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
El artículo 56 establecía que “los automotores terrestres de menos de tres mil centímetros cúbicos, serán entregados al Ministerio Público, Policía Nacional y al Poder Judicial, de acuerdo a sus necesidades funcionales”. Ahora, estos vehículos “serán entregados a las instituciones del Estado, previa autorización de la Presidencia de la República”.
Los millones de dólares de las incautaciones
Las incautaciones millonarias al narcotráfico aumentaron en los últimos años en Nicaragua. Un análisis de datos realizado por DIVERGENTES, con base en las notas de prensa de la Policía Nacional, arroja que entre 2018 y 2021 se incautaron 59 305 421 millones de dólares. Esto significó un aumento de 151% en comparación a lo incautado entre 2007 y 2011, durante los primeros cinco años del Gobierno de Daniel Ortega, cuando sólo se decomisaron 23.6 millones.
Si bien, estas incautaciones millonarias han ido en aumento, los decomisos de cocaína han decrecido, una disparidad llamativa en este mismo período de cinco años. De acuerdo a esta investigación, entre 2018 y 2022, la Policía incautó 22.3 toneladas de cocaína, mientras que entre 2007 y 2011 fueron un total de 54.1 toneladas de cocaína. Esto quiere decir que en el último lustro las incautaciones de cocaína disminuyeron en 143%.
Las incautaciones de narcodólares, de acuerdo al análisis realizado por DIVERGENTES, presentan un patrón similar: en la mayoría de casos, sólo se captura a choferes o trabajadores de las casas donde se encontró el dinero. Y, a veces, se realizan decomisos en vehículos que los conductores dejaron abandonados luego de una supuesta persecución policial. De las operaciones no se sabe nada más, es decir, la Policía no revela el destino del dinero incautado, tal como lo establece la Ley 735, de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.
Al igual que ocurre con el dinero incautado, el Gobierno de Nicaragua no comparte información sobre los métodos de destrucción de drogas ilícitas incautadas con ninguna entidad estadounidense u otra nacional. Pese a que la Ley 735 obliga a los cuerpos de seguridad encargados a rendir información al respecto, ni la Policía ni el Ejército aclaran el destino del dinero y de la droga decomisada.
En el artículo 43 de la ley, aprobada en 2010 y reformada en 2017, se propuso la creación de la Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados provenientes de actividades ilícitas, que era el lugar donde todo los bienes debían ser entregados por la Policía Nacional, y posteriormente encargarse de la subasta pública dentro de 48 horas.
Ahora con la reforma al artículo 48, estos bienes pecuniarios serán “entregados o depositados dentro de las 24 horas, en las cuentas de la Tesorería General de la República en el Banco Central de Nicaragua, que para este propósito determine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.