El presidente Nayib Bukele anunció la tarde del 21 de junio la construcción de una nueva cárcel denominada “Centro de confinamiento del terrorismo”. “Ahora debemos construir un centro penitenciario para internar a las decenas de miles de terroristas que acechaban nuestro país”, afirmó el mandatario en Twitter.
Según las cifras del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, más de 40 mil personas han sido arrestadas por presuntos vínculos con pandillas. El hacinamiento es total en las celdas debido a esta medida, criticada por incurrir en violaciones a los derechos humanos. El anuncio coincidió con la aprobación de la tercera extensión del Régimen de Excepción por 30 días más.
El 19 de julio la Asamblea Legislativa aprobó por cuarta vez la prórroga, lo cual generó protestas al día siguiente por parte de los familiares de detenidos bajo este régimen, provenientes de varios departamentos del país centroamericano. La protesta inició en la céntrica plaza de El Salvador del Mundo y luego se dirigieron hacia la sede del Gobierno, para exigir la liberación de sus familiares, de quienes dicen están detenidos injustamente.
El presidente Bukele aseguró recientemente en Twitter que julio se convirtió en el “mes más seguro de la historia” del país, sin dar más detalles. Sin embargo, se desconoce la cifra de homicidios registrados entre enero y julio de este año, ya que la autoridades de seguridad no las proporcionan. Tampoco el nivel de desapariciones diarias.
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Las irregularidades de la construcción
Según una publicación de Radio Ysuca, la empresa DISA S.A. de C.V. es una de las empresas que construye el nuevo penal y está señalada de incumplimento por la Corte de Cuentas. La empresa Inversiones OMNI S.A. de C.V. también ha sido contratada.
Ambas empresas aparecen en la lista de proveedores del Estado, según el sistema electrónico de compras públicas, Comprasal. Asimismo, ambas han sido beneficiadas con el otorgamiento de proyectos de construcción desde hace muchos años y el actual Gobierno continúa beneficiando a sus dueños con contratos millonarios.
Extraoficialmente una fuente que conoce el proyecto, dijo a Ysuca que el costo de construcción de la cárcel en Tecoluca se estima en $70 millones de dólares. Inicialmente se hablaba que en el centro penitenciario habría 37 torres de vigilancia y varios niveles de muros. Contaría con ocho pabellones con capacidad de 2 mil 500 internos cada uno, es decir, una capacidad instalada para 20 mil reos. Sin embargo, el último tuit publicado por el presidente salvadoreño asegura que el centro penal albergará 40 mil reos.
Los habitantes del cantón El Perical han escuchado que en ese mismo lugar se construirán dos cárceles. Una información que aún no ha sido confirmada por el Gobierno.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro dijo que el área del penal es de 231 manzanas de terreno, pero hasta el momento solo se han intervenido 31 manzanas. Los lugareños estiman que el total del terreno podría ser hasta de 300 manzanas. Un trabajador en la zona del penal dijo que se construirán 70 manzanas, en la cual trabajan unos 500 obreros.
Según el Diario Oficial del 13 de enero de 2022, tomo número 434, la Alcaldía de Tecoluca reformó la ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales referente a servicios y licencias.
La reforma plantea el cobro del 4% del monto total “a los proyectos o inversión para subcontrataciones de subestaciones de energía eléctrica, plantas de agua potable, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, terminales de buses, puentes, proyectos de expansión, instalación, equipamiento de proyectos de paneles solares u otros proyectos de infraestructura no mencionada expresamente en la ordenanza reguladora”.
La ordenanza se reformó con base en el artículo 142 de la Ley General Tributaria Municipal que establece que serán objeto de gravamen todos aquellos actos que requieran el aval o permiso del municipio para realizarse, tales como: construcciones, ampliaciones y reparaciones.
El costo del centro penal se estima en $70 millones de dólares, al aplicar el 4% de tasa municipal al monto total para la construcción, como lo determina la ordenanza municipal, las empresas deberían pagar un aproximado de 3 millones de dólares.
Sin embargo, el Gobierno central está presionando a la Alcaldía de Tecoluca para que no cobre el monto en concepto de tasa municipal, pues dejaría de percibir 3 millones en sus ingresos por cobro de tasas.
Por otro lado, expertos señalaron que el aumento en la población penitenciaria anunciado recientemente por Bukele afectará aún más la zona y que por ello no es viable la actual resolución de permiso ambiental que ha otorgado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a la obra.
El documento del MARN autoriza al representante legal del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez, a construir el penal en Tecoluca sin necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental, bajo la premisa que la edificación “cuenta con un impacto ambiental potencial leve”.
Pero defensores del medioambiente aseguraron que dicho documento no tiene ningún sustento técnico y solo está “cumpliendo órdenes de avalar todo lo que sea ordenado”. Afirman que el proyecto debería estudiarse de nuevo porque se ha duplicado el número de reos.
El rechazo de las comunidades aledañas
Las comunidades El Milagro, San Francisco Angulo, Ismendia, Llano Grande y Nuevo Amanecer que se encuentran cercanas al centro penal de Tecoluca reclamaron al presidente Nayib Bukele, por no haber sido tomados en cuenta a la hora de decidir la construcción en el caserío El Perical, donde albergarán a 40 mil reos.
“Expresamos nuestro enérgico rechazo a la construcción de la cárcel que el presidente Bukele construye en tierras de El Perical. Este es un proyecto inconsulto, que no cuenta con la aprobación de la población del municipio y que generará graves daños ambientales, sociales y productivos”, denunció Marina Díaz, presidenta de la Asociación Municipal de Víctimas del Conflicto Armado en Tecoluca.
Díaz responsabilizó al actual alcalde de Tecoluca, Nicolás García, y su partido Nuevas Ideas de las “desgracias, el narcomenudeo, delincuencia y crimen organizado”, que según los demandantes se generará tras haber autorizado el penal en dicha zona.
Otra de las preocupaciones es la devaluación de los terrenos por vivir cerca del mega penal. Los agricultores de la zona también expresaron que el Gobierno se tomó las tierras que servían para producir alimentos, ya que las tierras de Tecoluca son fértiles y buenas para cultivar maíz, frijol, caña y frutas.
En cuanto a los daños ambientales, los pobladores han expuesto su inquietud por la tala de árboles a causa del proyecto. La colonia El Milagro y El Paraíso son algunas que podrían salir afectadas por la contaminación de desechos sólidos que salgan del penal. Además, temen que los pozos que están perforando para abastecer de agua al penal también tenga una repercusión en sus vidas. Será menos agua para las comunidades.
A pocos metros de la construcción salen los nacimientos de agua y “cuando vienen las lluvias pasa todo ese movimiento de tierra que han hecho y caen a la quebrada, ahí tenemos problemas nosotros para el ganado”, afirmó un lugareño entrevistado por Radio Ysuca. “Los residuos de este lugar, ¿a dónde los van a trasladar? Se supone que a las quebradas que conducen a los ríos que nacen a pocos metros de la comunidad donde vivimos”, agrega.