Los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena fueron declarados “culpables” por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por segunda vez desde que iniciaron las protestas de 2018. Esta vez, la justicia les imputó el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Los fiscales pidieron diez años para Mena y trece para Mairena en otro proceso plagado de irregularidades.
El Ministerio Público presentó como pruebas unas fotografías en la que aparece Mairena con el embajador de Estados Unidos, Kevin Sullivan, y videos en los que él aboga por sanciones individuales contra la dictadura. Otras de las “pruebas” fueron tuits y mensajes de redes sociales en los que el líder campesino solicita respeto por los derechos humanos de los nicaragüenses.
Mairena fue el sexto aspirante presidencial en ser encarcelado por el régimen el cinco de julio de 2021, en medio de una jornada represiva contra la oposición y críticos de la dictadura. En dicha cacería también detuvieron a los líderes campesinos Pedro Mena y Freddy Navas. El régimen ejecutó una cacería contra los precandidatos opositores con el fin de allanar el camino para la reelección.
En el primer juicio contra los líderes campesinos en 2018, la dictadura los encontró culpables de “terrorismo”. A Mena y a Mairena los condenaron a penas de más de 200 años de prisión por, supuestamente, haber roto el orden constitucional.
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La Fiscalía los acusó en ese momento de ser los responsables de la muerte de los oficiales Marlon Requene, Lenín Olivas, Faustino Téllez Vargas y Luis Emilio Bustos López, ocurrido el 12 de julio de 2018 en una localidad de Río San Juan, al sur del país, llamada Morrito. Sin embargo, ambos campesinos se encontraban ese día en una marcha en Managua. En esa ocasión, la Fiscalía nunca pudo armar un caso convincente.
Ambos salieron de prisión en 2019, tras una polémica Ley de Amnistía que se recetó el régimen con el fin de dejar en la impunidad los crímenes de las protestas de abril. Con dicha normativa salieron más de un centenar de reos de conciencia que fueron arrestados en la primera escalada de la dictadura.
La Fiscalía ha presentado en cada uno de los juicios entrevistas, tuits y declaraciones de los detenidos. En otros, como en el caso de Yader Parajón y Yaser Vado estuvieron los oficiales que realizaron la detención como únicos testigos. Los procesos han sido tildados de “irregulares” por defensores de derechos humanos. “Se violó el artículo 121 del Código Procesal Penal que refiere que los juicios deben realizarse en la sede de los tribunales, o sea, en el Complejo Judicial de Managua y no en ‘El Chipote’ como se han hecho todas las farsas judiciales”, detalló la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh).