Los heridos, ciegos y muertos del estallido social en Panamá

Tras un año de las manifestaciones que terminaron en el cierre de la gigante minera First Quantum Minerals en Panamá, una alianza periodística liderada por Concolón aporta evidencias sobre los costos pagados por la ciudadanía: cerca de doscientos casos de violaciones a los derechos humanos sucedieron durante el estallido social de 2023. Los acontecimientos, el alcance y los patrones de la represión, documentados en una investigación pionera en el país

Panamá
ARCHIVO | Estudiantes de la Universidad de Panamá se enfrentan con policías durante una jornada de protestas contra la concesión a una filial de la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM), en Ciudad de Panamá. DIVERGENTES | EFE | Bienvenido Velasco

Ana, una joven ngäbe de 16 años, salió de su casa para ir al supermercado y terminó en el hospital: fue alcanzada por uno de los perdigones disparados por antimotines y perdió la vista en el ojo izquierdo.

Unos días antes, al fotorreportero Aubrey Baxter le pasó lo mismo por el mismo motivo, en las afueras de la Asamblea Nacional.

En el medio, la Policía Nacional manoseó, golpeó y arrastró por el piso orinado de un calabozo a una estudiante universitaria de 21 años. 

Cinco personas perdieron la visión parcialmente, incluyendo dos menores de edad, por la represión de los estamentos de seguridad. 

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1,274 personas fueron detenidas, según la Defensoría del Pueblo. 

Hubo cinco muertos y más de cien heridos, entre ellos un trabajador que terminó baleado por la policía durante el estallido social que vivió Panamá entre el 20 de octubre y el 28 de noviembre del año pasado en rechazo a un proyecto minero Cobre Panamá, de la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals.  

Pasó un año. 

Durante todo ese tiempo, Concolón rastreó uno por uno los casos de víctimas de la represión ocurridos durante la gesta cívica más impresionante desde el retorno de la democracia. En una alianza con Guásimo Multimedia, que cubrió las protestas y registró con cámaras muchos de esos abusos, y Wagua Films, investigó en redes sociales y medios de comunicación, analizó horas de videos y fotografías, reporteó con fuentes en organismos públicos y la justicia, conversó con líderes sociales y las víctimas a lo largo de todo el país, para documentar los casos, el alcance y las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos en la vida de las personas. 

Los hallazgos fueron volcados en una base de datos pionera en el país, que aporta evidencias sobre la magnitud y los patrones de la represión de las manifestaciones en contra del contrato Ley 406 que permitía la extensión por al menos 20 años del proyecto minero a cielo abierto —de 13 mil hectáreas y considerado el yacimiento de cobre más grande de Centroamérica— regentado por la transnacional canadiense: 179 violaciones a los derechos humanos, que incluyeron 65 detenciones arbitrarias, 31 heridos, una agresión sexual, seis casos de represión a prensa y 30 de hostigamiento judicial. Uno de esos procesos, 11 meses después de finalizado el conflicto, continúa abierto: la querella de Minera Panamá contra campesinos.

Ahora la alianza publica los detalles, aunque el registro continúa: aquellas personas que hayan sido testigos o víctimas de la represión puedan dar a conocer su caso de manera anónima completando este formulario en línea. 

Los acontecimientos

Los heridos, ciegos y muertos del estallido social en Panamá
Foto: Aubrey Baxter / Colectivo Ya es Ya.

Las represiones y violaciones de derechos humanos por la Policía Nacional comenzaron antes de aprobarse el contrato ley, el viernes 20 de octubre de 2023. A inicios de la semana del 16 de octubre, durante los primeros días de debate de la Ley 406, en la Asamblea Nacional, el fotógrafo Aubrey Baxter perdió un ojo cuando cubría las protestas que acontecían en los predios del edificio donde se decidía el futuro de la minería en Panamá. La Policía Nacional le disparó perdigones a pocos metros de distancia. “Traté de hacerme detrás de unos postes de luz, pero una ráfaga [de perdigonazos] me alcanzó y me dio en el ojo. Lo perdí”, dijo. Para esos días, la Defensoría del Pueblo advirtió de una “escalada en el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional sin usar la mediación con los manifestantes antes de iniciar el repliegue”.

El viernes 20 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó el contrato ley entre el Estado y la empresa Minera Panamá —en un debate que duró tres días— y ese mismo viernes fue sancionado por el entonces presidente de la República, Laurentino Cortizo. El descontento de los panameños, que se venía manifestando con concentraciones y protestas en la Plaza 5 de Mayo desde hacía tres meses, se extendió por todo el país.

Las violaciones contra los manifestantes se profundizaron el segundo día de protestas. El lunes 23 de octubre hubo represiones en la Plaza 5 de Mayo, en los predios de la Asamblea Nacional. También reprimieron manifestantes en la avenida México, la avenida Central, la cinta costera y en calle 50, todos en el centro de la ciudad capital. Los casos comprobados por esta alianza periodística también incluyen, sólo para ese día, ataques directos de la policía a manifestantes en la carretera Interamericana, en Pacora, a unos 25 kilómetros del centro de la capital del país.

En la avenida México los policías dispararon perdigones y bombas lacrimógenas contra periodistas que cubrían las manifestaciones y que avisaban que estaban trabajando, para protegerse: “¡Somos prensa, somos prensa!”. En la Plaza 5 de Mayo, una protesta pacífica en la que participaron niños, niñas y personas adultas fue reprimida. “Nos tiraron buco gas pimienta. Han sido entre 10 a 15 bombas y nos tuvimos que alejar de la Asamblea Nacional”, dijo una de las manifestantes en un video publicado en la cuenta de Instagram del movimiento social Sal de las Redes. En calle 50, al grito de “¡corran!”, unos aterrados manifestantes huían de las bombas lacrimógenas. En las redes sociales empezaban a mostrarse los primeros manifestantes heridos por los perdigonazos. En Pacora, una nube de gas pimienta cubrió a las personas que protestaban, mientras los policías disparaban perdigones y gases lacrimógenos contra los panameños.

Todo quedó grabado en videos que, si se miran uno detrás de otro, dejan en evidencia una acción deliberada. 

Cortizo defendió el contrato en cadena nacional al día siguiente, el martes 24 de octubre. Este contrato fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en el 2017. El gobierno de Cortizo volvió a negociarlo por 20 años prorrogables. “Tomamos la decisión correcta, no la más fácil. Luego de una difícil y complicada negociación por más de dos años, se acordó un contrato que garantiza mejores términos y condiciones para el país”, dijo el presidente. Al final de su mensaje prometió judicializar las protestas, las que calificó de “vandalismo”: “No toleraré vandalismo, ni llamados a la anarquía”, dijo. 

Los panameños respondieron inundando las calles y las rutas del país, desde la frontera con Costa Rica hasta la capital. 

A las manifestaciones se sumaron los docentes, que declararon un paro laboral de dos días y que luego lo extendieron, los trabajadores de la construcción, los médicos, los estudiantes universitarios y los pueblos indígenas —que mantenían cierres y manifestaciones en diez provincias y zonas comarcales—. Las demandas en contra del contrato se acumularon en la Corte Suprema de Justicia: diez en 20 días, según informó el Órgano Judicial. Horas después de que Cortizo anunció que no toleraría actos vandálicos, la Policía reportó las primeras 30 personas detenidas por “alteración del orden”. El abogado Arturo Trelles dijo que los detenidos eran 48, entre universitarios y trabajadores, incluyendo un joven que salió de su trabajo para dirigirse a su casa. Sal de las Redes compartió esas declaraciones en un video.

En otro video se observa una manifestación pacífica en la orilla de la calle de la Cinta Costera —mientras los autos circulaban— y al fondo los policías disparando bombas lacrimógenas. “Estamos aquí y la policía viene a reprimir”, dice una voz femenina en la grabación compartida en Instagram. Un trabajador resultó herido de un disparo en el abdomen en el enfrentamiento con los policías en el puente de Las Américas.

En el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, en la plaza de Catedral, de unos 3,200 metros cuadrados y rodeada de históricos edificios coloniales, los policías reprimieron con gases lacrimógenas a los manifestantes que llegaron a la zona en una marcha pacífica a primera hora de la noche del jueves 26 de octubre. La agresión contra los manifestantes fue filmada por una residente. Ese mismo día, también hubo represión en calle 50, en la cinta costera y en la avenida Justo Arosemena, donde los policías tiraron bombas lacrimógenas a pesar que no se realizaban protestas.

En la Universidad de Panamá, los estudiantes fueron reprimidos con bombas lacrimógenas vencidas. La Defensoría del Pueblo solicitó a la Policía Nacional aclarar qué “controles mantiene la institución con relación a las armas no letales que manejan para salvaguardar la vida de las personas al momento de ser utilizadas”. En el 2020, Amnistía Internacional advirtió que la comercialización del gas lacrimógeno fomenta la violación de derechos humanos por los policías contra manifestaciones pacífica.

Las represiones acontecían de día y de noche. 

En Santiago, Veraguas, en un video recopilado por esta alianza periodística una mujer cuenta cómo policías, escondidos en medio de la oscuridad, emboscaron a tres jóvenes del pueblo indígena Ngabe- Bugle para arrestarlos. En la narración, la testigo narra en directo que les dispararon a quemarropa, los patearon y los golpearon con la cacha del revólver.

Santiago fue el centro de grandes manifestaciones y duras represiones. En radiografías de cráneos obtenidas por la alianza periodística se observan perdigones en la cabeza de manifestantes. Otros testimonios relatan que la Policía Nacional utilizó armas de fuego. El trabajador independiente Raúl Castillo, que no participó en las manifestaciones, fue baleado cuando caminaba al frente de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de esa ciudad. En una entrevista telefónica con Concolón, dijo que la mañana del 28 de octubre acudió al Instituto Omar Torrijos Herrera a buscar un dinero y cuando pasaba frente a las DIJ cuatro agentes le dispararon. “Yo salí corriendo y me alcanzó una bala, al principio pensé que eran perdigones, pero no, es bala que todavía tengo adentro de mi cuerpo”, dijo.

La Ley Orgánica de la Policía Nacional obliga a los policías a “cuidar y proteger vida, honra, integridad física, libertades y bienes de los asociados”. También a “cuidar de la vida e integridad física de las personas detenidas o bajo su custodia, respetando siempre su dignidad”. 

Un informe sobre violaciones de derechos humanos realizado por las periodistas Rekha Chandiramani y Ana Teresa Benjamín señala 30 personas adultas heridas y tres menores de edad con heridas graves durante una represión en horas de la noche en Santiago. De los tres niños, uno de ellos perdió un testículo, el otro sufrió una fractura en el área abdominal y otro perdió la visión de un ojo, dice el informe.

Esta alianza periodística documentó seis casos de menores de edad víctimas del uso excesivo de la fuerza policial durante el mes de octubre de 2023. Cinco de esos menores sufrieron ataques directos y uno fue afectado por el gas pimienta. También hay una serie de testimonios de espanto sobre la represión. 

Los heridos, ciegos y muertos del estallido social en Panamá
ARCHIVO | Policías antidisturbios se enfrentan con estudiantes de la Universidad de Panamá. DIVERGENTES | EFE | Bienvenido Velasco

Tamara Ortiz —la estudiante universitaria de 21 años— contó a Concolón que el miércoles 25 de octubre, cuando estaba sentada con cuatro compañeros en la Plaza 5 de Mayo, fue arrestada sin justificación. Eran las 4 de la tarde y la manifestación había sido dispersada. Solo estaba Tamara, sus compañeros, unos cuantos transeúntes y alrededor de 50 antimotines que custodiaban una de las entradas a la Asamblea Nacional. Cuando los antimotines se acercaron a ellos, uno intentó huir, pero fue alcanzado y arrastrado por el piso. Con Tamara fueron más allá: “Me agarraron del brazo y me tocaron los senos. Me sacaron de la silla para ponerme los zunchos. Yo estaba muy tranquila, no salí a correr porque sabía que nos iban a tratar peor, pero aún así me arrastraron”, dijo.

Los cuatro jóvenes fueron llevados al cuartel de San Miguel, luego al de Calidonia y después al hospital Santo Tomás para una revisión médica. Tamara no dejaba de reclamar que violaban sus derechos y fue llevada a la subestación que la Policía tiene en los predios del hospital, allí pidió el baño y el policía le dijo “tú no puedes ir a orinar y, si quieres, debes ir acompañada con una policía”. La policía que la acompañaría al baño se llama Ana y era la unidad policial que la había golpeado mientras estuvo arrestada previamente en los cuarteles de San Miguel y Calidonia.

“Me orine en la estación. Sacaron a mis compañeros y me tiraron al piso. Me empezaron a patear. Me arrastraron hasta el punto que me usaron como trapeador para limpiar el piso. Después de allí me levantaron para llevarme al frente de urgencia del hospital para que todos me vieran así. Yo estaba toda orinada y los policías se burlaban de mí. Fue el momento más horrible”, dijo Tamara.

Samuel Tovar, un trabajador independiente, caminaba por la calle Eusebio A. Morales, entre el hotel El Panamá y la Universidad de Panamá, la noche del 13 de noviembre, después de haber participado de las manifestaciones. Lo rodeaban decenas de personas que se disponían a irse a casa, cuando los policías empezaron a tirar bombas lacrimógenas contra ellos. “El enfrentamiento duró un poco más de una hora. Yo estaba en una esquina cuando los policías me sorprendieron y me dispararon. Me cayeron 11 perdigones en la cara y uno me cayó en el párpado del ojo derecho”, dijo al equipo de Concolón. En el hospital le diagnosticaron una pérdida del 60% de la visión. Tiene una segunda cirugía programada para el mes de octubre.

Además de esas denuncias, al Ministerio Público llegaban otras penales contra dirigentes sociales, manifestantes y periodistas presentadas por el sector empresarial y por el propio gobierno. El estatal banco Caja de Ahorro cerró la cuenta bancaria del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similar (Suntracs), una de las organizaciones de trabajadores que mantenía cierres y protestas en diversas partes del país. 

El presidente Cortizo se reunió con empresarios a fines de octubre y, en un intento por contener el descontento de los panameños, volvió a salir en cadena nacional para hacer un llamado a una consulta pública para decidir el futuro de la mina. La iniciativa fue desestimada por el Tribunal Electoral y no prosperó en la Asamblea Nacional.

Al mes de protesta, la Policía Nacional reportó 1,274 personas arrestadas, de las cuales 155 eran menores de edad. Los casos no eran registrados por “alteración del orden”. El estamento de seguridad pública los encarcelaba por el término usado por el presidente,  “vandalismo”, y por “daño a la propiedad”. La Policía se quejaba de la “desinformación” y de los “mensajes que quieren crear el clima de caos y de zozobra”.

En las Casas Municipales de Paz se acumulaban expedientes de personas detenidas por ellos. Los abogados Jorge Castañeda, Santander Tristán Donoso, Roberto Lucero y Dayana Bernal atendieron hasta cien casos por día de manifestantes acusados por la Policía. En muchos de ellos, dijo Castañeda, los jueces de paz ordenaban la liberación sin sanción al no encontrar pruebas de los arrestos. “Las violaciones a derechos y garantías a la población que protestaba legítimamente —por parte de la Policía Nacional, aupada por agentes gubernamentales y representantes de la empresa privada— fue para criminalizar las voces críticas ante el descontento generalizado no solo por la mina, sino por el hartazgo social”, dijo el abogado en una entrevista con Concolón.

Tres docentes fueron arrestados, incluyendo al dirigente Diógenes Sánchez, dentro de la Casa de Paz de Santa Ana. Sánchez había asistido para acompañar a una docente citada al juez. La profesora había sido detenida durante una de las marchas que, a diario, realizaban los educadores. En Chame, el abogado y docente Kenneth Darlington asesinó a tiros al maestro Abdiel Díaz y a Iván Rodríguez, esposo de una maestra.

A lo largo de la carretera Interamericana y en la carretera hacia el proyecto minero, en el kilómetro 33, se instalaron campamentos. En cada uno hubo enfrentamientos con los policías, pero en un lugar conocido como el kilómetro 33 los policías usaron autos de la empresa Minera Panamá para enfrentar a los manifestantes, de acuerdo al testimonio del maestro Neris Ruiz recogido en el libro ‘Contener el colapso’, del periodista V.A. Mojica, publicado por Casa Editorial Descarriada. Testimonios de campesinos recopilados por Concolón relatan que la empresa pagaba una cuadrilla de personas para protestar a favor del proyecto y golpear a los que se oponían. 

En Chiriquí, el entonces alcalde de Tierras Altas, Javier Pittí, participó en una protesta de los empresarios productores contra los manifestantes, en su mayoría indígenas, que terminó en enfrentamientos entre la comunidad.

Panamá
Los ‘Guerreros del mar’. Foto: Aris Rodríguez Mariota/ Guásimo Multimedia.

Los pescadores de los pueblos que rodean la mina, en Colón, hicieron su propia lucha. Llevaron 16 embarcaciones de fibra de vidrio, sin techo y motores fuera de borda a las orillas de Punta Rincón —con los días se sumaron más barcos—, donde la empresa minera construyó su puerto para exportar el cobre que extraía del fondo del bosque de cerro Petaquilla, parte del corredor biológico Mesoamericano. Durante un mes impidieron el acceso al carbón y la salida del cobre.

Panamá y el mundo los conoció como los “Guerreros del mar” y su hazaña, como las represiones que sufrieron, saltaron los títulos de la prensa internacional. “Los pescadores de Panamá se levantan contra una minera de cobre canadiense”, título El País de España. Y el portal digital de Suiza swissinfo.ch: “Pescadores del Caribe desafían en el mar a la mina que desató las protestas en Panamá”. En cada uno de los artículos se documentó la represión policial contra los pescadores.

Esta alianza periodística recopiló testimonios de la represión en el mar y de la persecución judicial contra los Guerreros del mar. El docente Arcadio Pitti y el morador Sabino Ayarza narraron cómo el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) atacó las embarcaciones en las que ya no solo estaban pescadores, sino los pobladores que se sumaron a la protesta. “Nos atacaron con helicópteros, nos tiraron perdigones, bombas lacrimógenas y hubo heridos”, dijo Pitti.

El docente contó que los agentes del Senan detuvieron al pescador Eduardo Baltazar, a pesar que no formaba parte de la protesta, sino que se encontraba en su faena de pesca en uno de esos días de enfrentamiento en el mar. Sabino Ayarza, Rodrigo Rodríguez y Miguel Mora mantienen un proceso judicial abierto por el bufete de abogados Morgan y Morgan, en representación de Minera Panamá.

Para principios de noviembre, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidos reclamó a Panamá “garantizar plenamente el derecho a la protesta pacífica”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido enfática en todos los casos de violencia institucional en la región: intentar reducir una protesta afecta directamente la libertad de expresión, además de otros derechos asociados a los reclamos —como ambiente sano y acceso al agua—. Reprimirlas o implementar “respuestas desproporcionadas”, dijo la CIDH, vulnera los derechos “a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal de las personas que participan en las manifestaciones de protesta social”.

La cobertura

Panamá
En Pacora y la capital del país, los manifestantes izaron banderas en postes, emulando la lucha por la soberanía de los estudiantes de 1964.

La lucha de los panameños por defender sus recursos naturales, sus tierras y su soberanía atrajo la atención de distintos medios de comunicación del mundo. “Histórico”, tituló el periódico inglés The Guardian. La cadena británica BBC apuntó a la propuesta “inconsulta e inconstitucional por parte del gobierno” como causa de los cierres que mantenían al país paralizado. “La mina de la discordia”, definió el francés Liberation. El País de España citó: “Lo que está sucediendo se compara con la dictadura”.

La famosa periodista y presentadora Avery Haines, de la cadena canadiense W5, viajó a Panamá para investigar el levantamiento desencadenado por el gobierno y la minera de su país, Canadá. “La guerra de Panamá con Canadá” —Panama’s War with Canada— tituló el documental de 45 minutos donde muestran el enojo popular, la represión y hablan de las sospechas de corrupción.

En el documental aparece la periodista sin poder respirar y con el habla entrecortada por el gas pimienta. Ella misma cuenta las consecuencias de protestar en el país donde la concesión de First Quantum generó la mayor represión de las últimas tres décadas. “El gas es tan intenso que es muy difícil respirar. La cara se siente quemada por él”, dice agitada desde la Universidad de Panamá, con el sonido de tiros y gritos de fondo.

En Panamá, los medios de comunicación tradicionales fueron cuestionados por sus reportes de prensa. Las críticas apuntaban a que informaban desde el punto de vista del gobierno y de la empresa minera. Durante las protestas, los manifestantes increparon a reporteros y les gritaron “vendidos” delante de las cámaras. “Yo los entiendo”, dijo a Concolón uno de esos reporteros insultados en las calles. 

Los líderes de opinión mostraban desconcierto. “Esta lucha sorprendió a todos”, dijo uno de ellos en un programa de opinión que transmitían en aquellos días de protestas. La lucha contra la minería llevaba más de 20 años en Panamá. En el año 2009, por ejemplo, la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Tierra y Agua montó un campamento en la comunidad de Nazareno —a unos 15 minutos de Coclesito, donde está ubicado el proyecto de cobre— para protestar en contra de los proyectos mineros de oro y cobre que desarrollaban Petaquilla Gold y Minera Panamá. Pero desde la década del ‘90, comunidades campesinas e indígenas se han organizado en contra de la minería a cielo abierto y diversas organizaciones ambientales, como el Centro de Incidencia Ambiental, se han pronunciado en contra de esta actividad.

Para octubre de 2023, se habían presentado demandas por inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia contra First Quantum y varias encuestas mostraban evidencias de la oposición de los panameños hacia la minería. Pero a gran parte de los referentes mediáticos del país los sorprendió el colapso, como si hubiese sido un fenómeno repentino.

Panamá
Corte de ruta en la Panamericana. Foto: Aris Rodríguez Martita/ Guásimo Multimedia.

Tras un mes de una gesta histórica y una represión brutal, el martes 28 de noviembre la Corte Suprema de Justicia determinó que el contrato ley que firmó Cortizo violaba 25 artículos de la Constitución Política

La Defensoría del Pueblo, en un informe publicado el 14 de diciembre de 2023, cuantifica 100 personas heridas por perdigón y pepperball. Allí indica que cinco personas perdieron el 50% de la visión, dos de ellas menores de edad. Concolón solicitó a la institución detalles sobre los casos y las denuncias recibidas, con información desglosada, mediante pedido de acceso a información pública. Como respuesta, la Defensoría remitió el informe que hizo público. 

Esta alianza documentó, tras un rastreo en archivos de medios, redes sociales y una serie infinita de videos filmados por Guásimo Multimedia, además de testimonios, 31 personas heridas, otras 23 directamente afectadas por gas pimienta y 11 por uso excesivo de fuerza policial. Hubo 60 ataques directos de la policía a ciudadanas y ciudadanos que manifestaron, algunos de ellos menores de edad. 

Las consecuencias

En su informe, la Defensoría aseguró que inició 20 investigaciones contra la Policía, 12 de oficio y ocho por quejas presentadas por manifestantes, pero se desconoce el resultado de las investigaciones.

El Ministerio Público respondió a Concolón que iniciaron 12 investigaciones por denuncias vinculadas a violaciones de derechos humanos y abuso policial. En respuesta a un pedido de acceso a información pública, indicó que cuatro de ellas fueron por el delito contra la vida y lesiones personales. Sin embargo, no especificó si alguna es contra agentes de los estamentos de seguridad.

Concolón también presentó solicitudes de información amparadas en la Ley de Transparencia a la Policía Nacional y al Ministerio de Seguridad, para conocer la cantidad de operativos realizados durante las protestas contra la minería de 2023, cuántos agentes fueron asignados a cada uno de ellos, qué armas utilizaron y cuáles protocolos implementaron. Además, pidió un detalle del número de detenidos, la descripción de pruebas o evidencias que justificaran las causas, si las personas arrestadas fueron informadas de los motivos y si la entidad de seguridad pública inició investigaciones internas a propósito de las acciones ejecutadas. 

Panamá
Captura de la respuesta de la Policía Nacional a la solicitud de información de Concolón.

La Policía respondió que no podía “acceder” a la solicitud porque “rhttps://ministeriopublico.gob.pa/comunicados/comunicado-al-pais-9/ebasa la competencia y facultades legales otorgada por ley al director general de la Policía Nacional”, ya que los «operativos de control de protestas» fueron «implementados por el Ministerio de Seguridad». El equipo de Concolón insistió, a través de su oficina de Relaciones Públicas, pero tampoco hubo respuesta. 

El Ministerio de Seguridad nunca respondió, lo que viola la Ley 6 de Transparencia y Acceso a la Información que obliga a las entidades a responder en un término de 30 días las solicitudes de información. 

Hasta el momento de cierre de esta investigación, ninguna de las víctimas había sido resarcida por el Estado, ni sus culpables fueron sancionados. Tampoco hubo reconocimiento de las 179 violaciones a los derechos humanos documentadas en esta investigación. Sí hubo condenas por lesiones personales, daños a la propiedad pública y privada, como avisó el presidente Cortizo.

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*Los heridos, ciegos y muertos del estallido social en Panamá es una investigación colaborativa de Concolón, Guásimo Multimedia y Wagua Films que mira a fondo las violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra la minería de octubre y noviembre de 2023 en Panamá. Con el apoyo de Free Press Unlimited (FUP), información y coordinación de Sol Lauría. Publicado originalmente en Concolón.


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