Choques entre manifestantes y policías en protestas contra megaproyecto minero en Panamá

Controversia por la renovación de una concesión a Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, que opera la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica. Los maestros se unen a la presión con un paro de 48 horas contra el acuerdo

Panamá
Manifestantes se enfrentan a la policía durante una protesta en las afueras de la Asamblea Nacional de Ciudad de Panamá (Panamá). EFE | Bienvenido Velasco

Manifestantes y policías chocaron este lunes en Panamá en las protestas contra la renovación de una concesión a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, que explota la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.

Una presión a la que se unieron los maestros, que decretaron un paro de 48 horas prorrogables, contra el contrato minero.

Grupos indígenas y agentes de la Policía Nacional se enfrentaron con piedras y gases lacrimógenos en el sector de las Garzas de Pacora, en los alrededores de la capital panameña, donde los manifestantes intentaban tomar un puente neurálgico para el tráfico por la zona.

Durante la batalla campal, que pudo constatar EFE, a la lluvia de piedras lanzadas por los grupos en protesta fueron respondidas por las fuerzas antidisturbios con gas lacrimógeno. Pasado el mediodía no se había informado de heridos en ese lugar.

Miembros del poderoso sindicato de la construcción Suntracs y agentes antimotines también se enfrentaron a piedras y gases frente a la sede principal en la capital del gubernamental Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Más de 20 detenidos en las protestas

La Policía informó de la captura de 22 personas en Pacora, entre ellas un menor de edad, “por incendiar un vehículo propiedad del Estado y otras por alteración al orden público”, y de otras tres en la Ciudad de Panamá, por “vandalizar” autos que transitaban por una vía, efectuar “detonaciones” y lanzar “bombas molotov a los uniformados”.

Grupos de manifestantes también bloquearon puntos de la carretera Panamericana, que atraviesa el país y lo comunica con Centroamérica.

En la capital, al menos dos de las principales arterias viales registraron bloqueos de grupos sindicales, uno de estos vinculados a los maestros del sector público, que anunciaron una huelga de 48 horas prorrogables a partir de este martes.

“Nos vamos a volcar en las calles de manera indefinida”, dijo a EFE el secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego.

Esta medida, según el líder sindical, tiene como fin la “derogación del nefasto” contrato ley entre el Estado y la empresa Minera Panamá, aprobado el viernes pasado, y pidió “a los padres de familia que, al igual” que los docentes, “luchen para garantizar el futuro ecológico” de sus hijos y estudiantes.

Clases suspendidas en el sector privado y público

Este lunes, el Ministerio de Educación suspendió las clases en el sector público y privado ante el llamado a protestas contra la concesión entregada a Minera Panamá, filial de First Quantum, que explota la mina Cobre Panamá y exporta el mineral desde junio 2019, especialmente para el mercado chino.

La mina, con una inversión de unos 10 000 millones de dólares, cuenta con 5279 trabajadores directos y genera cerca de 40 000 indirectos, según datos del Gobierno y la misma empresa. Su operación representa el 50 % de la producción global de First Quantum y el 3,5 % del producto interno bruto (PIB) panameño, según datos del Deutsche Bank difundidos en Panamá.

Activistas, sectores civiles y sindicatos rechazan el acuerdo aprobado el viernes por considerarlo lesivo a los intereses nacionales, y denuncian que mantiene los mismos vicios que llevaron a que el anterior contrato fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema en el 2017, años después de que en 2009 el grupo ambientalista CIAM presentará un recurso en ese sentido.

Pero el Gobierno de Laurentino Cortizo alega que el nuevo contrato, que establece una concesión a 20 años prorrogables, cumple con las normas legales, establece un ingreso mínimo anual de 375 millones de dólares al fisco, “10 veces más que el anterior”, el pago de impuestos antes exentos, así como amplios poderes de supervisión estatal a la operación de la mina, entre otros.


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