Para sostenerse en el poder y ejercer control de los municipios de Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo utiliza a los secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), alcaldes y jefes de la Policía, como los principales brazos represores, señala un informe del observatorio Urnas Abiertas. El organismo basa su conclusión en denuncias hechas por la ciudadanía, que cataloga a estos sectores como los peores evaluados por la “arbitrariedad con la que ejecutan su rol”.
El estudio denominado “Análisis del Poder Local” recoge que 9 de cada 10 nicaragüenses creen que “el ejercicio del poder local y la toma de decisiones se está haciendo de manera arbitraria” en los gobiernos municipales. El documento señala que, aunque en países democráticos el poder político es asumido de forma legítima, pacífica y democrática, en los regímenes totalitarios como el de Nicaragua se ejerce por la fuerza.
De hecho, otro informe de Urnas Abiertas presentado a finales de septiembre reveló que la ciudadanía tiene una percepción negativa de las gestiones que realizan las autoridades de las alcaldías, ya que no atienden las demandas y no permiten la verdadera participación ciudadana para “transformar los territorios”.
El observatorio señaló que las alcaldías, la mayoría pertenecientes al oficialista Frente Sandinista, demuestran mayor preocupación por reactivar la economía local, a través de gestiones que le permiten recaudar fondos, que atender las demandas de la población.
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El municipalista Silvio Prado explicó que en el caso de los secretarios políticos y jefes policiales actúan bajo un “poder fáctico”, puesto que operan sin el amparo de una ley y sin ser elegidos por la población como sus representantes.
“Los secretarios políticos no son autoridades electas popularmente y en el caso de los jefes policiales, estos no están bajo el control de los gobernantes locales, ellos son una autoridad delegada por una institución llamada Policía Nacional que depende de un ministerio”, señaló Prado.
Las acciones de estos dos personajes, añade el experto, evidencian la desaparición del poder local democrático y más bien confirman “el establecimiento de un poder local autoritario y oscuro, similar al que se transmiten en otros caudillos”.
Ivania Álvarez, integrante del observatorio independiente, señaló que estos personajes afines a la dictadura, entre ellos altos comisionados policiales que están a cargo de la represión, representan ese “anillo de poder” que utiliza el régimen para tener control de los municipios y comunidades.
“La Policía ha venido ejerciendo acciones para reprimir a la población y esto puede incluir allanamientos, secuestros exprés. Toda esta logística, al estar a cargo de ellos, representa un gran temor para la población, porque la Policía se convierte en el operador de la represión dentro del territorio”, manifestó Álvarez.
Si bien las tres figuras antes mencionadas son las que ejercen el poder en los municipios, el estudio recoge que los vicealcaldes y líderes comunitarios también ejercen control en menor medida, “siendo percibidos como figuras decorativas”.
Otros personajes que fueron señalados con algún tipo de poder o influencia son los funcionarios públicos, diputados o políticos nacionales y empresas que operan en el territorio y tienen vínculos colusorios con el régimen sandinista.
“Súper alcaldes” y “figuras decorativas”
El informe de Urnas Abiertas además señala que en algunos departamentos existe la figura del “súper alcalde”, que es el edil de la cabecera departamental, pero mueve las cuerdas del poder en todo el departamento, “es decir que en municipios más pequeños toma decisiones por encima de sus propias autoridades locales”.
Destacó que hay autoridades municipales que no ejercen de ninguna manera el poder porque sus cargos han sido asignados de manera “simbólica”. Los concejales tampoco cuentan con un rol importante, mientras los recursos municipales son utilizados “de manera discrecional para los fines partidarios”.
En el caso de los secretarios políticos del FSLN, el estudio recogió que no necesariamente proceden de los municipios en los que operan, sino que son personas que “cuentan con la confianza de operadores con mayor rango, y tienen la potestad de someter a las propias autoridades locales”.
“Los secretarios políticos, además de concentrar poder y ejercerlo de manera autoritaria, se benefician y promueven la corrupción local a través de nepotismo y tráfico de influencias principalmente”, indicó Urnas Abiertas.
El estudio se basó en investigaciones documentales y en un sondeo vía telefónica aplicado en julio pasado a 773 ciudadanos nicaragüenses con edad de votar, en 143 de los 153 municipios de Nicaragua.
La encuesta fue divulgada el mismo día en que el Consejo Supremo Electoral (CSE) recibió de manera oficial las boletas que serán utilizadas en los comicios municipales del seis de noviembre próximo.