Los militares se toman los buses en El Salvador: Bukele confronta al sector transporte

Las paradas de San Salvador amanecieron envueltas en un caos este lunes, después que el presidente Nayib Bukele ordenó confiscar y expropiar las unidades de las dos principales rutas de la capital. Una polémica decisión que enfrenta al mandatario con el gremio de los transportistas por supuestos aumentos indebidos en la tarifa del pasaje. Los soldados haciendo de motoristas fue la imagen más hilarante de este episodio que conjuga el precio de los combustibles, subsidios, amenazas y sienta un “precedente peligroso para la propiedad privada”

Un militar conduce un autobús del transporte público en San Salvador. EFE | Rodrigo Sura

El Salvador se ha convertido no solo en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, sino en asignar a militares como motoristas de las unidades del transporte urbano colectivo de su capital. Las paradas de buses amanecieron envueltas en un caos este 14 de marzo, después que el presidente Nayib Bukele expropió y confiscó los buses de las rutas 42 y 152 de la empresa ACOSTES, en una decisión que lo enfrenta con el gremio de los transportistas por, supuestamente, aumentos indebidos en la tarifa del pasaje. 

Las terminales estaban tomadas por los soldados la madrugada de este lunes. Al desconocer las rutas, los militares causaron congestión en el servicio. Se registraron largas filas de usuarios, ya que ambas son las más usadas en San Salvador. También las diferentes paradas lucieron abarrotadas de personas que esperaban las unidades para movilizarse a sus lugares de trabajo u otros destinos. La militarización del transporte público no solo es hilarante sino que resulta preocupante para los críticos del oficialismo, ya que la presencia castrense desborda ya muchos ámbitos civiles. 

El origen de la toma de los buses por parte del gobierno se origina muy lejos, en Ucrania… O al menos así lo intentó explicar el presidente Bukele la noche del jueves 10 de marzo en un mensaje transmitido en cadena nacional. El mandatario versó sobre la inflación y las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania en los precios del petróleo a nivel mundial. Para hacer frente a ello, el mandatario ordenó eliminar de forma temporal dos impuestos a la gasolina para rebajar unos 25 centavos de dólar por galón al precio. Además, anunció un subsidio para el gas propano y eliminar aranceles a algunos productos de la canasta básica. 

Dichas medidas de alivio, dijo Bukele, serán vigiladas por inspectores cuya tarea en el caso de los buses es procurar que la tarifa sea de 20 o 25 centavos en las rutas urbanas y hasta tres dólares en trayectos interdepartamentales. Después del anuncio, el viernes 11 de marzo, el gobierno instaló una mesa de negociación con el sector transporte, uno con mucho poder político que le ha valido para negociar subsidios estatales y beneficios durante años, pero que, al mismo tiempo, es cuestionado por la población por el mal servicio que prestan.

Un militar vigila en una terminal del transporte público en San Salvador (El Salvador). EFE | Rodrigo Sura.

Catalino Miranda, presidente de la cooperativa de microbuses ACOSTES de R.L, es uno de los principales empresarios del transporte en El Salvador. Es dueño de 300 concesiones para operar en diversas rutas y estuvo en la mesa de diálogo. En paralelo, en Twitter, Bukele echaba gasolina al asunto con varias amenazas. 

 “El sector del transporte público de pasajeros DEBERÁ RESPETAR las tarifas establecidas y acordadas con ellos mismos. No respetarlas es un delito y será penado como tal (sic)”, tuiteó Bukele. Aunque la ley de transporte terrestre considera grave alterar el costo del pasaje, no implica cárcel. Entretanto, Catalino Miranda elogió a Bukele esa misma noche. “Agradecemos la apertura al presidente por mantener esta mesa abierta. Estamos reunidos para encontrar una salida a esta problemática”, sostuvo el transportista quien, 24 horas después, fue apresado. 

Aunque no se sabe exactamente qué se rompió en la mesa de diálogo, la tarde del 12 de marzo la policía inició un operativo en el centro de San Salvador y decomisaron placas de una veintena de buses. Casi en simultáneo, la policía presentó una foto de Catalino Miranda detenido “por incrementar el pasaje de forma ilegal, también por obstaculizar la vía pública con sus unidades”. “No jueguen con fuego”, agregó Bukele en otra amenaza que se materializó también con la anulación de la concesión de línea para las 293 unidades de la cooperativa del transportista apresado. 

El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, anunció que las unidades confiscadas pasaron de inmediato a ser administradas por el gobierno, en específico a ser conducidas por militares. “Prepare más conductores Ministro, que si más transportistas se van a paro, habrá que intervenir todas esas unidades también. Ni una sola unidad se quedará sin brindar el servicio. “Y como consecuencia indirecta, los pasajeros van cuidados por nuestra Fuerza Armada”, escribió Bukele en Twitter en su habitual tono sarcástico.  

La mañana de este lunes 14 de marzo, cercano al mediodía, el medio de comunicación Focos informó que los militares regresaron a los buses a algunos motoristas de la ruta 42. 

¿Expropiación y confiscación?

Aunque alterar la tarifa de buses no implica cárcel, según el Código Penal salvadoreño, no se supo de los cargos imputados a Catalino Miranda todo el fin de semana… hasta que este lunes el director de la Policía, Mauricio Arriaza, dijo que el empresario de transporte fue detenido únicamente por el delito de “Resistencia Agresiva”.

Otra incógnita que surge es la confiscación y expropiación de los buses. Si bien la Constitución salvadoreña establece que “el Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan”, este fragmento no aclara si la administración pública prestará el servicio con sus propios medios o podrá tomar los bienes privados de los concesionarios. Mucho menos autoriza a las Fuerzas Armadas a tomarse la propiedad privada. 

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de El Salvador, Javier Simán, catalogó esta acción como una “confiscación”. “La expropiación no sólo viola el derecho a la propiedad privada de una persona o empresa, sino que pone en riesgo el patrimonio que construimos con esfuerzo y nos somete a la discrecionalidad de los mandatarios”, señaló el gremio empresarial. 

Cientos de salvadoreños tuvieron que hacer largas filas en las primeras horas de este lunes en un punto de autobuses del transporte colectivo, cuyo control ha sido tomado por el Gobierno. EFE | Rodrigo Sura

“La Constitución faculta al Estado para administrar provisional y excepcionalmente los servicios públicos prestados por empresas privadas, pero en los artículos 106, 110 y 112 es clara al indicar que se prohíbe confiscar y solo puede retomar servicios cuando hay un riesgo en la continuidad”, expresó ANEP en un comunicado. “El precedente amenaza la propiedad privada de todos”, alertaron finalmente. 

Del paquete propuesto por el Gobierno de Bukele el pasado jueves, el Congreso aprobó en una sesión extraordinaria la suspensión por tres meses de dos impuestos a las gasolinas, que reducirían su precio en 26 centavos de dólar, y del arancel de importación de alimentos. (Con información de EFE). 

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