La amnistía es nuevamente desempolvada en los medios oficialistas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El tema fue revivido el pasado jueves por el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, durante un segmento conducido por el propagandista Alberto Mora en Canal 4. Gutiérrez, quien es presidente de la comisión de Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, dedicó más de cuarenta minutos del espacio televisivo a “explicar” en qué consiste dicha figura legal y cómo la ha aplicado la dictadura en los últimos años.
“Las leyes de amnistía son el estabilizador de una sociedad que atravesó una crisis y que necesita retomar la senda de la paz, del progreso, de la estabilidad y del bienestar”, dijo durante su exposición.
Lo cierto es que las declaraciones de Gutiérrez llegan cinco días antes de que el régimen exhibiera a los presos políticos recluidos en El Chipote, luego de que los procesados pasaran más de 14 meses sin ser presentados públicamente. “Hay que acotar que todo parece indicar que nuevamente el Gobierno de Ortega está negociando y está dialogando con importantes piezas del escenario internacional”, opinó a este medio el politólogo Pedro Fonseca, experto en relaciones internacionales.
“Este discurso de amnistía dentro de la cosmovisión del régimen, no se debe precisamente a concesiones que el gobierno esté haciendo en favor de los cambios políticos que Nicaragua amerita. Todo lo contrario, más bien se trata simplemente de concesiones producto de un proceso de negociación”, agregó Fonseca.
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En medio de este escenario dentro del país, el Ministro de Relaciones Exteriores y Paz de Colombia, Álvaro Leyva, aseguró este martes que la ausencia de la delegación colombiana en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que se condenó la escalada represiva del régimen contra la Iglesia Católica, “responde a razones estratégicas como humanitarias, pero no ideológicas”. No obstante, no esclarece si el presidente Gustavo Petro, de izquierda, tiene alguna intermediación con Managua ante la crisis de derechos humanos.
Según el comunicado publicado en la cuenta oficial de twitter de la Cancillería de Colombia, la “ventana de oportunidad para una acción humanitaria de envergadura en Nicaragua” coincidió con la votación ese día y se “guardó silencio diplomático debido a que no se podían hacer públicas las gestiones que se estaban adelantando antes de obtener un resultado”.
Por otra parte, un sociólogo nicaragüense que, por motivos de seguridad, pidió el anonimato, aseguró que “estas declaraciones son una preparación para las bases”, y puede ser un indicio de que “está en producción un nuevo instrumento legal. Lo que más llama la atención es que no es un tema que está sobre el tapete y nadie lo había abordado”. “Esta gente sondea de esta forma entre sus bases, y no siempre estas tienen una posición compacta”, agregó la fuente.
“Perdón y olvido ‘legal’”
Según Gutiérrez, “el perdón significa que aquellos que pudiesen ser procesados, aquellos que estaban en proceso o aquellos que estaban sentenciados por delitos políticos o delitos comunes conexos a estas infracciones de carácter político, de naturaleza política, eran perdonados de la acción punitiva del Estado”. Es una de las pocas veces en que un funcionario de la dictadura hace mención al término “delitos políticos”, ya que el régimen se niega a aceptar que los juicios que han llevado a cabo son juicios de conciencia.
El diputado orteguista realizó un recuento de las veces en que han sido aprobadas amnistías en el país. Gutiérrez mencionó que “entre la primera y segunda etapa de la revolución se han aprobado 12 de las amnistías, 15 en los últimos 40 años en la historia de Nicaragua. (…) Si hay una institución política en este país que ha puesto los huesos de punta para garantizar que Nicaragua sea un país de paz, de concordia, de armonía para las y los nicaragüenses y de bienestar, de progreso, de equidad, de igualdad, ha sido el Frente Sandinista de Liberación Nacional”, afirmó.
La última amnistía que concedió la dictadura fue a mediados de 2019, luego de desatar una cacería contra liderazgos juveniles y opositores. Nicaragua cumplía poco más de un año de crisis sociopolítica y que las protestas fueran apagadas a punta de represión. La Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, aprobó a inicios de junio de dicho año la Ley de Amnistía con el fin de “absolver” todos los crímenes cometidos durante las protestas de abril y hasta la fecha de aplicación de la norma jurídica. En concordancia, fueron liberados 56 presos políticos en una primera ronda. No obstante, la otra cara de la medida dejó un mal sabor en los movimientos sociales que adversan al régimen, pues también garantizó la impunidad de los crímenes cometidos por policías y paramilitares.
“Siempre he tratado de resaltar la idea de que para el régimen, los presos políticos son monedas de cambio”, opinó el politólogo Fonseca. “Ortega lo único que está haciendo es garantizando su propio bienestar y el de su gobierno y, naturalmente, optando por aquello de ganar-ganar. Y es lamentable, porque básicamente estamos viendo que nuevamente las personas presas políticas están siendo utilizadas”, agregó.
Por su parte, Gutiérrez expresó que “si vos estás de manera reiterada aprobando amnistías, lo que estás dando es una señal de que no importa lo que haga, no importa quién se lo haga, no importa cuántas veces lo haga, porque tarde o temprano va a venir una amnistía que te va a terminar perdonando y olvidando”. En el mismo sentido, reiteró que la amnistía y el indulto son dos figuras que pueden ser aprobadas por el Legislativo nicaragüense.
“Soy de los que piensa que el diálogo y la negociación es la única salida. Probablemente estemos dando el primer paso para este potencial proceso de negociación que todos estamos esperando”, detalló Fonseca.