Rigoberto estudia una carrera problemática que sabe que no podrá ejercer como a él le gustaría. En una Nicaragua con el Poder Judicial subyugado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, hay pocas razones para aspirar a un trabajo dentro de las instituciones del Estado tras egresar de Derecho, sobre todo cuando se quiere dedicar a la rama penal. Sin embargo, tiene sus razones para no abandonar sus estudios en una universidad estatal en la capital, aunque es originario de Nueva Segovia. “Dicen que la esperanza es lo último que se pierde y, a pesar de que todo es frustrante dentro de las universidades, la mayoría de los que seguimos asistiendo (a las clases) lo hacemos por un sentido de justicia (moral)”, agrega el joven. Tiene 19 años, casi toda su vida bajo el régimen sandinista, y los últimos cuatro años bajo una crisis política sin precedentes.
En un país que pareciera quedarse sin jóvenes, en el que el éxodo se cuenta por decenas de miles, Rigoberto no quiere migrar. “Se me hace difícil irme del país”, expresa antes de dar sus razones. “Aquí nací y aquí me siento bien. Aquí está toda mi familia, quienes me dan apoyo moral y, sobre todo, económico”. Admite que su situación difiere de la de otros jóvenes que conoce y con quiénes estudia su primer año de Derecho. No obstante, no dejan de prevalecer ciertas ironías en su decisión. El joven estudia en una universidad estatal que pide no ser mencionada, porque cada vez son menos los estudiantes en los salones. Por consiguiente, es más fácil mantener un control de lo que opinan cada uno de ellos e identificarlos.
“Pienso que es irónico estudiar una carrera que probablemente no pueda llegar a ejercer tal y como pensaba antes, por la situación del país. Al menos, dentro del Estado”, aclara Rigoberto. La decadencia del sistema de justicia nicaragüense, que ya estaba subyugado al régimen Ortega-Murillo, se agudizó aún más a raíz de las protestas de abril de 2018. Desde entonces, el aparato judicial se dedicó a servir al régimen en la fabricación de casos contra opositores y críticos hacia la dictadura, provocando el encarcelamiento de más de 170 presos políticos, a través de juicios “espurios”, como los califican expertos jurídicos. Tanto la Fiscalía como el Poder Judicial han sido objeto de denuncias y sanciones a nivel internacional por vulnerar los principios más básicos de su cometido y violar los derechos humanos.
El último informe de cuentas publicado por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), en 2021, detalla que el número de matrículas de estudiantes de primer ingreso en la modalidad de grado fue de 38,237. En 2020 fue de 29,299, levemente inferior a la cifra de 2019 (31,000) y de 2018 (33,300). El repunte, según un análisis realizado por un docente de la Universidad Centroamérica (UCA), que ha vivido la evolución de la matrícula en los últimos cinco años, responde a que los padres y estudiantes empezaron a evaluar, después de la pandemia (2020), la situación. Una parte de los estudiantes que se quedaron interrumpió sus estudios. Ahora, algunos han regresado a las aulas. “Es la manifestación de que, después de tantas cosas que han pasado en el país, la vida sigue. Y eso, para muchos jóvenes, en la actualidad, significa estudiar, tal vez no para ser un subordinado en Nicaragua, sino para emprender u optar a maestrías en el extranjero”, remarcó el docente que pidió mantenerse anónimo debido a su trabajo.
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Otro especialista en temas de educación e investigador en oenegés, que también pidió mantenerse bajo anonimato, asegura que no cree en la veracidad de las cifras oficiales publicadas por el CNU, por la opacidad y abultamiento de datos que caracteriza la gestión del régimen Ortega-Murillo: “Todas esas cifras son maquilladas. Las únicas que pueden tener un ligero crecimiento forzado son las universidades públicas, porque absorbieron y se adjudicaron la matrícula de los estudiantes de las universidades a las cuales se les arrebató la personería jurídica y fueron confiscadas”, analizó el experto. Es lo que ocurrió con la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), y la Paulo Freire, que eran privadas anteriormente.
“La carrera tampoco es determinante para que yo siga acá. Creo que es más por mi familia, por el apoyo que ellos me pueden seguir dando”, aclara Rigoberto. Su familia puede sortear el alza de los productos básicos provocada por la crisis y la inflación global. Cuentan con medianos ingresos. Antes de 2018, se calculaba que solo el 15% de la población entraba en el rango de la llamada “clase media”, según datos del sociómetro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Economistas consideran que el porcentaje se ha reducido drásticamente. Sin embargo, esto es difícil de cuantificar puesto que, además de la manipulación de las cifras que realiza el régimen, se prohibió la investigación y actividad en el país de todos los centros de investigación y análisis independientes.
Josefina, de 23 años, asegura que solo se iría del país si contase con una beca en el extranjero. La migración irregular no es una opción para ella en este momento, debido a todas las dificultades y peligros que conlleva. También, siente un arraigo hacia su territorio que no puede explicar muy bien. “Yo sé que es como una relación bien tóxica la que tengo con Nicaragua”, explica entre risas. De hecho, una de las razones por la cual se mantiene en el país es debido a que su familia le brinda su apoyo económico, ya que pertenecen a la clase media nicaragüense.
Josefina estudia en la Universidad Politécnica (Upoli), ahora llamada Universidad Nacional Politécnica, en Managua, cursa una carrera relacionada con la gestión pública. Inició antes de que fuera tomada por el régimen y convertida en estatal. Ella tenía algunas esperanzas de poder terminar su carrera con relativa tranquilidad. Sin embargo, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, canceló la personería jurídica de la Upoli y, ahora en su campus, se promueve y difunde la propaganda del partido sandinista, como se hizo durante décadas en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). Ante ello, Josefina se ha habituado a no expresar ninguna opinión o crítica en el salón de clases y a tratar de vivir con aparente normalidad en medio del contexto represivo.
“Es muy difícil no opinar en clase sobre política o sobre leyes que están mal, o decir cosas como ‘libertad académica’ o ‘libertad’”, confiesa. Sin embargo, ha encontrado también una motivación moral para su decisión de permanecer en el país: “Quedarme estudiando en Nicaragua es también hacer un frente, y poder construir memoria de lo que realmente estaba pasando en las universidades, al menos, de manera silenciosa”, agrega la joven.
El riesgo de hacer planes de futuro en Nicaragua
A pesar de que la situación económica en Nicaragua no pinta bien para muchos, otros jóvenes perfilan un futuro entre sostenible y soportable. Tal es el caso de Eduardo, quien, a sus 22 años, cursa estudios en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Centroamericana (UCA). Eduardo pidió mantenerse en el anonimato y que no se mencionase la carrera que cursa con el fin de proteger su identidad.
“Decidir quedarme en Nicaragua, a pesar de que muchos de mis familiares están en otro país, ha sido un proceso de reflexión. Por ejemplo, el acceso a lugares de ocio en el país es más fácil que en otros lugares. Aquí tengo a mi novia, mis amigos, y muchas ventajas que en otro país no tendría”, explica. Eduardo, además de estudiar y contar con el apoyo económico de su familia, también realiza, ocasionalmente, algunas consultorías, que le suelen dejar un saldo a favor de 150 a 200 dólares cada mes. Pero aspira incluso a proyectos más ambiciosos. “Hasta estoy valorando comprar una moto, y qué sé yo, tal vez, en diez años, pueda aspirar a una casa. Aquí no es imposible. A pesar de que mi familia viene de tener un ingreso muy bajo de vida, nos hemos ido superando”, reitera.
Sin embargo, el joven es consciente de que hay un gran riesgo –el mismo que planea sobre los planes de futuro de cualquier nicaragüense–: la crisis sociopolítica. “Veo que el problema, al menos en mi caso, ya no es económico. El dilema viene cuando veo la cuestión política. No sé en qué momento me va a pasar algo, por ser joven, o porque la economía podría estallar completamente”, agrega.
Hasta el año pasado, Eduardo se replanteó la necesidad de irse del país, ante el desánimo común de una generación que tiene todos los factores en su contra. Se dijo que lo único que lo detenía era la universidad, aunque luego se dio cuenta que su situación no estaba tan mal dentro de Nicaragua. “Otro factor que pesa es que no quiero estar fregado mentalmente. Todos sabemos que la migración no es fácil, solés estar solo, iniciar de cero”, comenta. Y, si bien la represión puede llegar a ser un lastre para la salud mental, Eduardo asegura contar con redes de apoyo para “animarse”.
Sobrevivir guardando el silencio y las apariencias
Tanto Eduardo, desde Managua, como Rigoberto, desde Nueva Segovia son conscientes de que para sobrevivir, en un ambiente de asfixia social marcado por la represión, tienen que saber guardar muy bien las apariencias y decir solo lo necesario, lo que no los ponga en riesgo ante desconocidos. Ese es uno de los precios a pagar a cambio de permanecer en la Nicaragua gobernada por los Ortega-Murillo.
“Tengo algunos amigos de otras carreras que iniciaron a hacer sus prácticas en la Alcaldía y, al final, aspiran a quedarse. Y sé que ellos no comparten la ideología del partido, pero necesitan la experiencia laboral y el trabajo, sobre todo. Entonces, deben bajar la cabeza y hacer como si se creyeran todo lo que le dicen”, comenta Rigoberto. “Me he puesto a pensar si me pasará eso; si algún día tendré que acoplarme”, expresa. “Quisiera que no fuera así, quiero pensar que cuando me toque salir de la universidad (en unos cuatro o cinco años) todo haya cambiado. Esa es mi esperanza para seguir estudiando”.