La oposición anulada del proceso electoral de noviembre próximo, en el que Daniel Ortega y Rosario Murillo apuestan por su permanencia en el Ejecutivo a punta de más represión, todavía no se recupera del “tiro de gracia” ejecutado por la dictadura que culminó con la inhibición del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Fuentes consultadas de distintos movimientos coinciden en que el contexto nunca había sido más desafiante y que, por esa razón, la respuesta desde estos espacios debe “estar a la altura”.
Sin embargo, las agrupaciones políticas y de la sociedad civil no han definido una estrategia clara. Tras el encarcelamiento de varios de sus líderes, en la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) ha habido deserciones por el exilio, según reveló una fuente del Consejo Político que por razones de seguridad pidió no ser citada. “La gente tiene un dilema y es que o sale para darle de comer a su familia o se queda acá a buscar qué hacer en la inseguridad de este país. A pesar de esto que hemos sufrido forzosamente, las estructuras están en pie”, agregó.
En una conferencia de prensa un día antes de que el régimen despojó de su personería jurídica a CxL, la UNAB declaró que no existen las condiciones para que la “voluntad popular” sea reconocida, pues se han impuesto las reglas dictadas por la pareja gobernante. Expertos electorales alertaron desde mediados de mayo que el país se encaminaba a un nuevo fraude electoral, con el control del gobierno dentro del Poder Electoral y la aprobación de unas reformas electorales que puso zancadillas a la oposición al hacer uso de las leyes punitivas aprobadas a finales de 2020.
Según Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la UNAB, las últimas acciones “refuerzan” las posturas tomadas por su movimiento hace una semana. Al ser cuestionada sobre qué acciones tomará su movimiento, la política menciona que una de ellas será “establecer puentes de incidencia con la diáspora” de cara a un posible diálogo con otros países que puedan sumarse al desconocimiento de los resultados del siete de noviembre.
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Zamora dijo que el trabajo de la UNAB está centrado “en la documentación de la represión”. Enfatiza también que no están desarticulados, pero tampoco pueden hacer públicas sus líneas de acción debido al contexto represivo. “Es contraproducente estar anunciando, por ejemplo, con quiénes nos reunimos cuándo nos reunimos y cuáles son las acciones concretas. Sí podemos hablar de algunas, por ejemplo de estrechar los vínculos de trabajo con la diáspora y el exilio, que juegan un rol importante”, aseguró.
La otra fuente del Consejo Político que pidió anonimato aseguró que la agrupación apostará por una “concertación nacional para declarar de forma unánime la ilegitimidad del proceso”.
“Esa es la primera gran coincidencia que debemos tener para trabajar de forma concentrada en una especie de diálogo que no conlleve grandes elucubraciones para tomar decisiones en una mesa de 50 personas. No estamos en eso, sino en el momento en el que debemos tomar decisiones ejecutivas y operativas para el contexto en el que estamos”, agregó la fuente.
AUN apuesta por “lucha desde adentro”
DIVERGENTES intentó contactarse con tres integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, pero solo uno de ellos respondió a las consultas en un breve mensaje. La fuente pidió mantenerse en el anonimato debido a que se encontraba en “una situación vulnerable en cuanto a seguridad”, y afirmó que responderá a las consultas de este medio en cuando tengan una idea clara de qué estrategia seguirán. “Nos falta ‘cranear’ un poco más nuestras opciones”, aseguró.
Por su parte, Dolly Mora, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), uno de los movimientos estudiantiles que promovió la participación masiva electoral, aseguró que todavía creen en “la lucha desde adentro”. “Hemos decidido quedarnos en el país, la mayoría de los liderazgos territoriales y los directivos nacionales seguimos acá, para continuar la lucha desde adentro. Reconocemos que el tema del contexto es muy complejo, de mucha persecución de constantes amenazas, pero hemos decidido quedarnos acá y estamos con una campaña permanente por la liberación de todos los presos políticos”, afirmó.
Mora asegura que los opositores en Nicaragua tendrán que pasar por un proceso de “reconfiguración” al ser sacados del proceso electoral. “Creo que lo fundamental es sobrevivir en este momento en libertad y resistir. Incluso, pasar la fecha electoral para ver qué más se puede hacer en los siguientes meses”, declaró la dirigente de la organización que tiene a dos de sus figuras en la cárcel. Lesther Alemán y Max Jerez fueron apresados el seis de julio. El Ministerio Público los acusa invocando la Ley de Defensa a los Derechos del Pueblo, bajo el supuesto delito de “traición a la patria”.
Unir voces en torno al desconocimiento electoral
Para el politólogo Pedro Fonseca el siguiente paso de la oposición debería ser unirse para declarar como ilegítimo los resultados del siete de noviembre, en el que Ortega y Murillo llevan la ventaja. Los mandatarios irán en la boleta sin mayores contrapesos, pues se han encargado de inhabilitar a siete precandidatos opositores en los últimos dos meses. El régimen ha encarcelado desde inicios de junio a 32 líderes de oposición, en los que se incluye a un cronista deportivo, empresarios y excombatientes sandinistas que son disidentes del FSLN.
“Hemos visto y hemos descubierto que en los últimos meses las personas que conforman a los diferentes grupos de oposición han tenido que exiliarse. La oposición nicaragüense en el exilio debería ir reafirmando esfuerzos de unificación de representación en el exterior, probablemente en el interior del país el clima y la coyuntura no permita que la oposición trabaje como tal”, explicó el experto.
El “cabildeo por grupos” no es una estrategia recomendable para Fonseca. “No es un indicio positivo ante ningún órgano internacional”, reiteró.