El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través del Consejo Supremo Electoral (CSE) redujo el periodo de Campaña Electoral ante el temor de manifestaciones ciudadanas en repudio al proceso electoral actual que carece de legitimidad, transparencia y condiciones mínimas, advirtieron diferentes especialistas a DIVERGENTES. De acuerdo al Calendario Electoral aprobado el pasado 10 de mayo, las campañas políticas estaban previstas iniciar el 21 de agosto y durar 75 días. No obstante, un cambio anunciado por el Poder Electoral este jueves disminuyó el periodo a 40 días y postergó su inicio para el próximo 25 de septiembre.
Para la socióloga Elvira Cuadra, esta medida tiene que ver con la falta de legitimidad y respaldo que los Ortega-Murillo tienen de la población. “Tienen temor que la ciudadanía pueda expresarse durante el periodo de campaña aún y con todas las restricciones e inhibición de los derechos fundamentales”, resaltó la experta.
El politólogo Pedro Fonseca explicó que el periodo de campaña electoral comprende un periodo especial que permite la participación ciudadana, manifestación de ideologías de los partidos políticos y agendas políticas dentro del marco de un proceso electoral. “Por lo tanto limitar el periodo de campañas políticas puede interpretarse como una clara censura a la participación ciudadana”, expresó. El experto señaló que este fenómeno no es nuevo en Nicaragua: “todas las formas o vías de participación ciudadana, incluso aquellas que están contempladas en la Constitución Política de Nicaragua, han sido censuradas y limitadas paulatinamente en el tiempo desde que Ortega regresó al poder en 2007”.
A juicio de Cuadra, la población nicaragüense está deseosa de poder expresarse públicamente. “Lo hemos visto en las diferentes encuestas de opinión que se han hecho recientemente. La gente tiene la intención, quiere participar aún en medio de las dificultades”, sostuvo, ejemplificando la nutrida asistencia en el proceso de verificación en julio pasado. La también investigadora señaló que reducir el periodo de campaña limita a las personas de “conocer las diferentes alternativas, conocer a los candidatos y sus propuestas políticas”.
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Pese a la reducción del tiempo, los especialistas señalan que existe otra irregularidad relacionada a la Campaña Electoral. Se trata del uso de recursos públicos con fines partidarios y electorales por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para realizar campaña política permanente. Por lo tanto, aseguran que “las condiciones en las que se daría la Campaña Electoral es totalmente desigual”.
El analista político Óscar René Vargas añadió que el factor económico también marca una desigualdad en la Campaña Electoral. “Ninguno de ellos (partidos políticos) tiene dinero para hacer campaña porque los bancos no están prestando, entonces para que no luzca tan deslucido el proceso electoral reducen el tiempo de campaña”.
Los especialistas concluyen que el gobierno sandinista actualmente no carece de recursos económicos. “Recordemos que los huracanes Eta e Iota representaron una oportunidad, desgraciadamente, para que organismos internacionales financiaran al Estado de Nicaragua, por lo cual Ortega tiene de dónde echar mano en este momento”, apuntó Ariel Sotelo, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
COVID-19 usado como excusa
El CSE utiliza principalmente la situación de la pandemia del COVID-19 para modificar el Calendario Electoral, de acuerdo al comunicado emitido este jueves. Sin embargo, durante la jornada de verificación se observaron nutridas aglomeraciones de electores en los Centros de Votación y no se implementaron las medidas de distanciamiento social recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El gobierno sandinista con dominio total del Poder Electoral no ha dictado medidas contundentes para frenar el segundo pico epidémico que enfrenta Nicaragua. Al contrario, para la celebración del 42 aniversario de la Revolución Sandinista el pasado 19 de julio, se promovió la realización de 5 mil actividades en todo el territorio nacional. El primero de ese mismo mes, también realizaron caravanas en diferentes municipios del país. Para un médico miembro de la Unidad Médica Nicaragüense y quien pide omitir su nombre por seguridad, utilizar esta crisis de salud pública para implementar cambios en el Calendario Electoral es “una excusa” de Ortega-Murillo.
El galeno recordó que el Ministerio de Salud (Minsa) ha politizado la pandemia del COVID-19 y por órdenes partidarias no ha implementado un plan nacional integral de prevención del coronavirus. “Mientras el Ministerio de Salud no dé recomendaciones de evitar aglomeraciones, lo anunciado por el Consejo Supremo Electoral no deja de ser una información incorrecta”, aseguró el doctor.
El médico especialista considera que el proceso electoral en Nicaragua necesita un protocolo integral y completo para evitar la propagación de COVID-19 durante la campaña y otras actividades contempladas en el calendario electoral.
Favor al PLC
En la misiva publicada, el CSE también estableció “hacer modificaciones al Calendario Electoral en lo concerniente a subsanaciones, renuncias y sustituciones de candidatos y candidatas” a Presidente, Vicepresidente de la República, Diputados ante la Asamblea Nacional y el Parlacen Centroamericano tras haber “recibido solicitud de diversas organizaciones políticas” extendiendo el periodo hasta el 26 de agosto. De acuerdo a la publicación en La Gaceta Diario Oficial del 10 de mayo, este plazo vencía el nueve de agosto.
Sin embargo Ariel Sotelo, de la UNAB, considera que “Ortega movió el Calendario Electoral para dar respiro a los oponentes que él designó a su medida, como el del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que, en este momento, está pasando una crisis interna, porque su candidata a la vicepresidencia renunció al cargo argumentando una cuestión bastante absurda”.
La plataforma política de tendencia liberal que llevó a la presidencia a Arnoldo Alemán y el ingeniero Enrique Bolaños en 1997 y 2002 respectivamente, ha experimentado una crisis interna a lo largo de los años. Sin embargo, durante el proceso electoral de 2021 los problemas se han agudizado y tres aspirantes presidenciales han renunciado a sus cargos.
Recientemente, María Dolores Moncada declinó a su candidatura a Vicepresidenta de la República por el PLC para la contienda electoral del siete de noviembre. Su salida estuvo marcada por una fractura en su pie que la dejó “inhabilitada”. El sábado siete de agosto Milton Arcia, ex candidato a Presidente de la República por el PLC, renunció a sus aspiraciones presidenciales luego que María Haydeé Osuna, presidenta de la plataforma política, solicitó cancelación de la personería jurídica al opositor partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) por “violar la Ley Electoral”. Misma que el CSE hizo efectiva ese mismo día. De acuerdo al empresario turístico el actuar de Osuna no contó con la “aprobación” de la junta directiva del partido liberal.
“El PLC ha tenido problemas con sus candidatos porque es una organización que tiene problemas en general, tiene problemas de liderazgo, no tiene una agenda política clara, ni siquiera tiene una ideología política, no tiene una propuesta ciudadana, es un partido que no tiene apoyo ciudadano”, afirmó el politólogo Pedro Fonseca.