“Mamá, no te he visto en más de un año, ¿por qué no me dejan verte?… Ya no me acuerdo mucho de tu cara…Quiero abrazarte”. Son algunas de las palabras que la hija de Tamara Dávila plasmó en una emotiva carta dirigida a su madre, la presa política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien ante esta situación el 15 de agosto se vio obligada a tomar la medida extrema de iniciar una huelga de hambre, en demanda para que las autoridades le permitan ver a su hija. Llevan 432 días sin tener ningún tipo de contacto.
La dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) dijo a sus familiares en la última visita que la huelga de hambre es el único y último recurso que tiene a su alcance para exigir el cumplimiento de su derecho y el de su hija de tener comunicación.
“Estamos sumamente preocupadas por la situación de Tamara y el deterioro de su salud. Esta huelga de hambre pone en riesgo su vida”, alertó su hermana Ana Lucía Álvarez Vijil, a través de una conferencia de prensa.
La hermana de Dávila señaló que pese a los diversos esfuerzos realizados por los familiares para que madre e hija puedan tener comunicación, la respuesta que han recibido de las autoridades es la misma: “no está autorizado que ingrese la niña”.
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“Tanto Tamara como nosotros como familia nos hemos encontrado con una negativa absoluta por parte de las autoridades del Estado de Nicaragua… Hemos introducido siete recursos judiciales solicitando que se permitan y garanticen las visitas a la niña, sin embargo, nunca ha habido respuesta”, dice Álvarez.
Según el familiar de Dávila, el último recurso interpuesto fue el pasado martes 16 de agosto y están a la espera de que hoy jueves la Sala Uno del Tribunal Apelaciones de Managua responda a dicha solicitud. “Exigimos que esta respuesta sea positiva según derecho”, dijo.
“La imposibilidad de incomunicación de mi hermana con su hija viola las leyes, tanto nacionales como internacionales y el Código de la Niñez y la Juventud, que establece el deber del Estado del tutelaje de estos derechos”, añadió la hermana de la presa política.
La doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), alertó que Tamara se expone a un riesgo mayor tras la decisión de iniciar una huelga de hambre. “Esta acción puede generar más represión por parte de sus carceleros internamente”, dijo la defensora.
En total aislamiento
La hermana de la presa política también denunció que, en los más de 15 meses de encierro en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote, su hermana continúa sometida a torturas constantes. Continúa encerrada en una celda de castigo, hermética y con solo un orificio donde puede ver el cielo. No tiene acceso a materiales de lectura ni a noticias. La familia asegura que tampoco ha recibido una alimentación adecuada, “razón por la cual ha adelgazado más de 40 libras”.
El 11 de julio la plataforma Sé Humano compartió un retrato hablado de la situación actual de la dirigente opositora. En la imagen, Dávila aparece escasa de peso, con ojeras y la piel marchita, producto del encierro e incomunicación impuesto por el régimen Ortega-Murillo tras su detención.
Dávila, también es integrante de la Unión Democrática Renovadora (Unamos, antes Movimiento Renovador Sandinista), cuya organización fue descabezada por el régimen, al encarcelar en julio de 2021 a casi todas sus dirigentes, entre ellas Suyén Barahona, Ana Margarita Vijil y Dora María Téllez, acusadas por el delito de “menoscabo a la soberanía nacional”, una de las leyes represivas que ha empleado la dictadura contra aspirantes a la presidencia, líderes, periodistas y activistas nicaragüenses.
El caso de Dávila es tachado por expertos jurídicos como “insólito”, debido a que el Ministerio Público no presentó ninguna prueba que incriminara a la activista. De hecho, los policías que asistieron a la audiencia para testificar, escribieron en el libelo acusatorio unos discos musicales que fueron confiscados, pero que no tienen ninguna relación con el “delito”.
Dávila es psicóloga, con una maestría en derechos de la niñez y de las mujeres, y ha trabajado con personas que viven con VIH. En 2018 participó en las protestas y fue arrestada por unas horas. En 2020 fue electa como integrante del Consejo Político de la UNAB y formó parte de la Coalición Nacional.