Pocos días después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Estados Unidos ha recalibrado su estrategia de presión hacia Nicaragua: si bien su foco siempre ha apuntado a Daniel Ortega y Rosario Murillo como el binomio de poder, la novedad ha sido la personalización de las críticas hacia la “copresidenta”, quien es vista en todos los niveles de Washington como el poder institucional y fáctico sobre su esposo, cada vez más envejecido y relegado a una figura más simbólica.
En el nuevo tablero político del gobierno del presidente Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, es pieza insoslayable en la estrategia hacia la región, en específico frente a las dictaduras de Venezuela (ya descabezada), Cuba y Nicaragua. Por eso, la crítica lanzada el pasado 30 de enero por su oficina mostró con claridad el viraje hacia la copresidenta: “Hace un año, Rosario Murillo inventó una ‘Copresidencia’ para consolidar su control ilegítimo sobre Nicaragua: sin elecciones, sin mandato, sin legitimidad. El poder basado en la represión y la manipulación constitucional no es la voluntad del pueblo”, expresó la cuenta de X del Departamento de Estado. “Cobardemente, ha negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque sabe que no puede ganar”.
El mismo tono se ha extendido a la Cámara de Representantes en Washington, en específico a la congresista cubano-estadounidense María Elvira Salazar, quien hace una semana, en una audiencia sobre libertad religiosa, dijo que Murillo es “el mismo demonio”. “Este es un mensaje muy claro, que ahora voy a transmitir específicamente a Rosario Murillo, que es el mismo demonio y por eso está guiando a su marido para que no permita que este tipo de actividades ocurran en el territorio nicaragüense”, afirmó la congresista, en referencia a la persecución religiosa.
Fuentes conocedoras del entorno político en Washington relataron a DIVERGENTES que, en efecto, hay una recalibración de la presión republicana en la forma en que ahora se entiende el reparto de poder entre la pareja presidencial de El Carmen. La tesis es que, tras el reacomodo ocurrido a finales de 2023, “la autoridad efectiva ha sido formalmente asumida por Murillo más que por Ortega”
“Entienden al régimen con una dictadura dinástica, pero se señala que Murillo encabeza actualmente el esquema de poder, acompañada de ‘un nuevo círculo de poder’ directamente leal a ella… e incluso ya tienen un nuevo organigrama de ese entramado”, sostiene una de las fuentes en la capital estadounidense. “Se detallan estructuras bajo su órbita que abarcan justicia, seguridad, economía, política exterior y comunicación, además de señalar a varios cuadros que no han sido objeto de sanciones internacionales. Cuadros que son cómplices de la represión y la cleptocracia”.
Por su parte Manuel Orozco, analista del Diálogo Interamericano, también considera que la administración Trump ha observado estos “cambios de fichas políticas” realizados por la copresidenta. “Hay un reconocimiento de que Murillo está al mando del poder político en todo el ámbito. En este sentido, el reconocimiento tácito de un Ortega ‘muerto en vida’ es aparente, pero también un giro en la dirección de presionar a Murillo y a sus seguidores dentro del círculo de poder”, insiste Orozco.
El enfoque político de la administración Trump gira en torno de identificar y cultivar piezas políticas dentro del círculo que lleguen a jugar un rol instrumental en el cambio de poder, según el analista del Diálogo Interamericano. “Esto no significa que Nicaragua sea Venezuela o Cuba o que haya un efecto dominó. Significa que cada país tiene un trato o manejo diferente, la presión sobre Nicaragua va ocurriendo gradualmente y con un enfoque bipartito… y , por último para Estados Unidos, Murillo no puede continuar operando con impunidad”, dice Orozco.
El sociólogo Juan Carlos Gutiérrez considera que hay dos elementos clave para entender el giro hacia Murillo. “Ortega ya está de salida. Él no sería el problema para sostener un régimen autocrático. El problema será Rosario”, afirma. Según el investigador desnacionalizado, Murillo no solo concentra el control político, sino que dirige el funcionamiento del sistema represor y autoritario. “Ortega queda como una figura emblemática, útil hacia lo interno del Frente y particularmente para Rosario, pero en términos de la funcionalidad del sistema y de la capacidad de resistencia ante una presión fuerte de Estados Unidos, ella es el pilar clave”, sostiene.
Para Gutiérrez, la lógica de Washington sería apuntar a ese punto neurálgico del poder. “Si ese pilar se desestabiliza, se resiente el resto de la estructura. Ellos, la pareja, están tratando de venderse como los únicos capaces de sostener el país”, agrega.
Más presión sobre ella
Las fuentes políticas cercanas a Washington sostienen además que las sanciones previas han tenido impacto directo sobre individuos e instituciones específicas, al reducir su margen de operación y afectar su reputación. Por ello, remarcan que Estados Unidos entendió que deben aplicarse de manera sistemática y acompañadas de presión diplomática, para evitar ciclos de represión, seguidos de concesiones parciales.
Esa presión ya tiene eco en la pareja copresidencial, ya que desde la captura de Maduro tanto Ortega como Murillo han rebajado sus críticas hacia Estados Unidos. En contraste, colaboran en materia de narcotráfico y migración, y han hecho algunas concesiones, como excarcelar presos políticos tras pedidos de Washington. Además, la medida más reciente fue cancelar el libre visado para los cubanos, quienes han usado Nicaragua como un trampolín para migrar a Estados Unidos. Una decisión que ocurre durante la crisis que padece la isla, después que el presidente Trump les cortara el suministro de petróleo venezolano.
En su última aparición pública para condecorar al exvicepresidente Jaime Morales Carazo, Ortega evitó referirse a Trump y sus medidas. Mientras que Murillo hizo alusión indirecta al mensaje del Departamento de Estado sobre su copresidencia: “Ser valiente es saber construir paz, ser valiente no es hacernos la guerra. Esa es derrota, la guerra es derrota. Es asumir la paz y defenderla todos los días, custodiarla todos los días y donde hay una ruptura de la paz restaurarla todos los días, esa es la valentía”.
Al margen de la recalibración de la presión hacia Murillo, la presión también se mueve en el plano legislativo: en el Senado estadounidense se impulsa un proyecto de ley para perseguir el comercio de oro ilegal vinculado al régimen Ortega-Murillo, con la intención de cortar una fuente de financiamiento que Washington considera clave, mientras que en la Cámara de Representantes congresistas como Chris Smith y María Elvira Salazar presentaron una iniciativa para ampliar y reforzar las sanciones ya establecidas en la Nica Act y la Ley Renacer mediante una nueva normativa que restringe la asistencia financiera y permite castigar a individuos y sectores ligados al régimen.
En ese contexto, las fuentes en Washington señalaron que la resistencia política y el cuestionamiento público directo a Murillo incide en su autoridad simbólica de liderazgo. “Esta resistencia política debilita la autoridad moral de Murillo y la desmoraliza”, remarcan, al explicar que la pérdida de reputación, el descrédito público y lo que denomina “ruido moral” pueden erosionar su legitimidad y afectar la cohesión del círculo de poder, un espacio en el que fuentes sandinistas coinciden que la copresidenta genera “más miedo que respeto”.
En conjunto, las fuentes en Washington sostienen que la presión será más fuerte a nivel diplomático con respaldo bipartidista en Estados Unidos; se va a exigir cumplimiento de compromisos comerciales, se revisará el papel de organismos financieros internacionales en el otorgamiento de préstamos, se sancionará a actores vinculados a la captura del Estado y se advertirá a potencias externas sobre su relación con Managua.
En ese tablero, el papel de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) también está bajo escrutinio: aunque el FMI certificó un crecimiento económico y cierta “resiliencia” financiera de Nicaragua, advirtió que ese modelo pende de un hilo frente a riesgos como la política migratoria estadounidense y la elevada incertidumbre estructural, generando cuestionamientos sobre la sostenibilidad del respaldo financiero internacional al régimen copresidencial.