Sofía tiene 19 años y lleva diez meses sin estudiar ni trabajar. En 2025, cuando tenía 18 años, ingresó a estudiar Derecho en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, antes Universidad Centroamericana (UCA) y que posteriormente fue confiscada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2023. Sin embargo, su experiencia académica no fue la que esperaba.
Ella cuenta que las clases eran interrumpidas con frecuencia para llevar a los estudiantes a marchas políticas. Esas actividades afectaron la continuidad de sus estudios y terminaron por desanimarla. Para 2026 decidió no matricularse nuevamente. Su plan era encontrar un empleo que le permitiera pagar una universidad privada y continuar la carrera en la modalidad sabatina.
Desde enero busca trabajo, pero no ha conseguido una oportunidad. Mientras tanto, permanece en casa y se encarga de las tareas domésticas cuando su madre sale a trabajar en una clínica estética. Su expectativa inmediata es conseguir un puesto temporal durante la temporada navideña en algún centro comercial de Managua.
Sofía, cuya identidad se protege mediante un seudónimo, forma parte de una población juvenil que permanece fuera del sistema educativo y del mercado laboral. En su caso, dejar la universidad no significó abandonar definitivamente sus aspiraciones profesionales. Sin embargo, la falta de ingresos le impide retomarlas.
Carlos, de 21 años, enfrenta una situación similar. Tampoco estudia ni trabaja. No quiere matricularse en una universidad pública, pero carece de recursos para pagar una privada. Ha buscado empleo sin éxito, incluso en la Zona Franca Industrial Saratoga, ubicada en Los Brasiles, en el municipio de Mateare, en Managua. Por ahora, continúa sin ingresos que le permitan retomar sus estudios.
Más de la mitad de jóvenes nicaragüenses no estudia ni trabaja
El número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, como Sofía y Carlos, sigue aumentando en Nicaragua. Un análisis del economista Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, titulado Nicaragua en Cifras 2026, muestra que esta población ha crecido en los últimos años.
De acuerdo con su análisis, elaborado a partir del Índice de Progreso Social, el porcentaje de jóvenes nicaragüenses que no estudian ni trabajan pasó del 47.77% en 2011, al 52.16% en 2025. Esto significa que, mientras en 2011 casi 48 de cada 100 jóvenes estaban fuera de las aulas y del mercado laboral, en 2025 la cifra aumentó a 52 de cada 100.
El aumento de esta población también preocupa por sus consecuencias para la formación de capital humano, es decir, los conocimientos y habilidades que necesitan las personas para conseguir empleo y contribuir al desarrollo económico del país.
A este problema se suman las deficiencias en la calidad educativa. El Banco Mundial advirtió en 2020 que los estudiantes nicaragüenses aprendían menos de lo esperado para los años que permanecían en las aulas. Esto significa que este país no solo enfrenta dificultades para mantener a sus jóvenes dentro del sistema educativo, sino también para garantizar que reciban una formación adecuada.
El indicador de jóvenes que no estudian ni trabajan, conocidos comúnmente como “ninis”, incluye a personas que buscan empleo sin encontrarlo, que realizan tareas domésticas no remuneradas y quienes han interrumpido su formación por distintas razones.
La comparación regional presentada por Orozco muestra que Nicaragua tiene el segundo porcentaje más alto de jóvenes que no estudian ni trabajan entre cuatro países centroamericanos. En 2025, El Salvador encabezó el grupo con un 54.50%, seguido de Nicaragua con un 52.16%, Guatemala con un 49.69% y Honduras con un 36.32%.
Nicaragua, entre los países con más “ninis”
Entre 2011 y 2025, esta población aumentó en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, mientras que Honduras registró una disminución. El mayor incremento ocurrió en El Salvador, con nueve puntos porcentuales, frente a los 4.39 puntos de Nicaragua.
En Costa Rica, el fenómeno también afecta a una parte importante de la juventud. Según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), al cierre de 2025 había 139 920 jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudiaban ni trabajaban, equivalentes al 20.3% de ese grupo de edad. La medición incluye tanto a quienes buscan empleo como a quienes permanecen fuera de la fuerza laboral.
El investigador advierte que en Nicaragua “no hay mucho empleo accesible ni buenas oportunidades de estudio”, situación que limita las opciones de los jóvenes para continuar su formación e incorporarse al mercado laboral.
Menos estudiantes en las universidades
La matrícula universitaria también registra una fuerte caída en Nicaragua. Según el análisis del investigador, el número de estudiantes pasó de 234 000 en 2017 a 82 000 en 2026. Esto significa que, en nueve años, las universidades perdieron 152 000 alumnos, una reducción aproximada del 65%.
Esta disminución ocurre en medio de los cambios impuestos al sistema de educación superior, entre ellos la confiscación de universidades y las restricciones a la libertad académica. Uno de los casos más conocidos es el de la UCA, donde Sofía comenzó a estudiar Derecho después que la institución pasara a manos del Estado.
El régimen sandinista, por su parte, promueve la “gratuidad” de las universidades públicas como una medida para ampliar el acceso a la educación superior. Sin embargo, esta política convive con denuncias de adoctrinamiento político y restricciones a la libertad académica que también influyen en las decisiones de los estudiantes.
En mayo de 2026, DIVERGENTES documentó la imposición de una nueva asignatura obligatoria que exige a estudiantes de universidades bajo control estatal realizar trabajos sobre “héroes y mártires” sandinistas. La investigación, basada en documentos académicos y testimonios, reveló que los alumnos deben desarrollar estas tareas siguiendo lineamientos políticos, incluso cuando los contenidos no guardan relación con sus carreras.
Para jóvenes como Sofía y Carlos, continuar una carrera no depende únicamente de que existan universidades gratuitas. También buscan condiciones académicas que les permitan estudiar sin imposiciones políticas, pero elegir una institución privada requiere recursos económicos que actualmente no tienen.
Menos empleos en un sector clave
Por otra parte, la dificultad que enfrentó Carlos para encontrar trabajo en la Zona Franca Saratoga coincide con una reducción del empleo en este sector, uno de los principales generadores de puestos de trabajo en la industria manufacturera de Nicaragua.
Según los datos presentados por Orozco, la cantidad de trabajadores de ese sector pasó de 121 515 en el primer trimestre de 2025, a 98 372 en el mismo período de 2026. La diferencia es de 23 143 puestos, una reducción cercana al 19%.
La caída también se refleja en los informes del Banco Central de Nicaragua (BCN), que reconoce una disminución del empleo industrial asociada al comportamiento de las zonas francas. El organismo reportó además que las exportaciones del sector se redujeron un 10.1 % entre enero y mayo de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.
Cabe destacar que la reducción del empleo en zonas francas no significa que todos los puestos perdidos pertenecieran a jóvenes. Tampoco permite establecer que sea la causa directa del aumento de quienes no estudian ni trabajan. Lo que muestra es una contracción de oportunidades laborales en un sector relevante para la economía nicaragüense.
País arriesga su bono demográfico
Nicaragua también corre el riesgo de desaprovechar su bono demográfico, una etapa en la que la población en edad de trabajar representa una proporción elevada del total de habitantes. Esta condición puede favorecer el crecimiento económico, siempre que las personas tengan acceso a educación de calidad y oportunidades de empleo.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en 2025 el 66 % de los habitantes de Nicaragua tenía entre 15 y 64 años, mientras que el 28% tenía entre 10 y 24 años.
Estas cifras muestran que el país cuenta con una población joven que podría contribuir a su desarrollo económico. Sin embargo, el aumento de jóvenes “ninis”, las dificultades para acceder a la educación superior y la falta de oportunidades laborales limitan la formación y el aprovechamiento de ese capital humano.
Emigrar ante la falta de oportunidades
Ante las dificultades para estudiar y conseguir empleo, buscar oportunidades fuera del país también aparece como una alternativa. El análisis del economista Manuel Orozco incluye resultados de encuestas realizadas desde 2019 que permiten conocer las condiciones económicas de los hogares nicaragüenses y sus expectativas de emigración.
En la medición de 2026, el 12.9% de las personas consultadas afirmó que ellas o algún familiar de su hogar tenían planes de emigrar durante los siguientes doce meses.
El resultado no significa que ese porcentaje de jóvenes está considerando abandonar Nicaragua. La pregunta se aplicó a personas de distintas edades y se refiere tanto al entrevistado como a familiares de su hogar indicador muestra que la posibilidad de salir del país continúa presente entre las familias nicaragüenses. Orozco relaciona esa expectativa con las dificultades económicas y las limitaciones de oportunidades que identifica en su análisis.
Las encuestas también reflejan preocupación por las condiciones de vida. En 2026, el 44.6% de los consultados consideró que su situación económica había empeorado respecto de los seis meses anteriores, mientras que el 43.2% identificó la inflación y los precios elevados como el problema más urgente del país.
Por ahora, Sofía y Carlos siguen buscando una oportunidad dentro de Nicaragua. Ambos quieren continuar sus estudios y construir un futuro profesional, pero sus planes permanecen pendientes de conseguir un empleo. A sus 19 y 21 años, respectivamente, todavía no saben cuándo podrán retomarlos.