Más Régimen de Excepción en El Salvador: detenciones arbitrarias y acoso al periodismo

La Asamblea Legislativa controlada por el presidente Nayib Bukele aprobó ampliar por treinta días más el controvertido Régimen de Excepción, en medio de una baja de homicidios, violaciones a los derechos humanos y hostigamiento a periodistas independientes. El oficialismo lo justifica basado en una encuesta, mientras los diputados abren la puerta a la opacidad con una reforma a la ley que regula las compras públicas

Dos hombres son detenidos durante el tercer día de Estado de Excepción decretado en El Salvador. Archivo. EFE.

La Asamblea Legislativa alineada al gobierno de Nayib Bukele amplió por 30 días más el Régimen de Excepción que El Salvador vive desde el 27 de marzo. La iniciativa fue propuesta por el presidente a pesar de que sus policías y militares no solo han capturado a pandilleros, sino que también han cometido detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos, en un momento en que su mismo congreso avaló una ley que busca silenciar y encarcelar a periodistas. La ampliación fue aprobada sin ninguna discusión en una plenaria extraordinaria este domingo 24 de abril. 

El gobierno de Bukele ha publicitado la medida como una respuesta para combatir a las pandillas desde el 27 de marzo, después de que en El Salvador se registraron 62 homicidios en una sola jornada y se convirtiera en el día más violento del último siglo. Durante el Régimen de Excepción las autoridades han detenido a 16,500 personas por supuestamente ser pandilleros o colaborar con ellos. La baja de homicidios ha sido significativa. Por ejemplo, la Policía informó en su cuenta de Twitter que el domingo 24 de abril hubo cero homicidios y que, entre el 1 de enero y el 23 de abril, ocurrieron 368 asesinatos.

Sin importar las críticas vertidas por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, Bukele decidió la ampliación del régimen de excepción a través de Twitter: “En este momento, estoy convocando al Consejo de Ministros para que solicite a la Asamblea Legislativa, la ampliación del RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN por 30 días más (sic)”,  escribió el mandatario. La plenaria inició al día siguiente después de las cuatro de la tarde y la solicitud fue votada y aprobada a las ocho de la noche. Acordaron suspender cuatro derechos constitucionales hasta el 27 de mayo: la libre asociación, el derecho a la defensa, las 72 horas de detención administrativa y la inviolabilidad de las comunicaciones.

La estrategia de Bukele se desmorona cuando queda en evidencia que la Policía y Fuerza Armada han cometido violaciones a los derechos humanos, según los críticos del Régimen de Excepción. El mandatario, en cambio, guarda silencio y culpa a organismos internacionales y a los medios de comunicación cuando hacen público las arbitrariedades cometidas por las fuerzas armadas. “Si hay algo que debe dejarnos una gran lección, es quiénes salen a defender a esta escoria”, dijo Bukele y agregó: “vean las organizaciones, las ONGs, los medios, los ‘gobiernos amigos’. Que nos sirva para que entendamos, de una vez, quiénes han estado siempre detrás del sufrimiento de nuestro pueblo”, escribió en su cuenta de Twitter el domingo 24 de abril. 

Capturas sin vinculación clara

Una mujer llora al no saber información sobre un familiar detenido durante el Estado de Excepción. EFE. Archivo.

En redes sociales a diario circulan denuncias de personas capturadas que no pertenecen a ningún grupo delictivo y tampoco cuentan con antecedentes penales. Afuera de bartolinas policiales hay mujeres buscando a sus familiares detenidos. Por ejemplo, este lunes 25 de abril una mujer fue golpeada por un Policía cuando ella trató de despedirse de su esposo, según registró El Diario de Hoy. Bukele tampoco hace mención que cuatro reos capturados durante el régimen murieron en el penal de Izalco, de acuerdo a La Prensa Gráfica. Las autoridades, sin embargo, a la fecha no han explicado las razones de dicha violencia ni han individualizado a los responsables.  

A pesar de ello, los diputados oficialistas y funcionarios del gobierno utilizaron la narrativa de que 30 días no son suficientes para capturar a pandilleros que siguen activos en las calles. “Imagínense a cuántos terroristas, a cuántas personas que asesinaron vamos a capturar al término de 60 días”, dijo la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos. Bajo ese mismo discurso continúo Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad y Justicia, quien aseguró que “este trabajo (capturas) no se puede acabar en 30 días”. 

Otro punto clave para justificar el Régimen de Excepción fue la encuesta de la firma Cid-Gallup. El sondeo dice que el 91% de la población está “mucho o algo de acuerdo” con la controvertida medida. El Faro dio a conocer que Cid Gallup es dirigida por Luis Haug, un consultor que Bukele contrató como asesor mientras era alcalde de San Salvador. 

¿Abasto para procesar a miles?

Acción Ciudadana, una organización de la sociedad civil, dijo durante una conferencia de prensa que los fiscales no darán abasto para resolver los casos de pandillas durante el Régimen de Excepción. “Cada fiscal tiene una carga laboral promedio de 130 casos al año. Ahora hay 14 mil detenidos en menos de un mes, según las fuentes oficiales. ¿Tendrá la Fiscalía la capacidad instalada para atender adecuadamente este exceso de demanda? ¿Podrá fundamentar bien estos casos y llevarlos ante un tribunal para que se compruebe la participación de las personas señaladas por un delito?”, dijo Eduardo Escobar, representante de la organización.

La abogada Ruth Eleonora López de Cristosal considera que un Régimen de Excepción debe efectuarse a lo establecido en la Constitución de la República “y a las causales que pueden darle origen y el aumento circunstancial de los homicidios la jurisprudencia constitucional (Inc 15-1996) no es una de estas”. Agregó que el gobierno tiene suficientes “herramientas legales, de investigación e inteligencia  para prevenir, contener y reprimir las olas delictivas”, dijo a DIVERGENTES.

No solo estas violaciones a los derechos humanos han sido un punto crítico durante el régimen actual. Durante este tiempo hubo una serie de reformas que van desde más penas de cárcel hasta la creación de jueces anónimos. Así como la creación de una ley mordaza para la prensa. Esta última señala que periodistas o medios de comunicación que “reproduzcan mensajes presuntamente originados u originados por pandillas” pueden enfrentar entre 10 y 15 años de cárcel. 

Esta reforma de ley –similar a la de Daniel Ortega en Nicaragua– ha sido utilizada por el mismo Bukele y otros funcionarios para desprestigiar el trabajo de periodistas e investigadores del fenómeno de las pandillas en El Salvador. El caso más reciente lo lideró Ernesto Castro, exsecretario privado de Bukele y hoy presidente del Legislativo durante la sesión plenaria del 19 de abril: “Estos periodistas ‘incómodos’, que andan con miedo, dicen… No los necesitamos. ¡Váyanse!”, vociferó.

Ley de compras opaca

El legislativo, también a petición del presidente Bukele, aprobó la noche del domingo 24 un régimen especial para compras y contrataciones estatales que básicamente anula la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Esta legislación fue creada en el año 2000 con el fin de regular el uso que el Estado le da al dinero público para realizar compras de bienes y contratos de servicios. 

“Es necesario hacer compras públicas para hacerle frente a este régimen”, señaló la diputada oficialista Suecy Callejas como justificación a la aprobación de la iniciativa.

En 2020 la Asamblea aprobó eliminar los controles en las compras públicas para atender la emergencia por la Covid-19. La Fiscalía dirigida por Raúl Melara, quien fue destituido el 1 de mayo de 2021, inició una investigación por negociaciones ilícitas en contra de  funcionarios del gobierno de Bukele, ya que 20 de 31 millones asignados en nueve contratos fueron asignados de forma irregular. 

Siga leyendo: