El Gobierno de Donald Trump anunció este martes que planea exigir a los millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos que se inscriban en un registro y proporcionen sus huellas dactilares. Los migrantes que no acaten esta exigencia pueden enfrentar un proceso penal con multas e incluso penas de cárcel, una escalada respecto a su condición migratoria actual, considerada un delito civil.
La medida busca en realidad presionar a millones de indocumentados que viven en Estados Unidos para irse del país por su propia cuenta, dado que la inscripción en el registro proporcionaría datos al Gobierno para su deportación, pero incumplirlo podría suponer penas de cárcel.
“El presidente Trump y la secretaria (de Seguridad Nacional, Kristi) Noem tienen un mensaje claro para quienes están en nuestro país ilegalmente: Márchense ahora”, dijo la portavoz de ese departamento, Tricia McLaughlin. “Si se van ahora, podrían tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano”, añadió en un comunicado publicado por The New York Times.
Los padres de indocumentados mayores de 14 años también deberán inscribir a estos menores de edad en el registro. Es poco probable que los migrantes se inscriban en este registro de Trump, dado que el mandatario ha prometido deportaciones masivas de los más de 11 millones de indocumentados que viven en el país. Este registro tiene como base legal una ley en desuso aprobada durante la Segunda Guerra Mundial para que los migrantes indocumentados que llegaban al país se inscribieran.
Redadas en Texas avivan el temor entre migrantes
Mesas vacías, carteles que dicen “cerrado” y toldos sin vendedores. Tras un operativo de migración al inicio de la semana en la comunidad de Colony Ridge, al noreste de Houston, decenas de negocios decidieron no abrir sus puertas y los residentes de la zona expresaron sentirse temerosos de su futuro en Estados Unidos. En lo que las autoridades federales calificaron de la “fase uno” de una “investigación criminal a gran escala”, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aseguró haber detenido a más de 100 personas el lunes.
Según testimonios de residentes de la zona y activistas, los agentes colocaron retenes de vehículos en las principales vías de la comunidad, detuvieron a personas en sus casas y visitaron negocios latinos -como panaderías o talleres mecánicos- avisándoles que el Gobierno inspeccionará el estatus legal de los trabajadores.
El operativo se enmarca en una campaña a nivel nacional, liderada por el presidente Trump, de detener a las personas que viven en Estados Unidos sin un estatus migratorio legal y cumplir con la promesa de “deportaciones masivas” que lo aupó al poder.
Negocios vacíos
El negocio de Enrique (nombre ficticio por miedo a represalias), una tienda de suministros para la construcción, fue uno de los lugares señalados por los agentes federales el lunes. Los funcionarios le dejaron una carta, avisándole de una inspección inminente del estatus legal de todos sus trabajadores.
“Le da a uno miedo, ver cómo llegan de sorpresa, tantas patrullas”, relató el hombre, originario de Guatemala y radicado hace 10 años en Estados Unidos. Las ventas en su negocio, agregó, se han congelado desde el lunes, porque los trabajadores del sector de la construcción no quieren salir: “Muchos de ellos están aquí ilegalmente entonces no quieren arriesgarse”.
Esteban (nombre ficticio por miedo a represalias), un vendedor ambulante que trabaja sobre una de las vías principales de Colony Ridge, también dijo haber tenido menos compradores desde el lunes: “Esto no va a afectar a todos, en especial a los negocios pequeños; están solos”.
Colony Ridge, un foco mediático
Colony Ridge ha estado en el foco de la atención del Partido Republicano desde hace al menos dos años, después de un tiroteo que dejó 5 muertos y que fue cometido por un hombre que no tenía un estatus migratorio en el país.
Desde entonces, el gobernador de Texas, el conservador Greg Abbott, ha señalado a la comunidad como un área donde “no entra la ley” y se ha convertido en un blanco de críticas de analistas y políticos republicanos, señalándola como una “colonia” de “migrantes ilegales”.
El desarrollo inmobiliario del área, expandiéndose con casas prefabricadas y autocaravanas, ha estado alimentado por compañías que venden terrenos sin exigir muchos requisitos a los compradores y que han sido incluso acusadas por la Justicia de prácticas de financiamiento “abusivas”.
Jasmín García, residente de Colony Ridge, originaria de Guerrero (México), dijo que la presencia de los agentes federales es positiva, porque contribuye a poner “orden” en la comunidad.
Sin embargo, la narrativa del actual Gobierno y la cantidad de deportaciones también la hace sentir “intimidada”, ya que ella es beneficiaria del programa DACA, que protege de la deportación a personas indocumentadas que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad.
“Yo no he cometido ningún crimen, mi único delito es ser mexicana y vivir en un país que no es el mío”, explicó, “pero si me mandan a mi país, me tocó (…) si nos toca irnos, a mis hijos y a mí, pues nos vamos a ir”. El futuro programa DACA pende de un hilo, ya que Trump intentó acabarlo en su primer mandato (2017-2021) y su legalidad está aún siendo debatida en los juzgados.
Rosa (quien pidió ocultar su nombre real), salvadoreña y dueña de un pequeño negocio en Colony Ridge, subrayó que las deportaciones no afectarán solo a los latinos, sino al país entero. “El trabajo que hace el hispano no lo hacen los gringos. No limpian, no preparan comidas en restaurantes. Ellos están criticando a los indocumentados, pero ¿qué van a hacer cuando se vayan?”.