El mayor temor de un dreamer es que cancelen el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), dice Alba, una hondureña de 25 años que vive en Miami, en el estado de Florida, Estados Unidos, y es beneficiaria del programa. Aunque DACA continúa vigente, apoyando a miles de jóvenes migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños y niñas, su continuidad, ya amenazada desde hace varios años, se enfrenta a la segunda administración del presidente Donald Trump, marcada por sus agresivas políticas antiinmigrantes.
Alba renovó recientemente su permiso de trabajo, el cual es debe actualizar cada dos años desde que tiene 17 años, ya que es una de las condiciones que debe cumplir como beneficiaria de DACA, cuyos beneficiarios son conocidos popularmente como dreamers. Ahora, la joven teme que el programa no se renueve en el futuro.
“Con todo lo que está pasando en el Gobierno, ahora nunca se sabe lo que va a pasar. Primero decían que iban a deportar sólo a los delincuentes, pero ahora están deportando a todo mundo. La verdad, me da mucho miedo. Si yo no tuviera DACA, yo no podría hacer nada en este país. Hay muchos jóvenes que se benefician por DACA. Si no existiera, miles de jóvenes de la edad mía no pudieran trabajar, ni ayudar a sus padres a salir adelante”, señala.
Originaria de Tegucigalpa, Honduras, llegó a suelo norteamericano con sus padres en 2004 cuando apenas tenía 4 años de edad. Su familia decidió irse de su país debido a la violencia de las pandillas y la pobreza de donde vivían. No recuerda nada de su país de origen y el único lugar que reconoce como su casa es Estados Unidos.
“Uno viene aquí desde pequeño y no sabe cómo es su hogar. Que me puedan quitar este lugar, donde he vivido toda mi vida, es muy duro”, continúa.
Alba asegura que todo lo que ha logrado académica y laboralmente, ha sido gracias a DACA. Pues, otros de los beneficios del programa, además del permiso de trabajo, es el acceso a la matrícula escolar pública, becas escolares, seguro social y otros programas sociales, en dependencia de las leyes de cada estado.
Con el apoyo del programa, Alba consiguió una acreditación en cuidados infantiles y actualmente trabaja como cuidadora y maestra en una guardería. Además de hablar español e inglés, está aprendiendo un tercer idioma, el portugués.
“Yo aquí trabajo. Estudié aquí. Mis papás fueron muy luchadores y me pudieron dar estudios. A mis 25 años tengo mi propio carro, que lo conseguí con mi trabajo y que me permite apoyar económicamente a mi familia”, relata.
DACA amenazado desde la primera era de Trump
En la actualidad hay 530 110 personas destinatarias activas de DACA, de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Este programa inició en 2012 bajo la administración del expresidente Barack Obama, para ofrecer la posibilidad de trabajar y estudiar a jóvenes que llegaron a Estados Unidos durante su infancia.
Durante el primer mandato de Trump en 2016, intentó clausurar el programa. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que no se habían proporcionado suficientes explicaciones razonadas para cerrarlo. Desde entonces, otros estados han realizado sus propias demandas para intentar clausurar nuevamente.
En 2022, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas estableció la prohibición de otorgar nuevas peticiones de DACA, por considerarlo como “ilegal”. Ahora solo se permite la renovación de solicitudes de las personas receptoras de antes de esa fecha, según Uscis.
Por su parte, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito del estado de Texas declaró el programa inconstitucional el pasado 17 de enero, reafirmando la sentencia de 2022. No obstante, la decisión fue apelada y es posible que el caso vuelva a ser llevado a la Corte Suprema, de acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes.
Mientras la Corte Suprema no establezca la clausura del programa, las personas receptoras no perderán sus beneficios, indica Kelly Morales, codirectora de Siembra NC, organización defensora de personas migrantes.
Aunque las mismas organizaciones denuncian que la prohibición de nuevas solicitudes de DACA excluye a miles de jóvenes que no lograron completar el proceso, y que ahora no tienen acceso a las ventajas del programa, como trabajar legalmente, contar con un servicio de salud e incluso matricularse en algunas universidades.
“Eso va a demorar años en que llegue a la Corte y se tome una decisión. Hay cierto alivio porque hasta ahora, no se ha tocado el DACA en los decretos de Trump. Tal vez están tratando de no ser tan agresivos con las protecciones temporales. Creemos que intentar conservar la narrativa que solo quieren deportar a los criminales, aunque sabemos que no es cierto”, expresa.
“Como latinos no podemos pensar que un grupo de nosotros estamos seguros y otro no. Lo que nos está demostrando este Gobierno es que va contra todos. El hecho de que hizo una orden ejecutiva para que la gente que nazca aquí no tenga ciudadanía, demuestra que no solo no quiere a los migrantes irregulares, simplemente no quiere a las familias migrantes”, continúa Morales.
Cierre de otros programas preocupa a dreamers
En el primer mes de administración de Trump, el Congreso de la Florida aprobó la Ley Tackling and Reforming Unlawful Migration Policy, conocida como Trump ActI, que elimina el derecho de niños y jóvenes con DACA a la matrícula estatal en instituciones de educación. Si bien la ley todavía debe de ser aprobada por el gobernador Ron DeSantis, existe la posibilidad de que pueda tener vía libre a su vigencia.
Además, el cierre de otros programas que ofrecían permanencia temporal a personas migrantes ha sido otra de las razones por las que las personas con DACA temen que el programa sea cerrado. Durante la primera semana de administración de Trump, ordenó la clausura del Estatus de Protección Temporal (TPS) del que eran beneficiarias miles de personas venezolanas, y el cierre del programa parole humanitario que beneficiaba a venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses.
El pasado 19 de febrero, la cadena de noticias CBS News, reveló que Trump ordenó poner en pausa indefinida los procesos migratorios que habían iniciado personas con parole, es decir, solicitudes de asilo político, residencia vía petición familiar u otra modalidad que les permita una residencia legal.
Se estima que alrededor de medio millón de personas ingresaron a Estados Unidos gracias al parole humanitario entre 2023 y finales de 2024, entre ellos, más de 90 000 nicaragüenses. Según la argumentación de la administración de Trump, la pausa de los procesos migratorios de las personas con parole se debe a sospechas de fraude en sus solicitudes.