Lucía sabe que al lugar donde vive no puede llamarlo hogar. Es un apartamento de unos 60 metros cuadrados, de paredes blancas agrietadas, con una sala convertida en dormitorio y otras dos habitaciones en las que ocho personas, principalmente mujeres, se acomodan en estos días de invierno en Madrid. En esta vivienda, ubicada en el sexto piso de un edificio del barrio de Carabanchel, todas comparten algo: son inmigrantes en situación irregular que viven en un limbo legal. Hay cuatro nicaragüenses, tres colombianos, dos salvadoreños y una hondureña.
La razón por la que está en esta vivienda es que ha sido el único lugar donde les han alquilado un espacio para dormir. Las cuatro mujeres nicaragüenses, que llegan los fines de semana, duermen en dos camas unipersonales. No tienen siquiera una cómoda donde guardar la ropa, ni les permiten usar la cocina. Han vivido marginadas desde que, hace un par de años, el Ministerio del Interior de España les negó su solicitud de asilo, pese a presentar pruebas de que sus vidas corrían peligro en la Nicaragua gobernada por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Con la denegación de sus casos, se quedaron sin el permiso de residencia que les permitía trabajar en puestos medianamente dignos. Las otras cuatro personas del apartamento se encuentran en la misma situación.
No tienen documentos. Viven y trabajan en condiciones precarias. Pero pronto podrían salir de las sombras. Un proceso de regularización masiva impulsado por el Gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez beneficiará, según estimaciones oficiales, a más de medio millón de personas.
Más de 42 000 son de origen nicaragüense, aunque se desconoce el número de cuántos son mujeres. Muchas de ellas llegaron a distintas ciudades españolas tras las protestas cívicas de 2018, que desencadenaron la mayor crisis sociopolítica en Nicaragua desde 1990, año del retorno a la democracia.
Tercer país destino de nicaragüenses
España es el tercer país del mundo con mayor número de nicaragüenses en la diáspora, después de Costa Rica y Estados Unidos. Y la regularización extraordinaria —la séptima desde 1986— se produce en un contexto en el que muchas naciones endurecen sus políticas migratorias.
Doña Alicia, de 56 años, migró por segunda vez hace tres años, desde San José a Madrid. Estaba en una habitación de hospital cuidando a una mujer de su misma edad cuando escuchó en el noticiero el anuncio del Gobierno. Desde 2023 trabaja, pero no cotiza en la Seguridad Social. Acepta horarios extenuantes porque, según dice, “no le queda de otra”. Lo cuenta con resignación, de camino al consulado de Nicaragua en Madrid, adonde se dirige para gestionar la documentación que necesitará para su solicitud.
Hace frío en Madrid. Son las 7:30 de la mañana y aún no han salido los primeros rayos del sol. En la estación de Arturo Soria, al norte de la capital, donde se ha bajado para ir a la delegación nicaragüense, cuenta lo difícil que fue pedir permiso para hacer sus gestiones. “Me dieron la mañana para hacer los trámites para venir a la embajada”, murmura. Le ha pedido a su empleadora que la contrate para acceder a una residencia por arraigo social —un procedimiento que depende de un contrato—, pero esta no ha querido.
No ha buscado otra opción laboral porque considera que le será difícil encontrarla. Acepta un trabajo por el que le pagan fuera de la ley apenas 1180 euros por jornadas que a veces superan las 12 horas y por el que solo le permiten descansar los domingos, saliendo los sábados por la noche.
Alicias hay muchas en Madrid y Barcelona. Todas reciben con entusiasmo la intención del Gobierno de regularizarlas, aunque reconocen que no será sencillo. La expectativa nace de algo concreto: podrán acceder a prestaciones sociales que hoy no tienen por estar en la informalidad, como el derecho a las prestaciones por desempleo y la cotización para la jubilación.
Y cuando dicen que no será fácil no hablan solo de trámites. Muchas son víctimas de la represión del régimen orteguista y temen que el consulado en Madrid no les expida el certificado de antecedentes penales. Sin ese documento, exigido por España, la regularización se vuelve incierta. Alicia corrió con la suerte de que su trámite fuera aceptado.
Cristina, de 35 años y enfermera de profesión, estuvo en uno de los tranques en Ticuantepe, Masaya, protestando contra el régimen entre abril y mayo de 2018. En septiembre de ese mismo año empezó a recibir amenazas de muerte y decidió emigrar a España. Se asentó en Mataró, un municipio situado a 31 kilómetros de Barcelona, donde ha trabajado en el sector restaurantero.
“Es lo más agotador que he vivido. Hubo un verano en el que me tocó trabajar 16 horas. Acepté para que no me despidieran por decir que no”, dice desde un parque de Barcelona, donde ahora vive. Se mudó porque hace dos meses encontró un trabajo como cuidadora de una anciana con mejores condiciones laborales.
“Son buena gente, empatizan con los nicaragüenses, me pagan un buen salario y me dan mis descansos correspondientes”, explica. Antes de que se anunciara la regularización, sus empleadores ya pensaban hacerle un contrato para que pudiera ser sujeto de derechos. Incluso le permiten quedarse a dormir cuando tiene días libres, por lo que no tiene que pagar grandes sumas de dinero por una habitación.
Carmen y Sandra son dos nicaragüenses que comparten una cama en una habitación del barrio madrileño de Carabanchel, al sur de la capital, por la que pagan 500 euros (unos 589 dólares). En verano el aire se vuelve irrespirable y pasan los días como si estuvieran dentro de una caldera; en invierno duermen con varias capas de ropa, como si vivieran en una congeladora.
“Parecemos lechugas (ríe). Realmente estamos a la intemperie”, se quejan. Su arrendador se niega a instalar aire acondicionado y a encender la calefacción. Ambas tienen 28 años y se conocieron en un grupo de WhatsApp de nicas en Madrid.
“Cuando leí la noticia me dije: por fin podemos salir de las sombras”, dice Carmen. Aunque en España no hay redadas migratorias, la informalidad las margina y las expone a distintas formas de violencia. Para ellas, salir de las sombras significa cotizar, alquilar una habitación sin limitaciones y acceder a derechos como cualquier trabajador. Y, quizá lo más importante, poder retomar sus estudios y luchar por lo que un día quisieron ser allá: una médica y la otra ingeniera.