“Estamos en tiempo de tormentas”, dice el padre Pat Murphy, director de la Casa del Migrante, en Tijuana, México. Esa fundación, impactada directamente por el presidente Donald Trump al suspender los fondos de USAID, entrega alojamiento, alimentación, educación y asesoría a miles de personas que llegan hasta la frontera con Estados Unidos en pos del sueño americano. “No podemos quedarnos de brazos cruzados, estamos ya buscando recursos”, dice.
“Tenemos que olvidarnos de los fondos USAID”, advierte Patricia Mercado, directora de la fundación mexicana Conexión Migrante. Su organización, una mezcla de medio de comunicación y plataforma de ayuda, también enfrenta graves problemas. “Era primera vez que lográbamos fondos de USAID, habíamos contratado gente sólo hace 20 días atrás. Nos llaman y nos dicen: ‘A partir de hoy, no hay nada’. Fue terrible”, agrega Mercado.
La periodista además explica que las organizaciones “de primer piso”, es decir las que trabajan directamente con los migrantes, son las más impactadas con la medida. “Tijuana está muy afectado. Chiapas está muy afectado. Hay organizaciones aquí en la Ciudad de México que están afectadas. Algunas cerrarán, otras resistirán y harán lo posible por sostenerse. ¿A dónde lleva todo esto? A que los migrantes no van a recibir la ayuda”, sostiene Mercado.
Hay muchos casos. Para dar solo dos ejemplos, el Centro Scalabrini de Formación para Migrantes (Cesfom) de Tijuana, dio cursos gratuitos para 1.200 personas en 2024, pero este año verá sus recursos reducidos en 75%. Y Casa Frida, que apoya a la población LGBTI desplazada, vio suspendido el 60% de su financiamiento. “Sabemos que, hablando de población LGBTI y movilidad humana, es difícil que después de 90 días los recuperemos (los fondos)”, dijo en un artículo de RFI Mariana de la Cruz, una de las encargadas del refugio, ubicado en Ciudad de México.
Por su parte, los gobiernos de corte izquierdista, que siempre consideraron a Usaid un brazo del imperialismo, celebran la medida de Trump. El Gobierno mexicano no sólo no ha mostrado mayor preocupación, sino que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en febrero: “Tiene tantas cosas la Usaid que, la verdad, sí es mejor que la cierren y que, en todo caso, si va a haber ayuda de distinto tipo, que abran otro tipo de canales que sean transparentes, que ese es el tema, ese es el gran tema”.
Sheinbaum sigue la línea de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, tradicional opositor a la ayuda financiera proveniente de Estados Unidos, a la que acusaba de financiar a sus opositores y a medios de comunicación críticos.
En Venezuela, el ministro Diosdado Cabello aseguró que el régimen está investigando a oenegés que recibieron fondos de Usaid y que esa información “le va a servir hasta al Gobierno de los Estados Unidos” en su plan para desmantelar la agencia. Así, la contradicción es completa: paradójicamente, políticos de izquierda celebran la decisión del ultraderechista Trump, pero este considera que Usaid “está dirigida por un puñado de lunáticos radicales y los estamos echando”.
Mientras tanto, organizaciones como Save The Children luchan por seguir atendiendo a la población más vulnerable. “Entre 8 y 12 millones de personas que reciben ayuda de la organización se verán afectadas, en un momento en que uno de cada 11 niños, niñas y adolescentes del mundo necesita ayuda humanitaria”, comunicó esa oenegé. Save the Children verá afectados fuertemente, por ejemplo, sus programas en Perú.
Lo mismo ha dicho Unicef, la organización de la ONU para la infancia, aunque sin nombrar directamente a Donald Trump. “Unicef implora a todos los donantes que continúen financiando los programas de ayuda más cruciales para los niños y las niñas del mundo. No podemos fallarles ahora”, publicó en un comunicado su directora ejecutiva, Catherine Russell.
Impacto continental
En Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador, a la suspensión de estos fondos, parte de los cuales iban a programas de migrantes, se suman los cierres de las oficinas de Movilidad Segura, que trabajaban por disminuir la mortalidad en la ruta, uno de los factores más importantes de decesos en la región.
En los últimos cuatro años —durante la administración Biden— Guatemala había recibido 690 millones de dólares. Uno de los proyectos beneficiados (con 6 millones de dólares hasta febrero) era el de “Protección a víctimas de Trata de Personas y Niñez Migrante no acompañada”. Otro, de “Respuesta Integrada sobre Migración en Centroamérica”, tenía fondos comprometidos por 33,7 millones de dólares para ejecutar desde 2020 a febrero de este año.
Algunos expertos confían en que a Guatemala van a retornar esos fondos, sobre todo los enfocados en contener la migración. Pero esto significará muy posiblemente que ese país deba aceptar nuevas condiciones más duras para recibir, tanto deportados de su propio país, como de otras naciones.
La periodista Mariela Castañón explica que “luego de la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en febrero, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, aceptó la recepción de migrantes de otras nacionalidades, deportados de Estados Unidos”.
Lo mismo ha ocurrido en Costa Rica y en Panamá. En ese último país se han hecho famosas las imágenes del hotel Decápolis, lleno de migrantes que piden ayuda mediante carteles en las ventanas. La mayoría provienen de Asia. Después de tenerlos en el hotel, el Gobierno los traslada a un refugio en la entrada de la selva del Darién. Todo ello en medio de las amenazas de Donald Trump de “recuperar” el control del Canal, la principal fuente de ingresos de Panamá.
La migración de retorno
La organización Fe y Alegría es testigo del retorno forzado. Elías Cornejo, coordinador de su servicio de migración, explica que a comienzos de marzo más de dos mil personas ya estaban en el Darién con dirección hacia el sur del continente. “Creemos que esto va a aumentar. Ya hay un acuerdo entre Panamá y Costa Rica para que pasen desde ese país directamente hacia el Darién”, explicó.
Eso sí, Cornejo agrega que, aunque ha bajado el flujo de migrantes por el Darién hacia el norte, este no ha desaparecido. “Han entrado 2.600 personas en estos primeros dos meses del año. Es una baja muy pronunciada, pero siguen llegando personas de Venezuela, Colombia, Ecuador, África y Asia. Aunque el flujo que viene creciendo es el inverso”.
Roy Arias, del Servicio Jesuita Migrante en Costa Rica, tiene la misma percepción. “La migración inversa, de norte a sur, de venezolanos, colombianos y ecuatorianos con rumbo a Sudamérica, está creciendo. Vemos alrededor de 100 personas por día”. Arias trabaja en el distrito de Canoas, en la frontera de Costa Rica con Panamá.
A esto se agregan las personas deportadas desde Estados Unidos que ha recibido el gobierno costarricense. “Llegaron dos vuelos con aproximadamente 200 personas de más de 15 países de África y Asia. Están en este momento recluidas en el Catem, el centro de atención a migrantes del Gobierno de Costa Rica. No tenemos muy claro cuáles son los acuerdos entre el Gobierno de Estados Unidos y la administración de Rodrigo Chaves. Entonces no sabemos si es posible que vengan más vuelos. La situación de estas personas es realmente preocupante”, relata Arias.
El rol de USAID en el apoyo a las migraciones
Colombia, primer destino sudamericano de los migrantes que retornan, también es el país más golpeado por el congelamiento de fondos de USAID. En 2024 esa nación recibió 447 millones de dólares de la agencia estatal, la mayor cifra del continente.
La periodista colombiana Estefanía Colmenares explica que la mayor parte de esos fondos van a programas humanitarios, como los de la población migrante. Colombia ha acogido la mayor parte de la diáspora venezolana. “En Cúcuta, por ejemplo (donde vive Colmenares), el 27% de la población es migrante originaria de Venezuela. Su llegada genera presión en áreas como salud y educación. En ese contexto la cooperación internacional, principalmente de USAID, jugaba un rol muy importante. En Norte de Santander ya se cerraron el 70% de las fundaciones que atendían en la llamada Ruta del Caminante. De 26 organizaciones, quedan 8”, informa.
Para Murphy, el sacerdote estadounidense de la Casa del Migrante, la política de Trump “es horrible, un insulto. Cada vez que habla Trump, me dan ganas de vomitar”. A esto agrega que las medidas terminarán por perjudicar a los propios Estados Unidos. “Si se van los migrantes, quién va a hacer el trabajo que nadie quiere hacer”, se pregunta. Y mientras tanto, algunos comienzan a sentir nostalgia por mecanismos como la USAID, que a pesar de las críticas, muchas de ellas válidas en su momento, resultan claramente preferibles al gran garrote que ahora esgrime Donald Trump en la región.