La sanción impuesta por Estados Unidos al general Julio César Avilés activa un cronómetro regresivo a los militares para resolver su encrucijada: ¿El Ejército va a atar su destino a la suerte que corra el régimen de Ortega o va a salvaguardar su destino? El cuerpo militar, cuestionado por su cercanía con el caudillo sandinista y violaciones a los derechos humanos, tiene un papel que asumir en la eventual transición política: desarmar a los grupos parapoliciales
MANAGUA, NICARAGUA–. El Ejército de Nicaragua tiene una bomba de tiempo incrustada en su seno: El general Julio César Avilés. El 22 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Avilés en su calidad de jefe de la institución militar. Washington lo señala de estar “alineado políticamente” con el presidente Daniel Ortega, y por negarse a desmantelar los grupos paramilitares afines al régimen. La sanción era percibida como poco probable, si se toma en cuenta que el Ejército ha tratado de mantener “distancia pública” de la brutal represión desatada contra la ciudadanía en 2018. Sin embargo, en la práctica, las omisiones y varios casos de violaciones a los derechos humanos atribuidos a los militares, sitúan en una encrucijada a la institución castrense. ¿El Ejército va a atar su destino a la suerte que corra el cuestionado régimen de Ortega?
Las sanciones fueron en calidad personal para el general Avilés, un militar al que Ortega ha prorrogado en tres ocasiones en el cargo, y quien ha puesto en entredicho la naturaleza “apolítica” que la alta comandancia dice profesar. Avilés ha impuesto la bandera partidaria del Frente Sandinista a la del Ejército, y bajo su égida se ha entorpecido la sucesión militar. Un acto simbólico y otro práctico que evidencian la alineación de la jefatura castrense a los designios del Ejecutivo. Las sanciones son interpretadas por expertos como una advertencia inmediata a la comandancia del Ejército. Si siguen alineados con Ortega, la próxima sanción podría ser para la institución como tal, al igual que ocurrió con la Policía. Y el Ejército tiene bastante que perder.
Los militares son dueños de un entramado económico que podría verse afectado duramente por una eventual sanción institucional. Los uniformados cotizan en la bolsa de valores norteamericana y sus negocios son fructíferos. Pero una sanción institucional también afectaría el peso que el Ejército, sin duda, juega en el ajedrez de la política nacional. En el papel que los militares puedan asumir en una eventual transición política, en especial para desarmar los grupos paramilitares, pese a que actualmente no los reconocen. Este dilema todavía no se conoce con claridad, ya que la alta comandancia del Ejército reaccionó escuetamente a la sanción de Avilés al catalogarla como “injerencista”.
Sin embargo, la comandancia no aportó pruebas que contradiga los cuestionamientos de Estados Unidos de porqué no ha desarmado a los grupos paramilitares o parapoliciales. Ni mucho menos rebate el delicado señalamiento de la OFAC de que el Ejército proporcionó armas a estos grupos irregulares.
Fuentes militares sostienen que algunos generales pidieron, tras la sanción de Avilés, “distanciarse” de Ortega, pero hasta ahora eso no sucede. Hay una discusión entre los militares que creen que el Ejército debe conservar su profesionalismo, y alejarse del sino político y venenoso que implica el comandante Ortega. Algo que puede consumir a la institución, y que se siente en la percepción pública desde hace más de un año.
Antes de la crisis de 2018, el Ejército era una de las instituciones más confiables para la ciudadanía. Pero esa credibilidad se ha derrumbado dado a su omisión y apego al discurso del régimen de Ortega. Tras la crisis sociopolítica, el Latinobarómetro registró que sólo un 22% de la población cree en la institución. Su momento más bajo en la historia. Aunque las relaciones públicas de la institución militar tratan de hacer frente al descrédito, lo cierto es que hasta ahora las explicaciones sobre su carácter pro Ortega y los señalamientos de violaciones a los derechos humanos no han podido ser desmontados con hechos. En cambio, algunos altos militares solo dan discursos y retóricas coléricas en el mismo tono del verbo oficial del gobierno.
Ante esa disyuntiva del desmoronamiento de su capital de credibilidad, los expertos en seguridad creen que a los militares nicaragüenses les pesa mucho su origen en el Ejército Popular Sandinista. Según sus críticos, un cuerpo que fue profesionalizado, pero que en la actualidad está en el espejo de la involución, pese a que sus generales intenten matizarlo inútilmente.
La omisión de no desarmar a los paramilitares es uno de los últimos temas controvertidos del Ejército. Aunque han desatendido su obligación constitucional en este sentido, el plegarse subrepticiamente al gobierno de Ortega le ha acarreado una serie de señalamientos de violaciones a los derechos humanos en la zona norte del país, en específico en el llamado “Corredor de la Contra”.
Antes de 2018, los campesinos han denunciado ejecuciones a manos de militares, como el sonado caso de la “mochila bomba de Pantasma” o el de Elea Valle. La mujer campesina sostiene que los militares asesinaron a cuatro de sus familiares, entre ellos su hijo y su hija. Ambos fueron golpeados con brutalidad y la adolescente fue violada.
Tras la represión nacional desatada a partir de abril de 2018, las ejecuciones selectivas en el campo se volvieron una nueva modalidad para liquidar opositores, de acuerdo a organismos de derechos humanos. Como perpetradores son señalados la Policía Nacional y grupos paramilitares, pero algunos campesinos vinculan al Ejército. En 2019, ocurrieron 101 ataques de este tipo en las zonas rurales y se estima un número de 120 víctimas fatales. El dato es proporcionado por la experta en seguridad Elvira Cuadra, una de las investigadoras más acuciosas en Nicaragua. El Ejército ha marcado distancia de estas ejecuciones en el campo y deslinda su responsabilidad, pero los campesinos advierten que hay coordinación de varios cuerpos armados --legales e ilegales-- desde el Estado para “cazarlos” por razones políticas.
Por ahora, el Ejército de Nicaragua tiene abiertos varios flancos de cuestionamientos. Pero el más imperioso es el que se abrió el 22 de mayo, y que instaló en su seno la bomba de tiempo llamada Julio César Avilés. La pregunta que rezuma en Nicaragua --en especial entre los generales, de acuerdos a fuentes castrenses-- es que si podrán distanciarse de Ortega. Romper el ombligo umbilical que los une a El Carmen, residencia oficial del caudillo sandinista, para salvaguardar su destino. El tiempo lo dirá, y el tiempo no para en el cronómetro regresivo que el general Avilés lleva como insignia en su casaca verde olivo.