El expresidente Manuel Zelaya le abrió las puertas de los cuarteles a los militares para ingresar a áreas civiles. Pronto, los soldados le pagaron con un golpe de Estado en 2009. Desde entonces, los militares catrachos se han erigido como “aliados incondicionales” de los gobiernos de turno. Los generales ocupan grandes puestos en el gobierno, les aumentan los presupuestos, al mismo tiempo que crecen las denuncias de violaciones a los derechos humanos contra ellos

LuisSas
Por Thelma Mejía
@thelma_mejia

TEGUCIGALPA, HONDURAS–. En el 2007, en el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales, los militares abandonaron las barracas para incursionar de nuevo a la palestra pública del poder político en Honduras, luego que el entonces mandatario les designara la administración de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como parte de una junta interventora para rescatarla del descalabro económico del que aún no se recupera. El rescate de la estatal eléctrica ha sido el talón de Aquiles de las últimas administraciones gubernamentales.

De la mano de Zelaya, los militares empezaron a tener un inusual rol protagónico al otorgarles funciones propias del ámbito de lo civil, hasta que el 28 de junio de 2009, los uniformados traicionarían la confianza del gobernante con un golpe de Estado. De esa época a la actual, su poder detrás del trono llegó para quedarse.

Hoy son actores claves de las decisiones políticas. Ningún gobernante da un paso sin consultarles o tomarlos en cuenta, mientras ellos no dudan en recordar que son el “equilibrio” del poder y los “garantes” en su alternabilidad, pues tienen la función constitucional de la custodia de las urnas en época electoral, cada cuatro años.

Atrás quedó el proceso de desmilitarización de la sociedad iniciada en los años noventa del siglo pasado. El golpe de Estado tumbó ese proceso y ahora ellos, sin estar al mando directo de la Nación, gobiernan tras el trono como lo fue desde la década de los ochenta.

Tras el golpe, aliados incondicionales

Tras el golpe de Estado, los gobiernos del Partido Nacional, al frente del ex presidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014- a la fecha), han hecho de los militares sus aliados incondicionales para gobernar, en especial con las políticas de mano dura en materia de seguridad y defensa.

Militares activos y en retiro están al frente de puestos claves como la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa, las llamadas Zonas Exclusivas de Desarrollo Económico (ZEDES, un cuestionado y fracasado proyecto que busca crear soberanía paralela dentro del territorio con su propias reglas de gobernanza), una Subsecretaría de Estado en la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Cooperación Internacional. También, son interventores en universidades públicas, manejan la administración de proyectos hidroeléctricos, de las cárceles del país, entre otros puestos públicos de la administración civil. Hoy copan más de una veintena de cargos como ministros, directores, asesores y hasta consejeros técnicos en materia laboral en la Secretaría del Trabajo. La última determinación fue entregarles millonarios recursos para el manejo de la producción agrícola en el país.

Esa preponderancia ha sido más evidente en la administración del presidente Juan Orlando Hernández, quien asumió un segundo mandato en una cuestionada reelección presidencial, precedida de fuertes escándalos de corrupción y narcotráfico, al grado que uno de sus hermanos, el ex diputado Antonio “Tony Hernández”, ha sido condenado por narcotráfico en Estados Unidos y se le asocia con el poderoso cartel mexicano de Sinaloa que lideraba Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Incluso, hoy el presidente hondureño es “objeto de interés” de la Fiscalía de Nueva York, Estados Unidos, a medida que surgen nuevos relatos sobre los tentáculos de la narcoactividad en el país, la política, el financiamiento de campañas y la penetración en la institucionalidad.

Agencia EFE/Gustavo Amador

“Garantes de la seguridad y el poder”

El desgaste de las elites políticas, en especial los partidos políticos (84% de desconfianza según sondeo del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de los jesuitas de 2019) ha permitido a los militares ser garantes de una sensación de “seguridad y poder” para gobiernos débiles y con fuerte impugnación social como el del actual presidente Hernández.

Ese poder se traduce en los aumentos presupuestarios, donde las Secretarías de Seguridad y Defensa, ostentan asignaciones presupuestarias más grandes que la de los operadores de justicia como es el Poder Judicial y el Ministerio Público, por citar un ejemplo.

Para el 2020, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad es de $265,132.750.56 millones, el de la Secretaría de Defensa $341,436.099.23 millones, mientras el del Poder Judicial es de $120,523.643.69 millones y el del Ministerio Público de $90,214.236.84 millones.

Esos abultados presupuestos les han permitido aplicar, en total opacidad, su política de mano dura y remilitarización de la sociedad, pues se activaron leyes de protección como la del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos, conocida popularmente como la Ley de Secretos, que impide, entre otras acciones, conocer al detalle el destino de los fondos públicos administrados por los hombres de uniforme. A ello se suma la Ley de Seguridad Poblacional o “tasón de seguridad” mediante el cual el hondureño paga un impuesto destinado a la seguridad y obras de prevención, pero su destino ha sido declarado secreto por la sala constitucional del poder judicial.

Crecen señalamientos de violaciones a derechos humanos

Esas prerrogativas y ascenso en las actividades de la administración pública, comienzan a pasar factura a los militares, al crecer las denuncias de abuso y violaciones de derechos humanos. En las elecciones de 2017, con el cuestionado triunfo reeleccionista de Hernández, informes de derechos humanos y del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, los sindican en la muerte de al menos 21 hondureños durante las protestas durante y posterior a los comicios.

El Ministerio Público ha entablado las primeras acusaciones por esos y otros hechos, ha logrado, hasta ahora, la condena de 16 militares y 11 policías por delitos y violaciones humanitarias, pero ha denunciado la hostilidad de los uniformados por ser llevados a los tribunales. En el caso de los militares, las principales acusaciones recaen en la Policía Militar de Orden Público (PMOP), una nueva rama creada por el presidente Hernández, que hace las funciones de una especie de “guardia pretoriana” a su servicio incondicional.

Estas acciones han llevado a que sus niveles de confianza caigan, según revela un sondeo del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la estatal universidad nacional. La desconfianza es del 67.8% según la encuesta efectuada a fines de 2019. Pero hoy, por hoy, ellos son la carta de “garantía” de poder para una cuestionada elite política que pende también de otro aliado estratégico: la influencia de Washington que se refleja también en el poder militar.

*Thelma Mejía, es periodista hondureña e investigadora asociada del Centro Documentación de Honduras, CEDOH, y de Siencomunicaciones, columnista y corresponsal de la agencia de noticias IPS. Actualmente es coordinadora de información del noticiero TN5 estelar de la Corporación Televicentro.
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