La última ofensiva del Ministerio del Interior (MINT) contra las organizaciones de la sociedad civil, es una muestra del desprecio que tiene el régimen por el espacio cívico, comunitario y las poblaciones vulnerables que se beneficiaban del trabajo de estos organismos humanitarios, como son la niñez y las mujeres, señala la socióloga y defensora de derechos humanos, María Teresa Blandón.
A través de la cancelación de la personería jurídica de cuatro organizaciones civiles y la disolución voluntaria de 11 organizaciones más, aprobadas por la ministra del MINT, María Amelia Coronel Kinloch, sumaron 15 organismos los clausurados el pasado 8 de enero, lo que se y se unen a la lista de más de 5600 organizaciones cerradas desde 2018.
Entre estas está la organización benéfica Save The Children Internacional, la cual trabajaba en el país desde 1980 y beneficiaba anualmente a más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes nicaragüenses en el área de nutrición, salud y educación, de acuerdo a sus informes.
Esta organización laboraba principalmente en zonas marginadas con poco acceso a servicios básicos y prevalecía la desnutrición infantil, como las comunidades rurales de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe y en departamentos del Occidente y centro del país.
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Save The Children trabajaba con el Minsa y Mined
También colaboraba con el Ministerio de Salud (Minsa) para mejorar el acceso a vacunas, vitaminas y atención médica a los menores; y el Ministerio de Educación (Mined) en proyectos para la mejora de infraestructura de centros educativos, la donación de útiles escolares y el otorgamiento de becas; así como otras instituciones del Estado.
Además, trabajaba en la prevención de la violencia infantil y promoción de los derechos de la niñez con otras organizaciones de la sociedad civil; y tuvo un papel importante en Nicaragua y otros países para que asumiera los compromisos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
El cierre de un organismo de tan alta cobertura e impacto para el país aumentará la desprotección a la población infantil, la desigualdad y la pobreza, asevera Blandón; y dejará a la niñez vulnerable a la desnutrición infantil, ya que era una de las principales problemáticas que Save The Children Internacional atendía.
“El Estado, ni antes, ni ahora, ha tenido la capacidad, ni la voluntad política para resolver las múltiples y crecientes necesidades que tienen nuestras sociedades”, señala. “En las zonas más alejadas, el problema de la desnutrición infantil es cada vez más acuciante. Y el Estado no tiene una política pública para afrontar el tema de la desnutrición, aunque digan lo contrario, no hay una política que esté encaminada a esa dirección”, advierte Blandón.
Minsa oculta datos de desnutrición infantil
A partir de 2024, el Minsa optó por una política de ocultamiento y manipulación de datos sobre la desnutrición infantil aguda en los comunicados del Plan Especial de Seguimiento a la Nutrición de Niños, dejando de referirse a los niños con estos síntomas como “niños desnutridos” a llamarlos “niños atendidos en mejora nutricional”.
Hasta antes de 2020, Save The Children también publicaba sus propios reportes de la cantidad de menores que atendían con estos síntomas. Sin embargo, después de esta fecha, estos informes cesaron.
La clausura de esta organización y de otras que difundían información, también tiene el objetivo de silenciar voces independientes que evidencian la opacidad y falta de veracidad de la información que comparte el régimen Ortega-Murillo, señala Blandón
“El cierre de organismos como este tiene como propósito silenciar voces calificadas que vienen de la sociedad civil y que hacen monitoreo de los programas de salud. El régimen intenta ocultar información alternativa, que vaya contrastando lo que dice el Estado, que es información cada vez menos fiable de la poca que da”, explica.
Mujeres se quedarán sin atención médica
Entre las organizaciones cuya personería jurídica fue cancelada se encuentra también la Asociación Servicios Integrales para la Mujer (SI Mujer), una de las pocas organizaciones feministas que aún sobrevivían en el país, aunque durante los dos últimos años su funcionamiento había disminuido.
Una trabajadora de esta organización expresó de forma anónima que la dictadura Ortega-Murillo cerró “el centro que fundamos hace 33 años y 76 000 mujeres diferentes quedaron sin atención desde julio de 2022. Ahora se llevan el resto de lo construido con tanto esfuerzo”.
SI Mujer era una clínica que brindaba atención médica en ginecología y obstetricia, con un enfoque de derechos sexuales y reproductivos, y se centraba en la prevención de la morbilidad materna, el contagio del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.
La asociación atendía principalmente a mujeres de escasos recursos, y les otorgaba atención especializada, en especial a aquellas que tenían embarazos de alto riesgo. Al igual que otras organizaciones que generaban información, esta realizaba investigaciones sobre el tema de la mortalidad materna.
La directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), Ana Quirós, expone que la liquidación de esta clínica golpeará duramente a la calidad de vida de las mujeres que eran benefactoras de sus servicios.
“Las mujeres, en especial las de poco recursos, ahora se verán forzadas a someterse a los designios de las autoridades gubernamentales, que muchas veces condicionan la atención en salud a fidelidades con el partido y a simpatías políticas. Muchas veces hasta les piden que cuenten con cartas de respaldo del partido de Gobierno para que sean atendidas, lo cual es inconstitucional y fuera de lugar”, expresa.
Por su parte, la socióloga María Teresa Blandón, señala que el cierre de esta organización y de otras organizaciones de mujeres que ofrecían de manera accesible atención médica en salud sexual y reproductiva, ocurre en un momento en el que los programas del Estado sobre esta materia están profundamente debilitados. Muchas de las organizaciones que trabajaban este tema y que han sido cerradas por el régimen, atendían en comunidades y zonas donde el Minsa no tenía presencia.
“La salud con un claro enfoque de salud sexual y reproductiva es una urgencia enorme en un país donde los programas de salud sexual y reproductiva se han debilitado durante los últimos años, no solo porque no se invierten los recursos necesarios, sino también porque hay sesgos bastante conservadores y burocráticos”, indica.
Organizaciones son obligadas a cerrar “voluntariamente”
Las clausuras de estas organizaciones, muchas de estas de “forma voluntaria” según el MINT, también alarman ante la posibilidad de que más organismos disuelvan sus asociaciones. Pues, con la disolución voluntaria de sus miembros evitan que el régimen Ortega-Murillo confisquen sus bienes.
“Las pocas organizaciones que quedan tienen dos opciones: la primera es tratar de cumplir con los requisitos cada vez más inalcanzables que impone el Ministerio de Gobernación, ahora llamado Ministerio del Interior, y la segunda es disolverse voluntariamente”, indica Quirós.
“El camino más factible va a ser la disolución voluntaria porque eso les va a permitir tomar decisiones sobre sus bienes, y no verse sometidos a la intervención directa del Ministerio del Interior, el cierre de cuentas bancarias y otra serie de acciones por parte del Gobierno que terminan siendo una agresión constante”, añade.
Con toda evidencia, estas disoluciones voluntarias responden a la presión y criminalización del régimen Ortega-Murillo contra los organismos sin fines de lucro, y su carácter es totalmente coaccionado y no voluntario, como aseguran los comunicados del MINT, agrega Blandón.