Acusan al régimen Ortega-Murillo por 10 desapariciones forzadas

El informe presentado por la organización de derechos humanos analizó documentación disponible y entrevistó a familiares de diez personas cuyo paradero es ocultado por el gobierno. “La desaparición forzada es un crimen de derecho internacional y es, además, una de las más graves violaciones a los derechos humanos debido a su carácter pluriofensivo”, asegura AI.

Ana Margarita Vijil en una entrevista con medios de comunicación antes de ser desaparecida. Miguel Andres | Divergentes.

Para Amnistía Internacional (AI), la desaparición forzada es una práctica que ya forma parte del “repertorio de tácticas represivas que las autoridades han implementado para silenciar cualquier crítica o voz opositora”. Así ha dejado constancia en su más reciente informe sobre Nicaragua divulgado este miércoles, en el que se aborda la escalada represiva del gobierno. A través de un análisis, entrevistas y documentación legal, la organización que defiende los derechos humanos identificó al menos 10 casos que cumplen con las características internacionales de este delito.

Estas personas forman parte de la treintena de presos políticos que el régimen ha capturado desde el 28 de mayo, en una nueva etapa represiva ejecutada a las puertas del proceso electoral que en el país se realizará el siete de noviembre, y en el que la pareja gobernante refrendará su permanencia. Los detenidos son líderes opositores, defensores de derechos humanos, activistas, opinadores políticos, empresarios, trabajadores, campesinos y estudiantes. 

Amnistía Internacional determinó que en los casos de Daysi Tamara Dávila, Miguel Mendoza, José Pallais, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Félix Maradiaga, Ana Margarita Vijil, Violeta Granera, Jorge Hugo Torres y Dora María Téllez las autoridades no han revelado la ubicación exacta de los detenidos. 

“En la mayoría de los casos, la única información recibida sobre su posible ubicación ha sido brindada debido a la insistencia de los familiares, de manera verbal y por agentes policiales que se encuentran en la portería de la Dirección de Auxilio Judicial Complejo Policial Evaristo Vásquez (DAJ), conocida como el ‘Nuevo Chipote’”, asegura el informe. 

Un “crimen de derecho internacional”

Con esto, el Estado nicaragüense está violando una serie de instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH o Convención Americana) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), incluyendo el derecho a la vida, la libertad e integridad personal. De hecho, el país es parte de dichos acuerdos. 

La organización llegó a estas conclusiones tras estudiar los elementos constitutivos que contempla la desaparición forzada, como son “la privación legal o ilegal de la libertad de una persona; la intervención directa de agentes estatales o de agentes que, sin serlo, cuentan con la aquiescencia o tolerancia de aquellos, y la negativa de reconocer que la detención tuvo lugar, o la negativa de revelar la suerte o paradero de la persona privada de libertad”.

“Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana o Corte IDH), una de las características de la desaparición forzada, a diferencia de la ejecución extrajudicial, es que conlleva la negativa del Estado de reconocer que la víctima está bajo su control o la negativa de proporcionar información sobre la suerte de la persona, con el propósito algunas veces de generar incertidumbre acerca de su paradero, vida o muerte, de provocar intimidación o la supresión de derechos”, explica Amnistía Internacional.

Estas características están presentes en los casos de las personas privadas de libertad que el régimen Ortega-Murillo ha capturado en la más reciente etapa represiva, según denuncian sus familiares. Los 10 casos expuestos por Amnistía Internacional comparten la peculiaridad de que ninguno de los detenidos ha sido presentado por las autoridades. La Policía Nacional ha informado de las detenciones, mientras que el Ministerio Público solicita a los jueces extender el plazo de investigación a 90 días, de acuerdo a la reforma al Código Penal realizada por el orteguismo a inicios de año.

“Si bien en los casos analizados las autoridades nicaragüenses han confirmado públicamente  que tienen bajo su custodia a las personas detenidas, este reconocimiento resulta a todas luces insuficiente”, señala la organización. Además, reiteró que el no revelar la ubicación exacta de los detenidos constituye otra violación al derecho internacional. 

Al ser esta práctica prolongada, “puede facilitar la comisión de torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes e incluso constituir en sí misma un trato de esa naturaleza”, sigue el documento.

Familiares han interpuesto recursos

Félix Maradiaga fue arrestado por la Policía Nacional minutos después de comparecer ante el Ministerio Público a una citatoria. Miguel Andrés | Divergentes.

Nueve de diez representantes legales de los detenidos interpusieron recursos de exhibición personal, pero la respuesta de los jueces fue que se invocó una audiencia de garantías constitucionales, por lo cual dicho amparo no era procedente. “En todos los casos, los recursos de exhibición personal presentados han resultado inefectivos para lograr el fin por el cual fueron consagrados, que es verificar la situación legal de la persona y su paradero”, detalla Amnistía Internacional.

Fueron presentadas más de 40 solicitudes, peticiones y recursos ante diferentes autoridades, a quienes se les solicitó acceso a los expedientes, revisión médica para los detenidos, entrevistas con sus abogados, visita familiar, libertad inmediata, entre otros. Las autoridades no han accedido a ninguna de estas solicitudes. Más bien el gobierno mantiene un discurso de criminalización hacia los detenidos, tachándolos de golpistas y traidores a la patria. 

Con las nuevas detenciones hubo un despliegue de propaganda que, según expertos, contenían discursos de odio. Las páginas en redes sociales del gobierno difundieron videos y carteles en los que se tachaba de “traidores” y “golpistas” a los detenidos. En algunos casos, se circularon órdenes de detención antes de haber sido ejecutadas, como se pudo constatar en el operativo contra el jurista José Pallais, un opositor integrante de Coalición Nacional cuya captura fue presentada como “trofeo” por el comisionado leonés Fidel Domínguez.  

La organización de derechos humanos pide en su informe poner fin a los hostigamientos que el gobierno ha ejecutado en los últimos meses, y dar cuenta del paradero de los detenidos. “La única certeza que tienen las familias sobre el paradero de las personas detenidas es que se encuentran bajo la custodia estatal; por lo tanto, las autoridades están obligadas a brindar una explicación clara, satisfactoria y convincente sobre su paradero”, concluye.

Siga leyendo: